La comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde este jueves al dictamen de la ley de Amnistía que PSOE, ERC y Junts acordaron ayer para pactar una norma que desjudicialice el conflicto. Todo en un ambiente crispado con reproches mutuos, si bien el dictamen favorable de la Comisión de Venecia ha suavizado el argumentario del PP. Especialmente, tras elevadísimo tono empleado estos últimos días en lo relacionado con el caso Koldo.
Con el apoyo de los socios de investidura, la comisión ha sacado adelante por 20 votos a favor y 17 en contra (PP y Vox) todas las enmiendas transaccionales planteadas, lo que, en la práctica, avala todos los cambios pactados por los socialistas con Junts y ERC.
De esta manera, la norma volverá a ser debatida en el pleno de la Cámara Baja —previsiblemente, el jueves que viene—. Será un mes y medio después de que los siete diputados de Junts tumbaran el primer intento de aprobación de la norma.
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Junts y ERC han esgrimido el borrador del informe emitido por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la ley de Amnistía para justificar los cambios incluidos a última hora en la norma y que han permitido alcanzar un acuerdo con el PSOE para sacarla adelante.
Los diputados del PP han solicitado la paralización de la comisión para analizar los últimos cambios incorporados a la norma
Así lo han señalado en un debate que el PP ha forzado a paralizar durante unos minutos para analizar la petición de la diputada del PP Cuca Gamarra para poder analizar los cambios introducidos en la norma.
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Al inicio de la reunión, Gamarra ha pedido la palabra al presidente para plantear una cuestión previa amparándose en el reglamento de la Cámara y, tras denunciar “el peligroso precedente de tener noticias a través de los medios de comunicación y no por vía parlamentaria de que se han producido acuerdos extraparlamentarios y fuera del territorio nacional”, ha reclamado la calificación de las enmiendas antes de someterlas a debate y votación.
Ataques de las dos derechas
Gamarra, además, ha cargado contra el Gobierno y sus socios por aprobar una ley “injusta, inconstitucional e inmoral”. “Aquí no se ha cerrado nada, por mucho que lo reitere el PSOE. Se vuelve al punto de partida”, ha señalado.
El testigo de las descalificaciones lo ha recogido el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, denunciando el “ataque despiadado a la separación de poderes, a la independencia del poder judicial y a la igualdad de los españoles” por una ley, ha señalado “redactada a la carta para los golpistas y delincuentes”.
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Frente a estas críticas, el PSOE ha defendido la legalidad. Ha sido el diputado Francisco Aranda quien la ha calificado de plenamente constitucional y respetuosa con el derecho europeo. “La norma mantiene que no se amnistiarán los delitos más graves de terrorismo, traición, torturas o contra la independencia de España. Tampoco se amnistían eventuales enriquecimientos ilícitos de personas, en consonancia con las recomendaciones europeas”, ha recordado en su argumentación.
Su socio de Gobierno, Sumar, ha ido un paso más allá cargando contra el PP y los jueces “afines a la derecha”. El diputado Gerardo Pisarello ha afirmado que ellos son los “grandes derrotados” tras recordar que “hay un grupo de jueces que ha comprometido su imparcialidad y su independencia simplemente por partidismo”.
Satisfacción en ERC y Junts
La diputada de ERC Pilar Vallugera ha argumentado que tras la medida de gracia se iniciará un nuevo camino: “Esta ley de Amnistía nos va a permitir volver a un punto para avanzar todos juntos de nuevo hacia este horizonte de libertad para mi pueblo, que es exactamente lo que queremos, y esto es un referéndum de autodeterminación”.
Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha justificado que su formación votara en contra al primer intento de tramitación: “Hoy se hace evidente que nuestra actitud, nuestra exigencia de tener la mejor ley posible, fue la acertada. Mucha gente no quiso entender esa actitud. Si me permiten una licencia, fue muy acertada”, ha afirmado Cervera celebrando el paso dado hoy.
Próximos pasos de la norma
Una vez aprobado por la comisión, el dictamen se elevará al pleno del Congreso, que lo verá la próxima semana. Eso sí, como el orden del día ya estaba cerrado y su modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, el PSOE y sus aliados forzarán un segundo pleno, el jueves 14, en el que se debata y vote la proposición de ley de forma monográfica.
En este pleno extra solo se votará el dictamen de la comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios han acordado retirar todas las enmiendas que estaban vivas y descartar cualquier modificación más, aseguran fuentes parlamentarias.
Como es una norma de rango orgánico, necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante, por lo que no cabe cometer errores ni debe haber debe ausencias.
Si la ley prospera, se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses, puesto que ese es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.
Pero si en el próximo pleno del Congreso la ley no llegara a ese umbral mínimo de 176, como ocurrió el 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio con la presentación de una nueva proposición de ley.
