Semana complicada para el Gobierno de Pedro Sánchez que se enfrenta hoy a la declaración de Víctor de Aldama —que ha llegado alrededor de las 9.30 horas al juzgado acompañado de Daniel Esteve, líder de Desokupa—, mañana a la de Koldo García, y el miércoles debe declarar su esposa Begoña Gómez. A esto se le ha de añadir que en el caso de corrupción que presuntamente salpica al Ejecutivo, la Fiscalía Anticorrupción no dio credibilidad a las explicaciones ofrecidas este viernes por el exministro y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ante el juez. En líneas generales, el exsocialista responsabilizó de toda gestión y relación con el empresario Víctor de Aldama a su exasesor Koldo García. Sin embargo, fue una voladura controlada, porque aunque puso la figura de García en el epicentro, le exoneró de cualquier acto ilícito.
El empresario Víctor de Aldama (i) baja del coche conducido por el líder de Desokupa, Daniel Esteve
Fuentes fiscales indican que la línea de defensa de Ábalos tirando balones fuera le aleja de cualquier signo de credibilidad. El exministro llegó a desvincularse de cualquier contrato firmado desde el Ministerio de Transportes o empresas públicas vinculadas a este como Adif o Puertos del Estado. El entonces ministro intentó convencer al juez y a la Fiscalía de que los contratos firmados con Soluciones de Gestión, y que le reportaron contratos de hasta 54 millones de euros, por mascarillas en plena pandemia fueron organizados y firmados por escalones inferiores dentro del ministerio o incluso directamente por su asesor.
El martes se sabrá si el exasesor de Ábalos va a asumir parte de la responsabilidad para salvar al exministro
Koldo García era, según la versión de Ábalos, quien lo manejaba todo tanto en el ministerio como en su vida personal, hasta tal punto que dejaba en sus manos dónde vivía la mujer con la que mantenía una relación sentimiental, cómo lo pagaba, la compra de su teléfono móvil o su puesto de trabajo en alguna empresa vinculada al ministerio. Todo eso lo hacía Koldo García, pero sin su conocimiento ni intermediación.
El presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, ha llegado este lunes puntual a su cita ante el Tribunal Supremo, donde está citado para declarar como investigado después de acusar en varias ocasiones al exministro de Transportes José Luis Ábalos de cobrar comisiones.
La defensa del exasesor escuchó esta versión y se quedó en silencio. No hizo ninguna pregunta durante el interrogatorio que se celebró ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Fuentes de la investigación lo interpretan como una defensa conjunta o por lo menos un pacto de no agresión entre quienes fueron uña y carne durante al menos tres años, hasta que en el 2021 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, echó a Ábalos del Ejecutivo y del equipo de decisión del PSOE y, consecuentemente, a Koldo García.
Para el fiscal, el contrato por un piso por 1,9 millones de euros era un acuerdo Ábalos-Aldama
Este martes es el turno del exasesor ante el juez, y esta incógnita quedará resuelta. Ambos tenían dos opciones. Ábalos ya ha dejado claro cuál ha sido la suya. Después de que Aldama haya decidido llegar a un pacto con Anticorrupción para confesar el pago de comisiones, tanto en dinero en metálico como con el pago a través de casas y pisos a cambio de su libertad, los dos hombres que dirigían Transportes podían reconocer los hechos e intentar lograr una rebaja de penas o negar la mayor. Ábalos ha optado por la segunda con muy poco éxito a ojos de la Fiscalía y el juez. Koldo García tiene su oportunidad el martes, aunque todavía se puede llevar más sorpresas antes de su declaración.
El instructor interroga hoy a Aldama. Todavía no había declarado frente a este magistrado. Se va a sentar para ratificar ante Puente todo lo dicho hasta ahora, esto es, que pagó en total 400.000 euros a Ábalos y 200.000 euros a Koldo García; que le pagó un chalet en Cádiz; que pagó el alquiler de su novia y que firmó un contrato para la presunta venta de un apartamento en el paseo de la Castellana (Madrid) por valor de 1,9 millones de euros. Sobre este contrato, Anticorrupción da más valor a la versión de Aldama, quien aseguró que ese documento en realidad era como garantía de que Ábalos se comprometía a beneficiarle con una serie de contratos públicos a cambio de tal piso, es decir, un contrato fiduciario. Ábalos argumentó que su idea era comprar el piso, pero que al descubrir que estaba “ocupado” rompió el contrato. Estas fuentes indican que esta versión no encaja con la ofrecida en la misma declaración de que prácticamente no conocía de nada a Aldama, que había comido con él solo tres o cuatro veces y por intermediación de su exasesor y que la relación del empresario con el ministerio se debía, en todo caso, a su relación previa con Koldo García, ajena a él.
El juez ha apartado de la causa parte de las afirmaciones de Aldama hasta que sean comprobadas
Fuentes fiscales indican que la credibilidad a Aldama se le da en la medida que lo que ha reconocido de los pagos al exasesor ha podido ser corroborado con datos independientes a través de la investigación como su incremento patrimonial, entre otro indicios. Además, ven poco creíble que el empresario pagara al asesor y no a su jefe. Respecto de Ábalos, reconocen que no se ha podido tener la prueba fehaciente de los pagos, pero, sin embargo, consideran que Aldama está ofreciendo el contexto de cómo se pudieron producir. Sobre otros contratos públicos a los que se ha referido Aldama o sus relaciones con otros miembros del Gobierno, por ahora son afirmaciones que han quedado en barbecho hasta que la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil haga las comprobaciones pertinentes reclamadas por el juez.
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Begoña Gómez, de nuevo ante el juez
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, vuelve esta semana a declarar como investigada ante el juez de Madrid Juan Carlos Peinado sobre la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Es la tercera vez que Gómez acude a declarar y en ninguna de las dos ocasiones anteriores ha querido contestar a ninguna pregunta ni del juez ni de ninguna de las partes. La investigación a la esposa de Sánchez se inició en abril tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. A pesar de los intentos de su defensa por que se archive la causa, el instructor ha seguido adelante. Incluso su abogado se querelló contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación, querella que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este miércoles, Gómez acudirá de nuevo para declarar por los presuntos delitos de intrusismo y apropiación indebida en relación con el proceso de contratación de un software para el máster de la cátedra que codirigió en la Complutense, por una segunda querella interpuesta por el colectivo ultraderechista Hazte Oír que también ha sido admitida a trámite por el juez.
