El duro informe de la Fiscalía: “En Catalunya hubo un golpe de Estado”
El juicio del ‘procés’
Considera que Oriol Junqueras es el “motor principal” de la rebelión
Catalunya | El juicio al ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo, en directo
Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo, de los fiscales durante su exposición de informes.
La Fiscalía ha defendido que en Catalunya se produjo una “insurrección” entre septiembre y octubre de 2017 con una violencia pasiva y activa para un único objetivo: declarar la independencia. A su juicio, los acusados intentaron “liquidar” la Constitución y por eso deben ser condenados por un delito de rebelión. En su informe definitivo en el juicio del procés, el Ministerio Público entiende que lo ocurrido en Catalunya fue un “golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídicos por otro por métodos ilegales”.
El primer fiscal en intervenir ha sido Javier Zaragoza ha defendido que la situación en Catalunya aquel otoño de 2017 no fue normal por eso se tuvo que enviar 6.000 agentes para frenar un referéndum ilegal, el rey Felipe VI tuvo que realizar un discurso advirtiendo del respeto a la convivencia y el Gobierno tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución. “Esto demuestra que era un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público y por eso no puede ser una sedición”.
El representante del Ministerio Público ha aclarado al inicio de su intervención que los acusados no son presos políticos, no se les persigue por sus ideas sino por haber atacado la Constitución y haber cometido delitos recogidos en el Código Penal. “No les pido que renuncien a sus convicciones o ideales pero no los pueden imponer. les exijo que respeten las leyes, la convivencia, los derechos y las libertades”, ha subrayado.
A su parecer, han tenido un juicio con todas las garantías, con la declaración de más de 400 testigos. Según ha mantenido, los acusados querían declarar la independencia y la celebración del referéndum era el paso previo y necesario para lograrlo aunque ahora “no lo quieran reconocer”.
Un mal sueño
”Ahora se plan era una ficción, un mal sueño. Nadie se responsabiliza. Ahora nadie quiso derogar la Constitución. Para los acusados el referéndum era una mera consulta sin consecuencias jurídicas. La declaración unilateral de independencia fue simbólica, como si se necesitara su publicación en el boletín oficial para declarar la independencia. Según ellos, lo ocurrido estuvo dentro del derecho ala manifestación, como dar patadas y golpes a los agentes que acudieron a cumplir con un mandato judicial”, ha espetado Zaragoza.
Para la Fiscalía, son varias las pruebas aportadas en el juicio que demuestran que en su hoja de ruta estaba la declaración de independencia. Y de hecho señala a la Asamblea Nacional Catalana(ANC), en ese momento presidida por Jordi Sànchez, la que alentó para que el referéndum se adelantaran y se celebrar en septiembre de 2017, siendo el día elegido finalmente el 1 de octubre.
”No están todos los que son pero sí son los que están”, señala el fiscal en relación a los acusados que se encuentran sentados en el banquillo. De hecho, ha señalado al ‘Estado Mayor’ del ‘procés’, el grupo encargado de planificar y diseñar la declaración de independencia en unas reuniones recogidas en la agenda ‘Moleskine’ del número 2 de Oriol Junqueras, Josep María Jové.
Junqueras, el motor principal
De los acusados, el fiscal entiende que Junqueras fue el “motor principal de la rebelión”, junto al expresidente, Carles Puigdemont, huido de la Justicia. A su juicio, la prueba es que él fue quien presentó en público la pregunta del 1-O; quien asumió la Conselleria de Economia desde donde se gestionaron los fondos para financiar el referéndum; recibió hasta ocho advertencias del Tribunal Constitucional; las dos personas de su máxima confianza, Jové y Lluis Salvadó, fueron los responsables de diseñar las estructuras de Estado además de organizar y planificar el 1-O; fue un “partícipe cualificado del “Estado Mayor”; estuvo presente en la reunión con la cúpula de los Mossos en la que se advirtió de la “altísima” probabilidad de incidentes violentos; y fue el encargado de trasladar los resultados del 1-O al Parlament para hacer cumplir la ley que derogaría la Constitución española.
En referencia al papel de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el fiscal entiende que son las personas encargadas de la movilización social y quienes promovieron un “estado de excepción de facto”. “Lo anormal es que dos señores controlaran el orden público -en referencia a los altercados del 20-S ante la Conselleria de Economia- mandaran a los Mossos y negociaran con la Guardia Civil”, señala. A su juicio, en aquellas fechas “se estaba expulsando a la Constitución de Catalunya”.
El voto no es “indiscriminado”
De la segunda parte del informe de Fiscalía se ha encargado Jaime Moreno, quien ha defendido que los acusados propiciaron actos violentos para lograr sus objetivos. Ha empezado su intervención recordando que no es cierto la afirmación reiterada por los acusados de que votar no es un delito. “El derecho al voto no es indiscriminado. Al igual que alguien de 17 años no puede votar, o no se puede votar dos veces. La idea es más sencilla, la democracia no es posible sin un respeto escrupuloso a las normas”, ha indicado.
Moreno ha explicado que en este juicio no hay nadie sentado por votar: “se enjuicia a unos dirigentes del Gobierno catalán y de asociaciones que usaron la violencia para culminar u proceso de independencia”. A su entender, no puede negarse que hubo violencia y actos de intimidación.
Crearon el riesgo de violencia
El fiscal hace responsables a los acusados de los 1.093 heridos del 1 de octubre que suman los agentes y los votantes. “No solo no desconvocaron el referéndum sabiendo que iba a haber enfrentamientos sino que alentaron a la ciudadanía a acudir. Por eso quien crea el riesgo es el imputable del delito”, señala.
Moreno ha dado validez a la declaración de los mandos de los Mossos d’Esquadra que relataron una reunión el 28 de septiembre de 2017 con Puigdemont, Junqueras y el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, donde se les advirtió el riesgo de enfrentamientos el 1-O y les pidieron que cancelaran la votación.
La frase “lapidaria” de Trapero
”El mayor Josep Lluis Trapero, en una frase lapidaria, dijo en aquel reunión: ‘espero que el domingo no haya una desagracia que tengamos que lamentar’. La desgracia no era el enfrentamiento, que estaba asegurado, sino que se derivara un final fatal. Puigdemont le contestó: ‘si hay violencia declararé la independencia’”, ha recordado el fiscal.
Asimismo, se ha negado a aceptar la versión de los acusados que actuaciones como la del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economia mientras se estaba produciendo un registro judicial se tratara de actos de protesta. “Era una intento de obstaculización, la demostración de fuerza de que en Catalunya la fuerza no estaba en manos de quien la ostenta”
De hecho, recordó como Sànchez y Cuixart aquel día se subieron a un coche de la Guardia Civil que había sido previamente destrozado para hablar por el megáfono. “¿Cabe decir que es un acto pacífico estar encima de un coche de la Guardia Civil devastado?”, se pregunta.
Propio de organizaciones criminales
La tercera fiscal en intervenir ha sido Consuelo Madrigal que ha defendido la comisión del delito de malversación de caudales públicos por todos los cargos del Gobierno catalán, que ha cuantificado en cerca de tres millones de euros. “Todos los miembros del Govern son responsables únicos y máximos de esas distracciones patrimoniales y desvíos de fondos públicos. “Eran la máxima autoridad de gasto y debían responder de los bienes y patrimonio públicos, y estaban advertidos por al Tribunal Constitucional de ser garantes de la no realización del referéndum y la no aplicación de ningún bien público a la consulta”, ha indicado.
Asimismo, ha comparado lo ocurrido en la Generalitat con una organización criminal. Según su tesis, los empresarios que hicieron trabajos para la organización del 1-O lo hicieron bajo el temor de no recibir más contratos de la Administración pública. “El silencio y las respuestas alusivas son elocuentes sobre el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la Administración renueva anualmente”, apunta.
La Constitución, “vejada”
Sería muy fácil acordar sobreprecios al amparo de esos generosos contratos marco (...). Así es como actúan las organizaciones criminales y así es como actúan cuando ocupan las más altas responsabilidades de la comunidad autónoma”, ha añadido la representante del Ministerio Público.
El cuarto fiscal, Fidel Cadena, se ha limitado a defender la existencia del dolo en la actuación de los acusados. La Constitución ha sido “horadada, vejada, humillada desde el principio hasta el final”, ha manifestado. A su juicio, los acusados controlaron a la gente para que acudiera a los colegios y actuaran como muralla humana al igual que a los Mossos d’Esquadra. “El poder de los Mossos, no por ellos que es un cuerpo encomiable, sino por su utilización, ha significado la subversión de ese poder”, ha puntualizado.