La concentración que este miércoles tenían prevista frente al Congreso de los Diputados más de una treintena de sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la reforma de la conocida como ley mordaza no ha logrado reunir a más de medio centenar de agentes. Los promotores, que se han tenido que alejar de la fachada de la Puerta de los Leones por orden de la Delegación del Gobierno porque en el Hemiciclo estaba transcurriendo el Pleno, han denunciando que la modificación de la ley de Seguridad Ciudadana —pactada hasta el momento entre el PSOE y EH Bildu, sumándose después el resto de socios parlamentarios— supondrá “un ataque a todos los ciudadanos que verán mermada la seguridad en las calles”. A la deslucida concentración se ha unido unilateralmente el diputado de Vox Javier Ortega Smith, a quien los líderes sindicales han afeado su presencia tras arremeter durante las protestas en Ferraz contra los antidisturbios por cargar contra los manifestantes violentos.
A 24 horas de que el Congreso aborde las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox para una reforma que ha fracasado en tres ocasiones. A falta de saber la posición de Junts y Podemos, que ya ha avanzado que presentará enmiendas al texto que se centra en la prohibición de las pelotas de goma, en la limitación de las devoluciones en caliente y en las sanciones por faltas de respeto a los agentes y desobediencia a la autoridad, desde la Plataforma No a la Inseguridad Ciudadana pretendían insistir en que “todos los policías” perderán medios para garantizar la seguridad ciudadana. Una reforma de la ley que, a su entender, se produce en un contexto “muy negativo” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “con efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante pérdida del principio de autoridad”.
Sin embargo, la convocatoria ha resultado totalmente descafeinada. Ha sido el portavoz de Jupol Ibón Domínguez, quien ha anunciado que desconvocaban la protesta después de que la Delegación del Gobierno en Madrid, en “un alarde de hipocresía” haya hecho uso de la propia ley de Seguridad Ciudadana para alejar la protesta frente al Congreso de los Diputados. “A sus señorías del pleno les molesta que los policías quieran ejercer su derecho a protestar”, ha criticado Domínguez, escoltado por el medio centenar de agentes reunidos. El portavoz se ha quejado de que la reforma se haya pactado sin haber escuchado a los profesionales de la Policía Nacional, Guardia Civil y resto de cuerpos autonómicos y locales. “Nos van a dejar a los pies de los caballos, laminando el principio de autoridad”, ha avisado. Domínguez también ha pronosticado que tras la reforma las manifestaciones acabarán con más protestantes y policías heridos.
Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, se ha sumado a las críticas, calificando de “herramienta vital” la actual ley de Seguridad Ciudadana para mantener el Estado de Derecho. También ha dibujado un escenario de “más inseguridad” en la que policías y guardias civiles “no van a poder realizar sus funciones con garantías legales”. “Por parte del Ministerio del Interior solo hemos obtenido la callada por respuesta”, ha lamentado Vilariño tras ser preguntado si el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se ha reunido con los sindicatos policiales para abordar sus peticiones.
Una vez que los líderes sindicales han anunciado la desconvocatoria de la protesta, ha irrumpido en escena Javier Ortega Smith, que ha bajado la Carrera San Jerónimo con ánimo de acaparar la atención de los medios reunidos. En ese momento, los representantes sindicales se han apartado del diputado de Vox, que tiempos atrás siempre ha sido bien recibido. Fuentes sindicales explican que el malestar con Smith, que ha dado un discurso ante los medios plagado de críticas al Gobierno y sus socios, están en las declaraciones contra los agentes antidisturbios que cargaron contra los manifestantes violentos en las protestas de Ferraz, que tuvieron lugar hace ahora un año mientras se negociaba la ley de amnistía. El diputado ultra llegó a asegurar que agentes encubiertos habían provocado incidentes para luego poder realizar detenciones.
