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La relación entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont ha pasado por todos los estadios posibles. Ambos viven la política de forma apasionada, pero son muy distintos. Seguro que cada lector haría su propio perfil de ellos, pero podría decirse que el presidente del Gobierno es un dirigente sumamente pragmático, que utiliza todos los recursos a su alcance para alcanzar sus objetivos. Si considera que estos valen la pena, no duda en cambiar de opinión o plantear concesiones en una negociación que antes parecían imposibles. La ley de amnistía es un claro ejemplo. El ex presidente de la Generalitat, en cambio, es un idealista, con convicciones de escasos matices y quizá menos dúctil a la hora de ceder ante la otra parte, aunque él seguramente considere que es un buen negociador. Ambos son capaces de recurrir a vías inesperadas para seguir adelante con sus propósitos. Los dos creen que el otro es poco de fiar.
En efecto, Sánchez y Puigdemont tienen en común una capacidad innegable para inventar salidas inesperadas a situaciones de bloqueo. El socialista, por ejemplo, descolocó a todos con el adelanto de las últimas elecciones generales que le llevó de nuevo a la Moncloa. En el caso del independentista ya dio muestras de su inventiva cuando, al dejar la alcaldía de Girona para presidir la Generalitat, quiso que le sustituyera en la ciudad el número 18 de la lista y obligó al resto a renunciar a su escaño. Las jugadas de Puigdemont son quizá de mayor efectismo mediático, como la incursión de unas horas en Barcelona el pasado verano, cuando todo el mundo pensaba -porque así lo había dejado entrever él mismo- que se entregaría.
Valga esta introducción sobre la manera de practicar la política de ambos líderes para situar la negociación que se abre en los próximos meses entre el PSOE y Junts. No se trata solo de dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado. Los socialistas podrían prorrogar los actuales y ahorrarse unas concesiones a sus socios que desgastan mucho su imagen. Pero Sánchez se ha propuesto dejar claro que piensa llegar hasta el 2027 y los Presupuestos darían un innegable impulso político al Gobierno, además de propinar un golpe para su rival, Alberto Núñez Feijóo, a quien los socialistas esperan que se le haga muy larga la travesía.
La “amnistía política” incluye, para Junts, proporcionar escolta a Puigdemont y encuentros con Illa o el propio Sánchez
Por tanto, si a Sánchez se le ha metido entre ceja y ceja el hito de los Presupuestos, no va a escatimar esfuerzos para conseguir el apoyo de sus aliados y Junts es uno de los más difíciles de convencer. Puigdemont ya ha dado muestras estos días de que no considera que el PSOE esté cumpliendo con sus compromisos. Las materias que pueden desbrozar el camino son múltiples: el posible acuerdo sobre el traspaso a Catalunya de la competencia en inmigración, algún avance en el reconocimiento del catalán en Europa, el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, la financiación de las infraestructuras o de la deuda catalana… Pero también hay otros posibles ámbitos para el entendimiento con Puigdemont, como el desbloqueo por parte del Ministerio del Interior del permiso para disponer de escolta en Bélgica. Para el líder de Junts no se trata solo de una cuestión de seguridad, sino de reconocimiento de su figura institucional como ex presidente de la Generalitat. Durante las negociaciones para la investidura de Sánchez, ya afloró esta cuestión y el ministro Félix Bolaños dijo en RAC1 que era algo factible, pero después ha quedado aparcada. Este punto forma parte de lo que en Junts llaman la “amnistía política”. Es decir, mientras la justicia frene la aplicación de esa ley, el Gobierno debería actuar como si se hubiera puesto ya en práctica.
Puigdemont reclama a los socialistas que apliquen la “amnistía política”. Y eso incluye también que se le trate como cualquier actor político que, además, tiene la llave de la gobernabilidad en España. De ahí que la cúpula de Junts esté muy molesta con Salvador Illa por no incluir a Puigdemont en su ronda de reuniones con los ex presidentes de la Generalitat. El líder del PSC se ha resistido hasta ahora a verse con Puigdemont y en este momento solo se plantea hacerlo si es conveniente para los intereses de Sánchez. Illa no quiso hacerlo sin obtener nada a cambio, algo que los de Junts tienen clavado como un desaire.
¿Podría acudir Sánchez a Bélgica para entrevistarse con el ex president? Es algo que se contempla en la Moncloa. Pero solo si existen garantías de que Junts votará los Presupuestos y que, por tanto, se abre un antes y un después en la legislatura. El acuerdo de investidura de Sánchez se cerró después del encuentro del número tres del PSOE, Santos Cerdán, con el ex president en Bélgica. Aquella imagen fue un primer paso para la consideración de Puigdemont como actor político plenamente normalizado, a pesar de la causa en su contra aún abierta en el Tribunal Supremo. Hasta ahora Sánchez había mantenido que se vería con Puigdemont una vez amnistiado, pero con un apoyo a los Presupuestos garantizado y la ley de amnistía ya en el Constitucional (el Gobierno cree que en verano podría llegar la resolución y se aplicaría de inmediato) se abre la puerta a esa fotografía de gran simbolismo político.
La foto de Sánchez con Puigdemont podría incluir un pronunciamiento nítido del presidente del Gobierno en favor de la amnistía. La propia imagen enviaría el mensaje de que, para el Gobierno, Puigdemont está amnistiado, aunque los tribunales aún no permitan que la ley se ejecute. Es la “amnistía política” que reclama Junts. Pero esa foto no se producirá gratis. Los socialistas fueron muy críticos con Yolanda Díaz cuando acudió a reunirse con Puigdemont en Bélgica antes de negociarse la investidura del presidente del Gobierno por considerar que fue un gesto sin contrapartidas.
Si no hay debate sobre la cuestión de confianza, Junts dará por finiquitada su relación con los socialistas
Para que todo eso se pueda hacer realidad, debería despejarse el actual panorama lleno de nubarrones. Puigdemont ha lanzado un serio aviso a Sánchez al presentar una iniciativa en el Congreso para que se discuta si el presidente debe someterse o no a una cuestión de confianza. La primera reacción del PSOE fue minimizar la amenaza y frenar la iniciativa en la Mesa del Congreso, pero Junts advirtió que, en ese caso, se rompía la baraja. Puigdemont dijo el martes en TV3 que eso llevaría la legislatura española al “colapso”. ¿Qué significa eso? Puigdemont no solo no aprobaría los Presupuestos, sino que se alinearía con la oposición en las votaciones relevantes. Ya lo está haciendo con el PP en varios temas económicos, como la política fiscal. No se trata de apoyar una moción de censura con el PP y Vox. Pero sí de provocar una situación de bloqueo intermitente que daría a la legislatura un carácter agónico y que impediría a la izquierda estar en condiciones de competir en las próximas generales.
Ante la amenaza, el PSOE ha chutado el balón a enero, cuando decidirá si se hace o no ese debate sobre la cuestión de confianza. Pero Junts lo tiene claro: si no hay debate, se acabó la partida y no entrará a discutir nada más con los socialistas. El debate acabaría en una votación que perdería el Gobierno. Una votación por la que se pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. (Cuando se pierde una cuestión de confianza, el presidente debe dimitir y se tiene que votar otro o bien hay elecciones). Sería una especie de moción de censura encubierta, sin consecuencias jurídicas. Así que el PSOE tiene por delante un mes aproximadamente para mover ficha y evitar ese escenario.
Sánchez y Puigdemont se conocieron cuando el socialista aún era el jefe de la oposición y el entonces convergente ya ocupaba el Palau de la Generalitat. Fue el 15 de marzo del 2016. Hablaron del referéndum que tendría lugar al año siguiente y Sánchez propuso como alternativa un cambio de la Constitución y del Estatut. Se volvieron a ver en secreto justo después de los atentados yihadistas de agosto del 2017. En ambos casos la relación fue cordial. Por el camino se han dicho de todo según el momento. “La palabra de Puigdemont vale lo que vale su declaración de independencia”, decía Sánchez, que incluso prometió traerlo a España para ser juzgado si ganaba las elecciones del 2019. “Pagar por adelantado a un tío al que no comprarías ni un coche de segunda mano es un deporte de riesgo”, opinaba Puigdemont. Pero la política evoluciona. El post procés ha propiciado que Sánchez, pese a su exigua mayoría, pueda gobernar con el apoyo de Junts. Veremos si consigue que siga siendo así.
Punto y aparte
El acercamiento de Junts al PP y los empresarios ante la jornada laboral
Algunos dirigentes de Junts protestan cuando se sitúa a este partido en el centro derecha. En su opinión, la formación acoge sensibilidades socialdemócratas que también se reflejan en sus votaciones, tanto en el Congreso como en el Parlament. La tendencia de situar a Junts más a la derecha se produce por las buenas relaciones entabladas con las patronales catalanas después del procés, en especial con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que también es vicepresidente de la CEOE.
Pero esta semana el líder de UGT, José María Álvarez, acudió a Bélgica para abordar la reducción de la jornada laboral con Carles Puigdemont. El ex president estaba muy molesto con los sindicatos porque no quisieron ir a verle durante la campaña electoral de las catalanas, al contrario que otras organizaciones sociales. Álvarez tenía previsto ir a Bélgica desde febrero, pero al adelantarse las elecciones en Catalunya, prefirió dejarlo para después.
Cuando se vieron Yolanda Díaz y Puigdemont, la vicepresidenta y entonces líder de Sumar le planteó que apoyara políticas sociales de izquierda, consciente de que entre Junts y el PNV se podían bloquear iniciativas del bloque progresista. Díaz se fue de Bélgica convencida de que la cita había ido bien, pero Puigdemont y su partido se han distanciado mucho de Sumar y Podemos. Y en los últimos tiempos se han producido contactos entre Junts y el PP que han propiciado iniciativas conjuntas en el Congreso de contenido económico.
La posición de Junts sobre la reducción de la jornada laboral será clave, ya que los empresarios están en contra, pero es una reclamación mayoritariamente apoyada por los trabajadores. UGT y CC.OO. cuentan, además, con más del 80% de sus afiliados en Catalunya y ya han dejado claro que habrá movilizaciones si no se aplica. Sumar quiere que el Consejo de Ministros la apruebe ya y se tramite cuanto antes en el Congreso, mientras que el PSOE da algo más de largas. En cualquier caso, el asunto llegará a votación en la primera mitad del 2025. Si la política española no da sorpresas por el camino.
El punto de inflexión de Junts
