La imprenta del BOE es de Puigdemont

Acabamos 2024 como lo empezamos: nosotros el BOE, ustedes el bulo. Así despidió Pedro Sánchez el año parlamentario ayer en el Congreso, en alusión directa a Alberto Núñez Feijóo. Es una frase ingeniosa para el uso en el hemiciclo. Sólo que dice entre poco y nada de la compleja realidad política del presente. Ni el gobierno está en condiciones de publicar en el BOE todo lo que quisiera, dada la endeblez y precariedad de sus apoyos en el Congreso, ni todo lo que sale por boca de la oposición puede despacharse despectivamente como fango y bulos, como demuestra la intensa agenda judicial de estos días en la capital de España.

Las cosas no están como estaban, por mucho que diga Sánchez. En esta legislatura, ¡haber pedido muerte!, todo pasa por Waterloo. Y desde allí ha certificado Carles Puigdemont en tres intervenciones en una semana, la última en TV3, que tiene la firme intención de hacerle subir los colores al presidente del Gobierno debatiendo sobre la necesidad de someterlo a una moción de confianza en el Congreso.

El problema de Sánchez está en que no negoció un seguro de legislatura

El órdago es a la grande: o se habla de eso en la carrera de San Jerónimo o la legislatura española se va al garete. No sólo eso. Puigdemont, y también su hombre en Catalunya, Jordi Turull, han insistido en que no se dan ni siquiera las condiciones mínimas para negociar los presupuestos generales del Estado.

En román paladino: Sánchez tiene la cabecera del BOE, pero el botón que pone en marcha la imprenta está en manos de Junts. A Puigdemont, acostumbrado a jugar con fuego, parece no importarle la posibilidad de provocar finalmente un incendio encendiendo una cerilla tras otra.

Aun así, la opinión mayoritaria entre los expertos es que, suceda lo que suceda, con presupuestos o sin ellos, Pedro Sánchez seguirá adelante por los siglos de los siglos, amén. O sea, hasta 2027. Es realmente asombroso hasta qué punto se han alterado las reglas del sentido común democrático. Hasta el extremo de naturalizar y dar por bueno que un gobierno que no pueda aprobar el texto normativo más importante de cada ejercicio, la ley de presupuestos, puede seguir sin despeinarse al frente de sus responsabilidades sin tener que asumir que ya no goza de la confianza necesaria para liderar un país. Una cosa es estar, la otra gobernar. En la Moncloa se está para lo segundo y eso quiere decir aprobar presupuestos.

El problema de Sánchez está en el importe por el que negoció su investidura y que no incluía un seguro de legislatura. Compró caro y además sin saber el precio final. Un precio que difícilmente está en condiciones de afrontar porque además varía a cada negociación. Desde Waterloo se exige el cobro de las facturas vencidas y se amenaza permanentemente con enviar otras nuevas, mientras que Sánchez pide tiempo, paciencia y confianza para poner en orden su tesorería y saldar lo que le dicen que adeuda. No va a poder. Lo sabía Junts cuando firmó su acuerdo con el PSOE, igual que lo sabe ahora cuando exige su cumplimiento.

Viene ahora además a la fiesta el rejuvenecido Oriol Junqueras, al que no le conviene ser menos duro que Junts, más habiendo quedado acreditado que en su partido hay más de un cuarenta por ciento de militantes que preferirían verlo jubilado. En fin, que sí, que acabamos como empezamos, como dice Sánchez, pero un poquito peor. No en lo que atañe al ambiente, que sigue siendo el mismo, pero sí en lo referente a las posibilidades reales de la legislatura desde el punto de vista práctico y legislativo.

No podemos resistirnos a un apunte final, aunque para ello debamos echar mano de un brusquísimo giro argumental sin ton ni son. Nos referimos al auto de la Audiencia de Barcelona que obliga al juez Joaquín Aguirre a archivar ya sin demora la causa rusa del procés , no sin antes señalar que algunas de sus decisiones son directamente un “fraude de ley”. Llegados a este punto, y aunque el susodicho tenga previsto jubilarse en enero, la pregunta sin respuesta es la siguiente: ¿Hasta dónde ha de llegar un juez para ser acusado de prevaricación?