Doce momentos supremos

El juicio por el procés ha quedado visto para sentencia. A lo largo de cuatro meses, el Tribunal Supremo ha escuchado a 422 testigos, han desfilado peritos y se han visionado decenas de vídeos. Siete magistrados, 12 acusados, cuatro fiscales, una veintena de abogados defensores, dos abogadas del Estado y otros dos letrados de la acusación popular representada por Vox han estado cada día en la sala. Una estampa diaria desde el pasado 12 de febrero. A partir de ahora se cierran las puertas hasta que se vuelvan a abrir para la sentencia, previsiblemente en otoño.

El presidente del tribunal Manuel Marchena, como ponente, será el encargado de redactar la resolución. Comenzará elaborando un borrador que luego pasará a deliberar con los otros seis magistrados. El objetivo principal es conseguir una sentencia unánime y eso va a llevar a matizar al máximo el texto.

Lo primero que debe hacer la sala es analizar todas las pruebas expuestas en el juicio y valorar cuáles son relevantes para los hechos objeto del proceso, cuáles han acabado siendo inútiles, cuáles no han superado el debate de la contradicción y cuáles a pesar de su interés no son relevantes para la causa penal.

El juicio, considerado el más relevante de las últimas décadas y probablemente de la democracia, ha visto desfilar a los máximos representantes políticos del momento, sindicalistas y representantes de la sociedad civil y cen­tenares de testigos, policías, guardias civiles y votantes que ofrecieron visiones absolutamente contrapuestas y que representan precisamente la clave del conflicto político y jurídico: la convicción de que se debe y se puede ejercer el derecho al voto, frente a la percepción de que la integridad política y legal del Estado español se ha puesto en riesgo. El juicio puede resumirse en diez momentos estelares que, aunque no sean necesariamente las pruebas clave para acreditar los hechos, desde luego sí sirven para entender a las distintas partes del conflicto.

Los testigos del Gobierno central

Rajoy y Zoido, inconsistentes

Una de las primeras decisiones del tribunal fue adelantar las declaraciones de los dirigentes políticos, que fueran los primeros en desfilar. La razón fue el adelanto de las elecciones al 28-A. Los magistrados quisieron evitar que los interrogatorios interfirieran en la campaña electoral. Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido y Cristóbal Montoro llegaron, se sentaron y negaron lo innegable: que no habían negociado nunca con el Govern, que no se habían sentado a hablar. “La primera obligación de todo Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución. Quienes no valoraron que había que ir por una modificación de la Constitución son los que están sentados en el banquillo”, sostuvo Santamaría. Sin embargo, quien más defraudó a los suyos fue el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, ya que no asumió su responsabilidad en el operativo policial el 1-O, considerado por muchos el mayor error táctico del Gobierno en el conflicto catalán.

El jefe del operativo policial

Con Nieto empezó todo

El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto fue quien dio la campanada. Nadie lo esperaba después de la intervención de Zoido pero su número dos sí dio la cara. Fuentes jurídicas aseguran que con él realmente empezó el juicio. Asumió la responsabilidad del operativo policial junto al coronel Diego Pérez de los Cobos, dio todo lujo de detalles de reuniones y órdenes dadas desde Interior a las distintas fuerzas y defendió, sin fisuras, la actuación del 1-O.

De hecho, fue la primera vez que se escuchó decir que el 1 de octubre no hubo cargas policiales. “Lo que se hizo fue actuar con empleo de la fuerza” de acuerdo a la ley y al protocolo de las unidades especializadas de ‘antidisturbios’ que tenían el mandato por escrito del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para requisar el material electoral e impedir el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Nieto puso negro sobre blanco el enfrentamiento que se produjo entre la Guardia Civil y Policía Nacional con los Mossos d’Esquadra, que provocó una falta de confianza con el cuerpo autonómico. Su versión fue corroborada por el coronel Pérez de los Cobos, designado como coordinador de los tres cuerpos policiales para frenar el 1-O y quien llegó a calificar el operativo montado por los Mossos de “estafa” prevista para facilitarla votación.

Cuando llegó el turno de los mandos de los Mosso, tildaron de mentiroso al coronel de la Guardia Civil y sus versiones fueron tan palmariamente contradictorias que el abogado de Joaquim Forn, Javier melero, llegó a solicitar un coreo entre Pérez de los Cobos y Ferrán López, el segundo de Trapero y su sustituto tras la aplicación del artículo 155. Finalmente, el tribunal lo rechazó y no quiso enfrentar a los dos mandos policiales.

Un aliado crítico del Govern

Urkullu vs. Puigdemont

El lehendakari Iñigo Urkullu puso en evidencia tanto a Mariano Rajoy como a Carles Puigdemont. El dirigente vasco había hecho de interlocutor entre ambos. Reconoció que había mantenido varias conversaciones con el presidente del Gobierno, algo que este previamente había negado, para decirle: “Esto se os está yendo de las manos”. Dejó constancia de que Rajoy no quería aplicar el artículo 155 de la Constitución y de que el presidente de la Generalitat dudó, pero finalmente decidió proclamar la independencia. El 26 de octubre del 2017 habían llegado a un acuerdo: Puigdemont convocaba elecciones y Rajoy no aplicaba el 155. Pero el catalán no aguantó la presión y lo dinamitó todo: “Me lo comunicó lamentando que las personas se le estaban rebelando, que entendía que tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts pel Sí y no podía proceder al acuerdo de disolver el Parlament y convocar las elecciones autonómicas”

El testimonio del mayor de los Mossos

La pregunta a Trapero

El peor momento para el tribunal fue la pregunta que tuvo que hacer su presidente al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, citado por Vox. Su abogado no preguntó por una reunión clave del 28 de septiembre, en la que la cúpula de los Mossos advirtieron a Puigdemont, Junqueras y Forn de posibles actos de violencia el 1-O. Al no hacer esta pregunta, nadie más pudo abordar este asunto. Así lo prevé la ley. Sin embargo, el contenido de esa reunión era esencial. Los siete magistrados pararon el interrogatorio y se fueron a deliberar. No había consenso, pero al final dieron luz verde para que Marchena, que como presidente de la sala sí podía lanzar la pregunta, lo hiciera: “¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene?”. Y Trapero se explayó: exigieron a Puigdemont cumplir la ley y no sólo eso: los Mossos tenían un plan previsto para que, si se proclamaba la DUI, detener a todo el Govern. Si no se hizo fue porque nadie lo ordenó.

Un testigo clave de los hechos del 20-S

La secretaria en la azotea

El testimonio de Montserrat Toro, la secretaria judicial del juzgado de instrucción numero 13, fue el más estremecedor. Para la Fiscalía se convirtió en el testigo claro para demostrar la violencia ante la Conselleria d’Economia el 20-S. Para las defensas fue el paradigma de la exageración y la mentira. Toro era la secretaria judicial del registro ordenado en este edificio de la Generalitat el 20 de setiembre del 2017. Durante varias horas, relató ante el tribunal el terror que vivió ante la “gente enardecida” convocada por los Jordis .
Sintió miedo al ver a más de 40.000 personas ante el edificio protestando por aquel registro. No quiso salir por la puerta. Ella aseguró que no era seguro, incluso pidió que la sacaran con un helicóptero. Al final salió por la azotea. Su versión obtuvo la réplica de los mossos que estuvieron allí presentes y que se encargaron de sacarla del inmueble. Cuestión de percepción.

El presidente de tribunal de la Sala Segunda

Las broncas de Marchena

“No se está comportando como un abogado serio”; “Explique lo que es, por favor, la etiología de los insultos, tiene que explicarlo, el tribunal no lo entiende”; “Cuando declaro la impertinencia de una pregunta, usted no me puede decir que estoy errando”. Estas son algunas de las frases que se han podido escuchar del presidente del tribunal ante algunas salidas de los abogados defensores. Pero Manuel Marchena también se vio en la obligación de frenar a varios de los testigos, como aquellos que insistían en declarar en catalán, como el abogado Lluís Matamala: “Usted va a contestar en castellano. Si no quiere, se levanta, asume las consecuencias legales y hemos terminado”. De hecho, el tribunal mostró su “profundo malestar” por el comportamiento de ciertos testigos propuestos por las defensas y pusieron encima de la mesa el “mal comportamiento” de los letrados que se aparta del código deontológico de la abogacía.

La declaración de los agentes de la policía

El respeto a la autoridad

El casi centenar de guardias civiles que han desfilado durante los cuatro meses del juicio relataron cómo vivieron los días previos a la celebración del llamado referéndum de independencia, los registros judiciales y el mismo día del 1 de octubre, cuando trataron de cerrar los colegios electorales actuando de acuerdo con la orden judicial y sin el apoyo de los Mossos. Llegaron a asegurar que en aquellas fechas en las calles de las ciudades catalanas sintieron el odio de los que participaban en las concentraciones de protesta. Describieron golpes, insultos e incluso amenazas. El relato de una sola agente sirvió para resumir lo que ocurrió en opinión de muchos policías desplegados aquellos días en Catalunya: “Mientras pasábamos con el coche nos gritaban fascistas, hijos de puta. Se había perdido la vergüenza. El sentido del respeto a la autoridad se había evaporado en horas”.

El testimonio de los votantes

La cadera rota en el colegio

En el juicio se han vivido dos realidades, las de aquellos que actuaban en defensa del Estado y quienes quisieron ejercer su derecho al voto como bien supremo por encima de incluso la propia ley. Mientras que la Fiscalía sentó a todos los agentes que pudo para que escenificaran la violencia que sufrieron, las defensas hicieron lo propio con votantes del 1 de octubre. En su percepción, si hubo violencia el 1-O fue únicamente responsabilidad de las fuerzas de seguridad que entraron a los colegios a la fuerza. El testimonio que sacudió con mayor intensidad a la sala fue el de una mujer de 69 años que fue a votar. Cuando salió del colegio a encenderse un cigarrillo, dijo, fue atacada por un policía. “Un policía me cogió y me lanzó al suelo. Me rompió la pelvis. No lo olvidaré jamás”, declaró la testigo con tono alterado. “Estese tranquila”, le espetó Marchena. “Estoy tranquila”, respondió ella.

Las sesiones de visionado de los vídeos

¿Violencia sí o no?

Desde el inicio del juicio, las defensas habían convertido los vídeos del 1-O en el plato fuerte del proceso judicial. Desde el principio intentaron introducir imágenes en cada uno de los interrogatorios, pero el tribunal fue claro y tajante: los vídeos se verían en la fase documental. Y así ocurrió. Durante varios días se estuvieron visualizando, por un lado, cómo las personas concentradas impedían el paso a los agentes y, por otro, golpes de estos a los votantes al intentar apartarles de los accesos de los centros de votación. Sin embargo, hubo otros vídeos que llamaron la atención a la sala. El letrado Xavier Melero aportó imágenes de otras manifestaciones, a su juicio violentas, para demostrar que lo ocurrido el 1-O y el 20-S no tuvo esos ingredientes. Así, mostró imágenes del asedio al Parlament en el 2011, o la protesta bajo el lema “Rodea al Congreso” en Madrid en el año 2012, en las que se podía ver lanzamientos de vallas, de cristales, golpes a los vehículos de la Policía Nacional y quema de objetos.

Las conclusiones de la Fiscalía

Un golpe de Estado

En el largo informe final de la Fiscalía, donde defendió la existencia de un delito de rebelión, levantó muchas ampollas la afirmación del fiscal Javier Zaragoza de que en Catalunya hubo un “golpe de Estado”. Aseguró que hubo una “insurrección” entre septiembre y octubre del 2017 con una violencia pasiva y activa para un único objetivo: declarar la independencia. A su juicio, los acusados intentaron “liquidar” la Constitución española y por ese motivo deben ser condenados. Esta afirmación fue duramente criticada por las defensas por el hecho de citar al jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen, perseguido por los nazis, para hablar de golpe de Estado, incumpliendo así la ley de Godwin de las analogías nazis, que introducen el uso banal del mal. “La mera mención a los nazis puede contaminar a lo que aquí se juzga”, criticó el letrado de Joaquim Forn, Xavier Melero.

El testimonio del ex delegado del Gobierno en Catalunya

El fairy de Millo

“Un agente me explicó que habían tirado Fairy en la entrada de las escuelas para que (los policías) cayeran y les pudieran patear la cabeza”. Con esta frase explicó el ex delegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo la violencia que, según él, ejercieron ciudadanos catalanes contra los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante el referéndum del 1-O que debían evitar.

“Los agentes me explicaron que incluso les habían golpeado en la cabeza usando llaves marciales”, relató Millo para explicar cómo los agentes que acudieron a impedir el 1-O fueron agredidos por la gente congregada en los colegios.

La negativa a responder a la acusación popular

Multa a Baños

Con la CUP llegó el espectáculo. Estaban citados Antonio Baños y Eulália Reguant y cuando llegó el turno de preguntas de Vox se armó. “No voy a responder a sus preguntas por dignidad democrática y antifascista”. En su condición de testigos están obligados a responder a todas las preguntas. Marchena intentó apaciguar los ánimos pero no hubo manera, no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. Todo acabó con una multa de 2.500 euros y la apertura de una investigación en los Juzgados de Madrid.

Otros testigos posteriores siguieron la misma estela rebajada. No se negaron a responder pero bajo la premisa de que lo hacían por “imperativo legal”. Esta coletilla cansó al presidente de la Sala que frenó está tendencia: “usted está sentada ahí por imperativo legal, ha respondido a las preguntas de su letrado por imperativo legal, ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal por imperativo legal... Y ahora tiene el imperativo legal de responder a la circular... Todo lo que ha pasado esta mañana es por imperativo legal”.

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