Torturas, déficit y mortificación

La cultura (política) de los clásicos, excelentes conocedores de las debilidades humanas, adquiere un sentido nuevo en un asunto tan prosaico, pero al mismo tiempo tan capital, como la elaboración de unos presupuestos públicos. Solón de Atenas, uno de los siete sabios de la Antigüedad, describía la austeridad como una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente. La idea, sin duda, sería considerada anatema por una parte del Gobierno PSOE-Sumar (sin Podemos), pero este juicio entra en el terreno de lo absurdo si tenemos en cuenta que al estadista griego, que aconsejaba no decir a los ciudadanos mentiras agradables, sino la verdad amarga de las cosas, le tocó gobernar una sociedad polarizada y desigual donde casi toda la riqueza estaba concentrada en manos de los eupátridas, los terratenientes de la Ática.

Solón fue un reformista que benefició a los campesinos y se opuso a la injusta dictadura de los linajes familiares. Y lo hizo estimulando el comercio y evitando caer en gastos improductivos. ¿Va a hacer algo similar el Gobierno? Todavía es una incógnita. Una cosa es lo que diga y otra –diferente– lo que haga. Y después está el contexto: para conservar el apoyo parlamentario de las minorías independentistas, Moncloa debe conseguir este 2024 la cuadratura de un círculo: la armonización, en apariencia imposible, entre el retorno a las reglas fiscales acordadas con Bruselas y un nuevo sistema de financiación autonómica. Cumplir fuera y pacificar dentro.

Es difícil. Hacer ambas cosas ya supone una tarea hercúlea. Pero lograrlo estando sometido a la amenaza de una inestabilidad parlamentaria súbita, posible ante cualquier desacuerdo con sus socios, es bastante más complejo. La duración exacta de la legislatura depende en buena medida del presupuesto de 2024, que es la puerta que, en el peor de los escenarios políticos, prorrogando estas primeras cuentas en 2025, puede garantizar un periodo legislativo mínimo de dos años. El problema es que, para conseguirlo, Moncloa tiene que sorber y soplar. Cumplir con Europa y no soliviantar a las autonomías, en su mayoría gobernadas ahora por el PP, como es el caso de Andalucía, o por las coaliciones rubricadas entre Génova y Vox.

Cualquier asimetría en favor de Euskadi o Catalunya, que reivindican un trato exclusivo, diferencial y de igual a igual con el Estado, desatará la discordia en el resto de territorios. Los recursos tampoco son infinitos. Bruselas exige que se retorne de inmediato a la senda de la contención presupuestaria y esto implica, aunque no se admita así, un escenario de recortes.

El Gobierno puede hacer, a priori, dos cosas: primar a sus socios soberanistas por la vía del capítulo de inversiones o abrir (más o menos) la mano en términos de reducción del déficit público, incluida la condonación de una parte de la deuda regional. O ambas cosas. Pero es improbable que, en cualquiera de estos dos supuestos, la decisión que adopte no cuente con la oposición sostenida de las grandes autonomías, empezando por Andalucía y Valencia, que defienden que la negociación sobre los dineros regionales sea multilateral, en vez de bilateral.

La ministra Montero carece de mayoría en el Consejo de Política Económica y Financiera para ganar las votaciones en primera vuelta, aunque puede obtenerla en segunda convocatoria si convence, como hizo en la última reunión de este foro, a Asturias o Castilla-La Mancha, las dos únicas regiones dirigidas por los socialistas. El reparto del ajuste –que debe concentrarse en un plazo de cuatro años, salvo autorización de la UE para alargarlo hasta los siete– se concentra en los ayuntamientos y entidades locales y en los gobiernos autonómicos.

En Andalucía, este planteamiento de partida no ha gustado nada. El PP gobierna desde el pasado mes de mayo todos los ayuntamientos de las ocho capitales del Sur de España y seis de las ocho diputaciones. En la Junta cuenta con hegemonía parlamentaria. Parece difícil que todo este brazo institucional, a las órdenes de Moreno Bonilla, no vaya a presentar batalla política ante esta fórmula de reparto de los sacrificios que, al derivarse de una obligación con Bruselas, tiene prioridad absoluta frente a la reforma del sistema de financiación autonómico.

España tiene que acometer un ajuste anual del 0,4% del PIB en cuatro años –cifra que bajaría al 0,25% si el programa se dilatase a siete años– para no incumplir sus compromisos con Europa. Esto obliga a las autonomías a reformular prioridades, sometidas ya a una carencia de recursos crónica. En Andalucía, que cuenta con un presupuesto en vigor cuya previsión de déficit es un 0,1%, causará tensiones entre San Telmo y Hacienda. Sobre todo si la décima de margen existente, como sugirió María Jesús Montero en el último cónclave con los consejeros autonómicos, desaparece en caso de un bloqueo del PP a las cuentas del Estado en el Senado.

La ministra de Hacienda, sevillana y ex consejera en Andalucía en tiempos del PSOE, es quien debe convertir en cuadrado el círculo de la insuficiencia financiera regional, contentar a los socios independentistas y garantizar las exigencias de Bruselas. Hay quien considera su ascenso a la vicepresidencia primera como un premio. También cabe verlo como un quinario o un viacrucis de torturas y mortificación, aunque quienes las sufran sean los ciudadanos.