El PP y Junts se están entendiendo en la reforma fiscal. Ambos partidos mantienen negociaciones avanzadas para volver a poner una zancadilla en materia impositiva al Gobierno en la votación definitiva del proyecto de ley, que llega hoy al Congreso. En concreto, los dos grupos han negociado la posibilidad de aprobar una enmienda que derogaría el gravamen a las grandes energéticas y, por tanto, podría hacer imposible la intención del Ejecutivo central y sus socios de izquierda de prorrogarlo durante el 2025.
Se trata de la enmienda número 54, que el pasado martes fue aprobada en el Senado. La planteó el PP. En la iniciativa se puede leer que “se deroga” el gravamen energético. Es decir, lo que proponen los populares es anular, desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, la figura que afecta a grandes compañías como Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa o Moeve, entre otras, y que este año recaudó más de 1.100 millones. Junts se abstuvo en la votación de todas las enmiendas planteadas por el PP en la Cámara Alta, incluida esta, y el PNV también lo hizo, aunque solo en dicha iniciativa.
El Gobierno pactó ayer con ERC, Bildu y BNG prorrogar el gravamen a las energéticas por decreto
No obstante, fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan que el grupo catalán podría aprobar la enmienda en la votación definitiva de hoy. Oficialmente, Junts prefiere no desvelar el sentido de su voto. Con el apoyo de Vox, la enmienda sumaría los apoyos suficientes para superar el trámite parlamentario.
La maniobra podría provocar, según las mismas fuentes, que el Gobierno se quedara sin margen para prorrogar el gravamen energético en vigor, que estaría derogado, en principio, antes del 31 de diciembre, y, por tanto, no habría opción de ampliarlo un año más a través de un real decreto. Cabría la posibilidad de mantener la figura energética a través de un proyecto de ley o proposición de ley, pero ambos son inviables de aprobar a falta de unos días para finalizar el ejercicio.
Hacienda, que conoce estas intenciones de los grupos conservadores, duda del recorrido legal de la iniciativa. De hecho, el ministerio celebró ayer una reunión con algunos socios de investidura. De ese encuentro salió un acuerdo con ERC, EH Bildu y BNG para “aprobar antes de fin de año el real decreto para prorrogar el gravamen a las energéticas en el Consejo de Ministros”, según anunciaron los partidos nacionalistas y confirmó el Gobierno. La jugada del PP, para la que espera contar con el sí de Junts, impediría al Gobierno prolongar el gravamen, ya que habría dejado de estar en vigor.
Sin embargo, en cualquier caso, ese decreto de prórroga necesitaría la convalidación en el Congreso a lo largo del mes de enero y fuentes del Gobierno ya avanzaban ayer que veían muy complicado lograr el apoyo de Junts y PNV. Pese a todo, en el inminente decreto se incluirán bonificaciones a proyectos renovables propuestas por Junts.
El acercamiento del PP a Junts o de Junts al PP, según se mire, porque es un camino que tanto unos como otros dicen no querer recorrer, se aceleró el martes con la votación de la reforma fiscal en el Senado, bajo los auspicios del vicesecretario de economía de la ejecutiva popular, Juan Bravo.
Según Feijóo, los de Carles Puigdemont han demostrado más coherencia al defender su programa económico que el PNV
Según Alberto Núñez Feijóo, los de Carles Puigdemont han demostrado más coherencia al defender su programa económico que el PNV, por lo que el presidente del PP, en conversaciones informales con los periodistas en la copa de Navidad, ayer se mostró a la expectativa de poder propinar en el Congreso un nuevo varapalo al Gobierno de la mano de Junts.
El PP vio con buenos ojos las enmiendas que apoyó de Junts, que afectan a la rebaja del IVA a los alimentos fermentados (yogures) y las cotizaciones de los clubs deportivos. En cuanto al impuesto energético, Feijóo se preguntó cómo le va a explicar el PNV a la industria vasca que no quiere bajar el recibo de la luz a las empresas y describió como “una crónica y no una crítica” que el PNV se ha convertido en un aliado estructural del Gobierno mientras Junts “cumple su programa económico”.
Una recaudación de 2.800 millones
El gravamen extraordinario a las empresas energéticas que podría decaer en los próximos días ha recaudado 2.808 millones en los dos años que ha estado en vigor. En el ejercicio del 2023 reportó a las arcas públicas 1.644 millones y en el presente ha generado ingresos por 1.164 millones, según informó Hacienda. Los pagos se realizaron teniendo en cuenta los resultados obtenidos por las grandes empresas del sector en el año previo. El Gobierno explicó que tanto las energéticas como los bancos “acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal”. Aunque el ministerio lo configuró como una “prestación patrimonial de naturaleza no tributaria”, las compañías recurrieron judicialmente el gravamen, cuestión que aún está pendiente de dilucidar. La batalla, por tanto, no finaliza con la reforma fiscal. De forma paralela, el PSOE sí consiguió pactar con Junts la transformación del gravamen temporal a las entidades financieras en un impuesto específico durante los próximos tres años. Esta figura fiscal no ha formado parte de las conversaciones de última hora del grupo catalán con el PP. Estas entidades financieras han tenido que liquidar 2.958 millones por este gravamen en los últimos dos años.