La Grande Carambola tuvo lugar el 2 de diciembre de 2018, pero el acuerdo a tres bandas, que simulaba que la convergencia entre las (entonces) tres derechas era una suma de distintos compartimentos estancos, cristalizó a principios de enero de 2019, llevando a Juan Manuel Moreno Bonilla al Palacio de San Telmo (Quirinale) como primer presidente –no socialista– de Andalucía con los peores resultados de la historia. Desde entonces hasta el presente han transcurrido cinco años, que es el tiempo que, según una canción de David Bowie, travestido como Ziggy Stardust, aquel extraterrestre que cantaba, quedaba para que el mundo explotara.
Por supuesto, no sucedió tal cosa (salvo para el PSOE andaluz), pero tampoco llegó el advenimiento (como diría Josep Pla) del cambio en la gran autonomía del Sur de España. Un lustro después, Ciudadanos (Cs) ya no existe y Vox, el socio no deseado del PP, es irrelevante en la política meridional, que gira por completo alrededor del presidente del PP andaluz, convertido en un Rey Sol que sonríe y saluda, y del que nadie puede decir que haya tenido un mal gesto (en público), pero que ejerce –cuando la ocasión lo requiere– el absolutismo que le otorga su generosa hegemonía parlamentaria, obtenida tras unas elecciones que adelantó por interés partidario, y que disimula todo lo que puede, aunque sin renunciar a sus ventajas.
San Telmo no tiene previsto –en principio– conmemoración alguna de los cinco años de la efeméride, pero una de sus últimas decisiones ha sido festejarlo con una subida unilateral, hecha por decreto y sin debate, de los sueldos del presidente de la Junta y de los 271 altos cargos que forman su corte. La medida, una de las más polémicas de este segundo mandato, alcanza la categoría de metáfora del modus operandi del indiscutible líder del PP en el Sur.
Su gobierno aprobó las cuentas de 2024 en el Parlamento con una subida salarial similar a la del resto de funcionarios públicos. Después, sin aviso previo, en vísperas de Navidad, emitió un decreto (refrendado por la cámara donde cuenta con mayoría absoluta) que incrementa su salario (establecido desde ahora en 87.300 euros) un 20%. Habida cuenta de las críticas que provocaría tanto el fondo como la forma de esta subida salarial, el PP, en un movimiento asombroso, se descolgó unos días después con una iniciativa para ponerle un sueldo vitalicio –a cargo del Consejo Consultivo– a los expresidentes socialistas de la Junta hasta los 75 años.
Moreno Bonilla tras jurar su segundo mandato como presidente delante del Palacio de San Telmo
Esta iniciativa se justifica desde San Telmo con el fin de “dignificar y poner en valor” la figura de los expresidentes. Como si trabajar en el ámbito privado, o ejercer una profesión en una empresa particular o por cuenta propia, fueran tareas indignas. El argumentario incurre en un evidente ridículo y la medida, aunque se haya formulado de forma genérica, tiene al menos dos destinatarios muy concretos: Rafael Escudero y Susana Díaz.
No consta que José Rodríguez de la Borbolla, el segundo presidente de la Junta, haya solicitado esta prerrogativa; desde que dejó el cargo trabajó hasta su jubilación en la Universidad de Sevilla y como abogado. Griñán y Chaves, condenados por el escándalo de los ERE, tampoco podrán disfrutar de esta pensión –ambos están inhabilitados para ejercer cargos públicos 15 y 9 años respectivamente–, que sí permitiría Escuredo seguir cobrando de este organismo, como viene haciendo desde hace lustros, e incorporar a Susana Díaz, que tendría derecho legal a cobrar una pensión de 68.149 euros anuales de forma indefinida.
2. Moreno Bonilla y Susana Díaz en la sesión de investidura del presidente de la Junta en 2019.
En el caso de la ex presidenta de la Junta, cuyo puesto en el Senado depende de que el PSOE la mantenga dentro de la cuota de representantes por designación autonómica, la normativa del PP le garantizaría cobrar este retiro, camuflado como asesoramiento, durante un cuarto de siglo. La generosidad salarial de Moreno Bonilla con sus antecesores es inaudita, toda vez que ni siquiera el PSOE, que no se opone a esta propuesta, se había atrevido nunca a plantearla.
La medida demuestra –con hechos– la escasísima voluntad del presidente de la Junta de hacer reformas y cambios de calado en la administración autonómica heredada, a pesar de que, nada más llegar al poder, encargó unas auditorías externas –hasta 54– de todos los organismos regionales y empresas instrumentales públicas. ¿Qué decían esas auditorías? Básicamente que la estructura de la Junta heredada de los gobiernos socialistas –de donde cobran, no siempre tras someterse a un proceso objetivo y transparente de selección, hasta 28.443 empleados– era “desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”.
Teodoro García Egea, Moreno Bonilla (PP), Francisco Serrano y Ortega Smith (Vox) durante la firma del pacto de 2019 en Andalucía
San Telmo, una vez abonados los 1,7 millones de euros que costaron estos informes, encomendados a consultoras privadas, resolvió meterlos en un cajón y olvidarse de sus propuestas. Allí están desde 2019, lo que ha provocado que incluso la Cámara de Cuentas, en un informe de hace unos meses, censurase tanto la pasividad del gobierno andaluz como el incumplimiento por parte de Moreno Bonilla de su propia ley de presupuestos de 2019, donde (por exigencias políticas de Vox y Cs) se fijó la obligación de acometer una reestructuración de la administración paralela de la Junta –creada por el PSOE huyendo del derecho público, a través de fórmulas mercantiles– antes de julio de 2020. Han pasado tres años y medio.
El lustro de dominio político de Moreno Bonilla no ha traído –al margen del aspecto simbólico y figurativo– ningún cambio real en Andalucía. La región continúa bajo el control de la derecha a la cola de las estadísticas de renta por habitante –21.091 euros por persona, lo que supone un 25% menos que la media española–, la divergencia con respecto a Europa es colosal, los servicios públicos –especialmente la sanidad– no han dejado de deteriorarse y la imagen internacional de la región, como consecuencia del affaire Doñana y de la gravedad de la sequía, que afecta con mucha intensidad a las exportaciones agroalimentarias, tocadas previamente por la reforma regresiva de la Política Agraria Común (PAC), ha empeorado.
Juanma Moreno y Juan Marín se estrechan la mano en el Parlamento andaluz tras sellar su acuerdo en el 2019
La era Moreno Bonilla, que trata de disimular su discretísima capacidad de gestión con un perpetuo revival andalucista, al calor de la tormentosa investidura de Pedro Sánchez y la política de asimetría territorial de la Moncloa, ha rebasado ya su primer lustro. El cambio que predicaba no se divisa por parte alguna. Y hace ya bastante tiempo que nadie lo espera.