El diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos quiso utilizar las instalaciones del Congreso de los Diputados para anunciar que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haberle investigado ilegalmente.
Veinticuatro horas después de que el juez del Tribunal Supremo que le investiga solicitara un suplicatorio a la cámara baja para levantar la inmunidad parlamentaria a su aforado y proceder formalmente contra él, Ábalos ha pasado al contraataque.
En su comparecencia, además de relatar los detalles de la denuncia, ha instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que averigüe si ha habido una investigación fuera de los cauces legales y ha puesto el foco en el pacto entre la Fiscalía Anticorrupción y el empresario Víctor de Aldama para ir contra el Gobierno.
Ábalos denuncia que miembros de la UCO, cuando ya estaban investigando a su exasesor Koldo García, descubrieron por una intervención telefónica que éste le iba a entregar una documentación que le haría llegar su hermano Joseba a su domicilio de Valencia.
Al ser conocedores de ello, y tal y como consta en el sumario judicial del denominado 'caso Koldo', simularon un control policial para inspeccionar el coche de Joseba García y fotografiar los documentos que llevaba consigo el 4 de noviembre de 2023. Después, le siguieron hasta el domicilio de Ábalos, donde les fotografiaron.
Según Ábalos, sabedores que él es diputado y por tanto se encuentra aforado y no existía ningún mandato judicial para investigarle, ese suceso sería delictivo.
Pide a Grande-Marlaska que lo investigue
Por eso, insta a Grande-Marlaska a que le diga si ha sufrido una investigación ilegal. Según ha explicado en rueda de prensa, hasta en dos ocasiones ha hecho la pregunta formal a través del Congreso de los Diputados para que el Ministerio del Interior le informe si ha existido alguna investigación policial sin control judicial. Según Ábalos, en las dos ocasiones ha obtenido la misma respuesta: que la policía judicial actúa por mandato judicial.
En la denuncia, Ábalos sostiene que “los hechos son de suma gravedad, por cuanto, vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones dado que yo era el destinatario de dicha documentación y nunca consentí el que se abriera dicha documentación”.
Según indica, la correspondencia privada solo puede ser abierta por terceras personas cuando exista de forma “inequívoca” el consentimiento del destinatario, o bien, autorización judicial. “Los investigadores realizaron la apertura de la correspondencia privada dirigida a un aforado, sin tener en consideración la protección que la Constitución y la ley procesal otorga a la apertura de la correspondencia privada del aforado”.
Según la tesis de Ábalos, esta vulneración de las comunicaciones ha tenido la trascendencia de imputarle graves delitos, “por tanto, no se puede entender que la actuación arbitraria, realizada en la detención y apertura de la documentación de la cual yo era destinatario, en mi condición de aforado, como simplemente un daño colateral”.
Niega ningún pacto con el Gobierno, PSOE ni Koldo García
En su comparecencia en el Congreso, el diputado del grupo mixto -tras su expulsión del PSOE- ha subrayado que no se pueden normalizar cosas “intolerables” como interceptar documentados de una persona aforado sin autorización judicial.
“El operativo se montó para hacerse con una documentación. Otra cosa es que fuera decepcionante el contenido de ésta porque eran documentos de acceso público. Da igual lo que hubiera, es el hecho lo que cuenta”, ha indicado.
Respecto de la investigación en la que está incurso, Ábalos ha dicho a preguntas de los periodistas que se encuentra muy tranquilo y que estaría dispuesto a someterse voluntariamente a una investigación patrimonial porque no tiene ningún enriquecimiento. “Todo el mundo sabe cómo vivo”, ha puntualizado.
Por otro lado, ha negado que tenga ningún pacto en la defensa judicial con su exasesor Koldo García, ni con el Gobierno ni el PSOE, respecto de quienes ha asegurado no tener ningún contacto.
Sin embargo, sí que ha puesto la lupa en las razones por las que Anticorrupción ha hecho un pacto con el empresario Víctor de Aldama para “incriminar” a miembros del Gobierno.