El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un claro mensaje sobre cuál será el camino de la Fiscalía a partir de ahora. La todavía fiscal general del Estado, María José Segarra, no ha cumplido la expectativas del jefe del Ejecutivo. Esta no supo, o mejor no pudo, trasladar el mensaje a sus fiscales de la necesidad que tenían las instancias políticas de “desinflamar” el conflicto catalán. Eso pasaba por no cargar las tintas en las causas judiciales contra los líderes independentistas, es decir, rebajar las acusaciones y abandonar la idea de que en Catalunya se cometió un acto de rebelión por aprobar las leyes de desconexión, celebrar el referéndum y declarar unilateralmente la independencia de Catalunya fuera de las vías legales. Los dirigentes independentistas ya habían reconocido que lo ocurrido en aquel otoño del 2017 fue algo “simbólico”, y Sánchez esperaba que la Fiscalía se lo tomara al pie de la letra.
Sin embargo, los cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo encargados de la acusación en la causa del procés no aceptaron cambiar de criterio. Estaban convencidos de su actuación y no lo iban a cambiar, pesara a quien le pesara. Segarra lo sabía y evitó un enfrentamiento frontal con ellos porque ante todo ella viene de la carrera fiscal y debía volver a esta una vez acabara su aventura como fiscal general.
Parte de la carrera fiscal recibe la llegada de Delgado con “estupor”; otros esperan a ver sus primeras decisiones
Con la futura sucesora, Dolores Delgado, las cosas van a ser distintas. “Va a tomar sus decisiones pero no se va a escudar en nadie. Va de frente y los planes que tenga los llevará a término”, explica una persona próxima a la exministra. Reconoce que Delgado genera “filias y fobias” y es una mujer con un carácter muy especial. “No deja indiferente a nadie”, explica. Todavía no ha sido designada oficialmente, pero sus defensores comparan lo que puede ser su mandato al de Cándido Conde-Pumpido, actual magistrado del Tribunal Constitucional, quien ocupó ese mismo cargo con el gobierno de Rodríguez Zapatero, y lo hizo con mano férrea.
Con esta presentación, no es de extrañar que se esperen turbulencias más pronto que tarde en la calle Fortuny. Antes de ser ministra, Delgado era fiscal en la Audiencia Nacional, y su jefe, Javier Zaragoza, es ahora uno de los fiscales encargados de la causa del procés . Ahora las tornas han cambiado. Sin embargo, a Delgado no se lo van a poner fácil. “Ella será la jefa y se hará lo que ella diga”, dicen aquellos que apuestan por ella. Pero los fiscales tienen una herramienta, el artículo 27 de su estatuto, que permite convocar junta de fiscales para examinar si la orden de un fiscal general es ilegal.
La Fiscalía tiene muchos frentes abiertos en diversas causas vinculadas al procés . Desde la acusación al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, cuyo juicio comienza la semana que viene, hasta los procesos contenciosos del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el examen de las resoluciones del Parlament, la investigación de los CDR, o el escenario judicial del expresidente Carles Puigdemont, entre muchos otros.
La diferencia con Segarra es que Delgado había abandonado ya la carrera fiscal para ser ministra de Justicia y después diputada socialista. Como titular de Justicia ya se conoció sus intentos por presionar a la fiscal general, a quien le unía una relación personal de muchos años, o la orden a la Abogacía del Estado para que modificara la acusación de rebelión a sedición en el juicio del Tribunal Supremo. Desde luego, en por lo menos parte de la carrera fiscal ha suscitado “estupor” e “inquietud” su nombramiento porque “la justicia tiene que tener una apariencia de imparcialidad”, y su llegada a la Fiscalía General del Estado, a priori, no la tiene, según sus detractores.
Aquellos que la defienden recuerdan que no es la primera vez que un político ocupa este cargo; de ahí el nombramiento de Javier Moscoso tras ser ministro de Presidencia en 1986 o el de Eligio Hernández tras ser delegado de Gobierno en Canarias, aunque pasando previamente dos años por el Consejo General del Poder Judicial. A pesar de estas excepciones, lo cierto es que la práctica habitual era designar a magistrados o fiscales que provenían del Tribunal Supremo, hasta que llegó Segarra, que provenía de la jefatura de Sevilla.