El Gobierno asegura que la Abogacía del Estado estudia el fallo para “ayudar” al Supremo a cumplir con el TJUE

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves por la tarde que la sentencia que ha emitido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –por la que considera que Oriol Junqueras tenía inmunidad al ser elegido eurodiputado– es “herencia” del Gobierno anterior de Mariano Rajoy y ha apostado por devolver el problema “político” al terreno de la política. “Ha llegado el momento en que la política esté solo en la política”, ha exclamado Calvo, quien también ha expresado la disposición del Ejecutivo para “ayudar” al Tribunal Supremo a “cumplir” el fallo de Luxemburgo sobre la inmunidad del líder de ERC.

Con todo, Calvo ha resaltado que el fallo no debe obstaculizar las negociaciones para la investidura y ha pedido no mezclar decisiones judiciales con política.Asimismo, ha apelado a la necesidad de "abrir una etapa política nueva" en la que "la política esté en la política" y ello, también significa, ha dicho, respetar "las diversas y legítimas" ideologías, ya que el nuevo escenario político incluye a más partidos.

En ese sentido, la vicepresidenta ha remarcado que hay que buscar acuerdos que "estén fundamentados en los principios" de la legalidad del Estado de Derecho, que "es la esencia de la democracia", ha matizado.

La respuesta de la vicepresidenta se ha producido casi cinco horas después de conocerse la sentencia y unos minutos más tarde de que los republicanos anunciaran que suspenden las negociaciones con el PSOE en torno a la investidura de Pedro Sánchez hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie respecto de la inmunidad de Junqueras.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a un acto sobre violencia de género, Calvo ha afirmado que la Abogacía del Estado está “estudiando detenidamente” el fallo para saber qué posición ha de adoptar para poder “ayudar de la mejor manera” al Supremo a cumplir el fallo del TJUE.

El Supremo ha pedido a todas las partes personadas en la causa del procés que fijen posición respecto de cómo el fallo del TUE debe aplicarse por el Tribunal Supremo en cinco días tanto en lo que se refiere a la situación de Junqueras como en el caso del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, que podrían beneficiarse de la sentencia de Luxemburgo.

El Ejecutivo deberá posicionarse en la causa a través de la Abogacía del Estado –algo que condicionará las conversaciones con ERC–, pero por ahora no ha aclarado qué posición adoptará. “Está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días”, señala el comunicado escueto de Moncloa, en el que se ha recordado que es el Tribunal Supremo quien tiene la última palabra en la situación de Junqueras y que su criterio debe estar “vinculado” al fallo de Luxemburgo. Además, el Gobierno ha separado el fallo de la justicia europea de la sentencia condenatoria al 1-O y el procés del pasado mes de octubre.

En la misma línea de lo expresado por Calvo, Moncloa señala que “en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.

Previamente, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, había expresado el “absoluto respeto” del Gobierno a la sentencia del TJUE y al poder judicial europeo, que nace de los tratados de la Unión a la que el país está “orgulloso de pertenecer”. “Recibimos las sentencias con el respeto al poder judicial, en este caso al poder judicial que emana de los tratados de la UE de la cual nos sentimos miembros orgullosos. Compartimos los valores de la UE como no podía ser de otro modo”, ha dicho Marlaska a preguntas de los medios de comunicación. El ministro no ha ido más allá de expresar este respeto a pesar de la insistencia de los periodistas y no ha querido opinar sobre si Junqueras debería ser puesto en libertad. “A quien compete decirlo es a los tribunales, cada uno tiene su competencia y su materia. Lo que corresponde al Gobierno de España es respetar las resoluciones judiciales”, ha afirmado.