Las defensas ven “un mitin político” en las conclusiones de la Fiscalía

Los abogados de los presos independentistas consideran que los informes de conclusiones de la Fiscalía en el juicio al 1-O en el Tribunal Supremo “no suponen ningún problema para las defensas”, en palabras de Andreu Van den Eynde. “Si las referencias que tienen para montar un delito de rebelión son un tuit y elucubraciones basadas en lógicas y evidencias que no se sustentan en pruebas, ya nos va bien”, ha expresado el penalista.

Tanto él, que defiende a Oriol Junqueras y Raül Romeva, como Jordi Pina, letrado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, han destacado al término de la sesión de la mañana que el Ministerio Público se haya dedicado a desmentir que se tratara de “un juicio político” y que sus mandantes sean “presos políticos”.

“Me han sorprendido las referencias al contexto político y si esto es o no un juicio político y si son o no presos políticos. Llevan meses diciendo que es juicio técnico y que se tiene que hablar de derecho penal y el ministerio público se dedica media hora a matizar si es o no un juicio político”, ha puesto de relieve Pina en alusión a la intervención del fiscal Javier Zaragoza, a quien ha acusado de “hacer referencias políticas constantemente”.

También Van den Eynde ha remarcado que ha habido “un mitin político”, una expresión que ha compartido Pina. “Describen una ideología llevada a la práctica en un estado democrático. He visto muy poca base probatoria y poca base jurídica”, ha afirmado el penalista de los presos de Esquerra Republicana.

“No he visto en las intervenciones de las acusaciones que se haya podido proponer un análisis de la prueba ni una argumentación contundente. No me tomo el informe como algo grave para la posición de defensa. Si el Supremo se tiene que sustentar en la lectura de un tuit, si en eso se basa la tesis de la acusación es muy endeble”, ha insistido el letrado.

Pina, por su parte, ha denunciado que “cuando se trata de Catalunya el concepto de violencia cambia radicalmente”. “Nuevamente vemos cómo se retuerce el derecho penal y se hace reinterpretación de lo que es la violencia del tipo penal de la rebelión. Todos los artículos del Código Penal que hablan de combate, tropas, armas... no tienen la más mínima trascendencia porque parece ser que hay un Código Penal paralelo cuando se habla de ciudadanos y líderes de Catalunya”, se ha quejado el abogado de los líderes de Junts per Catalunya.

Van den Eynde, en otro orden de las cosas, ha apuntado que en la tesis acusatoria había una “remisión constante a la hipótesis preconcebida que se mantuvo en la Instrucción” y que la Fiscalía “no ha hecho más que recordar a la Sala autos de otros compañeros de Sala que analizaron los hechos”. “Se mantiene la debilidad argumental”, ha valorado, al ver como “muy sesgada” la referencia a la prueba y describir la argumentación como “muy raquítica”.

Además, ha lamentado “omisiones muy flagrantes en la tesis de acusación” al no haber “ninguna referencia a las derechos fundamentales”. Ha subrayado que los derechos fundamentales “no entran en el código de análisis” de los fiscales, que, a su juicio, “han descrito un escenario político”.

Esa línea ha seguido Benet Salellas, que defiende a Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural. “Hemos oido hablar mucho de la Constitución y del cumplimiento de la ley, pero siempre se utiliza para la justificación la defensa de la unidad de la patria y nunca para reivindicar los derechos fundamentales que están en esa Constitución”, se ha quejado Salellas en alusión al “derecho de reunión, de libertad expresión y al ejercicio democrático de protesta”. Ese ha sido el escenario en el que ha enmarcado los hechos del otoño catalán de 2017, remarcando que los catalanes actuaron de “forma pacífica y no violenta”.

El exdiputado de la CUP ha resaltado que la Fiscalía “ha perdido la oportunidad de situar los derechos humanos y fundamentales en el centro de la justicia española” al no hace autocrítica por el dispositivo policial del 1-O y no incorporar el resultado del grupo de trabajo de la ONU a sus conclusiones.