En la década anterior en toda Europa los partidos de ultraderecha, que hoy son la tercera familia política en el Parlamento Europeo, fueron ganando terreno poco a poco al calor de la crisis económica y la ola migratoria. En algunos países han llegado incluso al poder o son la segunda fuerza. España parecía un oasis, ya que hasta la irrupción de Vox en diciembre del 2018 en Andalucía era la excepción y estaba libre de este fenómeno que poco después llegó también al Congreso de los Diputados. En el Parlament de Catalunya esa circunstancia se produjo por primera vez en la anterior legislatura, en el 2021, cuando la formación de Santiago Abascal logró representación. En la presente ha aparecido además un nuevo actor que se encasilla en esos mismos parámetros, la formación soberanista y xenófoba Aliança Catalana.
Hace una década, los expertos, al abordar este asunto a escala europea, ya avisaban que no se sabía cuál es el techo electoral de estas formaciones políticas, pero daban por hecho que sí había un suelo y que no desaparecerán de un día para otro. También remarcaban que no hay fórmulas mágicas para hacerles frente, que los cordones sanitarios –hoy ya inexistentes en muchos lugares– no son garantía ni una solución a largo plazo, que copiar sus políticas no es una buena idea porque “la gente prefiere el original a la copia” y advertían que estas formaciones tienen capacidad de marcar y condicionar la agenda política de los demás.
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Junts ha estado en el foco de la polémica esta semana al decidir no liderar una moción de censura para desalojar a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, del gobierno municipal de Ripoll. Hubo distintos motivos que inclinaron la balanza. El hecho de que se creaba un gobierno con actores de distinto signo político –un “pacto Frankenstein”–, la posibilidad de que Orriols, que cuenta con el escaño en el Parlament como principal plataforma de proyección política y altavoz, se victimice –antes de que se conociera el desenlace ya se refería a la moción como “golpe de Estado”– y otro que no se publicitó y no es menor. Si la actual alcaldesa deja sus responsabilidades en el Consistorio, quedará liberada para campar a su antojo por la Catalunya rural, donde Aliança ha abierto en estos últimos meses agrupaciones locales y donde más puede crecer.
Quien más puede sufrir las consecuencias de la irrupción de Aliança es Junts –al PP, aunque ha pactado, le sucede lo mismo con Vox–, que comparte frontera de voto con esta formación y por ahora opta por intentar no dejarle ningún espacio y silenciarla. Para ello, por ejemplo, los posconvergentes abordan debates incómodos como el de la inmigración o el de la multirreincidencia, para que no prolifere el discurso de Aliança, sobre el que Carles Puigdemont advierte desde hace tiempo. “Desconfiad de las soluciones fáciles a los problemas complejos”, proclamaba en la campaña.
En la decisión de no respaldar la moción de censura en Ripoll pesaba también el hecho de que la líder de AC quedaba liberada
La situación de Ripoll la provocó Orriols al someterse a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos. Es un mecanismo para evitar el bloqueo en las localidades en las que no hay mayorías. Aunque la perdió, si en el plazo de un mes –vence mañana lunes– no se configura un gobierno alternativo, la alcaldesa se mantiene en el cargo y aprueba unas cuentas que tanto JxCat como ERC en algún momento estudiaron negociar.
En los días previos a conocerse el desenlace, fuentes de Junts apuntaban que el escenario era malo fuere cual fuere el resultado: si se expulsaba a Orriols, salía ganando, y si permanecía, también. Este mismo sábado Orriols se jactaba de que todo el mundo, aunque la etiqueten de “ignorante, racista, fascista o corta”, habla de ella. “Os tengo donde quería, hablando de Aliança Catalana 24 horas”, presumía en su cuenta de la red social X, una red en la que el partido tiene muy movilizados a sus simpatizantes y en la que ha obtenido réditos electorales según reconocen en la cúpula de la formación.
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Sea como fuere, la decisión de los de Puigdemont, en la que la cúpula del partido tuvo mucho peso, convenció a los concejales de la capital del Ripollès de que era la mejor vía, también suscita críticas en privado. Hay quien cree que aunque tan legítimo es desbancar a Orriols como no hacerlo, lo que no ha sido una buena idea es dar a entender en las semanas previas que la moción de censura podía prosperar. “Se tendría que haber dicho sí o no de entrada”, opina una fuente consultada, que sostiene que se hubiera evitado mucha polémica y además vaticina que en el 2027, pese a los reparos existentes hoy, puede haber acuerdos con Aliança en el ámbito local a excepción de Ripoll.
En JxCat hay quien vaticina que habrá debate sobre los pactos con los de Orriols en el ámbito municipal en el 2027
“El expresident Artur Mas dijo que había que hablar con ellos y lo que hizo fue abrir camino. Tarde o temprano habrá acuerdos, sobre todo si no pactamos con el PSC”, opina esta fuente. “Todos los consejos son bienvenidos, pero la política de pactos de Junts la decide Junts”, se apresuró a responder entonces el secretario general, Jordi Turull, al expresident, que diferenció “hablar” de las “estrategias conjuntas”.
Las palabras de Mas no son aisladas. Otros actores que orbitan en el entorno de Junts, como el presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, o el flamante presidente del Consell de la República, Jordi Domingo, han sido criticados, como Mas, por no poner líneas rojas a Aliança en sus organizaciones.
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Otra fuente consultada apunta que el debate que se produjo en el penúltimo congreso de Junts sobre los pactos electorales con los socialistas en el ámbito municipal se repetirá dentro de dos años con Aliança como posible pareja de baile en algunos lugares de la Catalunya interior.
Sin embargo, dirigentes de Junts señalan que la dirección no está por abordar ese debate a día de hoy en ningún caso y tampoco antes de los próximos comicios municipales, puesto que “hasta el 2027 queda una eternidad” y la estrategia es otra: no dejar espacio a la formación de Orriols como se hizo en su día con Plataforma per Catalunya en Vic, por ejemplo, con el alcalde de Convergència i Unió Josep Maria Vila d’Abadal.
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Un dirigente consultado remarca que lo que hay que hacer es “no dejar que Orriols se victimice y no dejar que quede libre”. “Y que se desgaste”, añade. Para ello, prosigue, es preciso apoyar a los concejales de Ripoll con todos los recursos necesarios para una “oposición frontal”. Además, aboga por presentar el mayor número posible de listas en toda Catalunya y escoger en el 2026 a los mejores candidatos. “Después ya se verá”, concluye, sin dar pie al debate sobre qué hacer dentro de dos años.
Otro dirigente destacado alerta de que, aunque hay frontera de voto, el discurso de Orriols sobre los migrantes atenta contra la dignidad humana. “Aliança representa un populismo determinado que más allá de un discurso xenófobo no sabemos qué desarrollan en otros ámbitos”, señalaba el vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, en una entrevista reciente con este diario. “Es monotema y representa un riesgo muy importante para el independentismo”, añadía.
En el apartado de críticas también se apunta que se ha dejado en una situación delicada a los concejales de Ripoll ante las otras fuerzas opositoras, por mucho que la dirección del partido ahora les prometa todo el apoyo del mundo. Quien las formula también tiene objeciones sobre el cordón sanitario del Parlament –permite la victimización de la dirigente xenófoba y que gane votos a costa de Junts, argumenta esta fuente– y desdeña la reforma del reglamento del inicio de la legislatura que ha dado más tiempo y visibilidad a Orriols. Junts la respaldó a cambio de introducir el voto a distancia. Otras fuerzas la idearon para que la CUP no compartiera el grupo mixto con Orriols. Nadie hace autocrítica en público.
Crece la animadversión hacia la inmigración entre los votantes de Junts en el último año
En todo este asunto hay un dato que no es menor. En una encuesta reciente del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) se destaca que los votantes de Aliança (100%) son los más proclives a vetar la entrada de inmigrantes en Catalunya. Los votantes de Junts (67,4%) son los terceros, por detrás de Aliança y Vox (85,7%), que más respaldan esa tesis, según el sondeo. El PP les sigue de cerca en cuarta posición (64,9%). Con todo, JxCat es el partido donde más crece el respaldo a esa idea en el último año, con casi 20 puntos más que en el 2023, cuando Junts y PSC (hoy 50,2%) estaban a la par, en un porcentaje del 48,3%.
