El acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto es lo que María Dolores de Cospedal calificaría, un pacto en diferido. El anuncio, una vez superada la euforia de los protagonistas –la ministra Isabel Rodríguez por el Gobierno y Jordi Puigneró por Junts–, es una pista de aterrizaje para el relato de la recuperación de ambos gobiernos, pero también un vuelo con turbulencias de efectos desconocidos para las coaliciones de gobierno. Con un plan de diez años para la ampliación, sólo Aena avanza sin ambages y el viernes exhibía el nuevo cartel de la T2: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Un rótulo de letras de dos metros de altura y 115 metros de longitud. El vuelo ha sido lento… El consejo de ministros puso nombre de president al aeropuerto en diciembre del 2018...
Puigneró y Aragonès en la inauguración de la parada de Metro Ernest Lluch
La Generalitat acepta una inversión de 1.700 millones para en el aeropuerto – “faltaría más, nadie con sentido común lo rechazaría”–, y Madrid, sin debate alguno, otros 1.600 para Barajas, pero ya veremos cómo y cuándo porque no hay ni contrato en una servilleta. Eso sí, el vicepresident Puigneró mata dos pájaros de un tiro. Junts sale el paso de quienes sostienen que el partido de Carles Puigdemont sólo está por el “cuanto peor mejor” y acelera –para sorpresa del Govern– un acuerdo hacia el que se transitaba con más cautela de la demostrada en su anuncio. Turbulencias entre socios: Junts “marca un gol” a ERC en la apuesta por la recuperación. Y turbulencias dentro de Junts: Puigneró recupera perfil como referente en el Govern y ahuyenta los fantasmas cuestionando su papel de coordinador frente a la tradicional y obligada omnipresencia de la conselleria d’Economia, ahora en manos de Jaume Giró .
La cuestión política no es si se desea un mejor aeropuerto y más interconectado, sino la gestión de la decisión dentro de los partidos socios del Govern y sus consecuencias en la gobernabilidad de la legislatura de la mano de la CUP. ERC abandonó oficialmente el discurso del “independentismo mágico” el mismo día que Oriol Junqueras fue conducido a la cárcel de Extremera y ahora es Junts quien saca pecho por no dejar perder la inversión al más puro Convergència style . ERC gestiona el malestar local del Baix Llobregat con tiento, Pere Aragonès no pone el foco en el acuerdo, sino en la falta de concreción y el campo por recorrer; pero ha logrado acallar a los sectores económicos que habían convertido la propuesta de Aena y el plazo del 30 de septiembre en un arma arrojadiza contra su Govern.
Tras anunciarse el pacto, la CUP avisó a los negociadores de los presupuestos: Así, no
Pocas horas después del anuncio del pacto de El Prat desde la delegación de la Generalitat en Madrid, la conselleria de Economia era advertida por la CUP de las dificultades añadidas para apoyar el presupuesto. Las conversaciones habían arrancado con fluidez hasta tropezar con la pista del aeropuerto. Si la situación no se reconduce a base de mesas técnicas e institucionales para el plan director, cesiones por la izquierda y acuerdos nacionales por la autodeterminación, el “autonomismo” resultante es mayor del que los anticapitalistas están dispuestos a digerir.
La consigna en el Govern es “habrá presupuestos sí o sí” y se prevé presentar el anteproyecto de ley en la primera mitad de octubre. A finales de mes se reemprenderán los contactos con la CUP con la confianza de reconducir la situación y con los comunes fuera de juego por voluntad propia. No hay alternativa oficial a los anticapitalistas, pero si el plan B pasa por negociar con el PSC, se alteraría el tablero en el Parlament y los objetivos de la legislatura.
El panorama político puede cambiar antes de que se concrete el plan director de El Prat
Las incógnitas van más allá del presupuesto y se sitúan en el calendario y la hoja de ruta independentista. La tregua suscrita por ERC, Junts y CUP que tolera la mesa de diálogo entre gobiernos tiene un plazo de dos años antes de decidir si ho tornarem a fer y cómo. Es el mismo plazo que el president Aragonès se ha dado para evaluar sus apoyos parlamentarios con una cuestión de confianza, y donde están marcadas en el calendario las elecciones municipales y después las generales. El acuerdo para la ampliación de El Prat sitúa la aprobación del plan director en el 2024 y el inicio de las obras, en el 2025. ¿La competencia electoral entre ERC y Junts garantiza estabilidad? ¿La inversión relega otras demandas? ¿Se ejecutará si el conflicto político no se pacifica y no se mantiene en los límites de la Constitución? Las turbulencias están en el radar. La pericia de los pilotos está por ver...
EN PARALELO
Carolina Darias
El traspaso del MIR, está en la agenda pero... ¿se hará?
La contundencia de la ministra de Sanidad a la hora de negar el traspaso a Catalunya de la formación sanitaria especializada, incluido el examen de los médicos internos residentes (MIR), choca con el artículo 162.3d del Estatut, que reconoce la competencia compartida, y con el pacto de gobierno PSOE-Podemos. El acuerdo de coalición incluye literalmente el compromiso del traspaso de la formación sanitaria especializada, junto a las becas o el salvamento marítimo, entre otras materias. En la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se acordó recuperar las negociaciones con el MIR entre los primeros de la lista del Govern. La competencia está avalada por el Tribunal Constitucional y está en la agenda. Pero... “puede estar y no ser”. Las becas llevan así 20 años.
José Luis Escrivá
“La criatura de Escrivá”, otro acuerdo que no fue
En la Bilateral también se acordó “priorizar la vía de la negociación antes de interponer recursos” pero al día siguiente, en el Consejo de Ministros, se instaba a llevar al Constitucional otros dos decretos catalanes sobre vivienda agotados los plazos de negociación. Otro caso es el de la ley del Ingreso Mínimo Vital, que cuestiona la Generalitat. El traspaso de la gestión se incluyó en el pacto de presupuestos PSOE-ERC del año pasado: “Se prevé que Catalunya será el primer territorio en gestionar el IMV tras las comunidades forales de Navarra y el País Vasco”. En la preparación de la Bilateral, desde el Gobierno se echó el freno: el IMV es la “criatura de Escrivá”. El ministro obvia el pacto y sitúa Valencia en la vía rápida. Con Catalunya “las conversaciones están menos avanzadas”.