Glovo ha anunciado su compromiso de cambiar de forma inminente su modelo de reparto, pasando de operar con una flota de mensajeros autónomos a una flota de asalariados, tal y como establece la normativa laboral.
El anuncio llega en un momento clave para la empresa de reparto a domicilio. El fundador Oscar Pierre acude mañana a declarar ante un juez de instrucción de Barcelona por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que le persigue por vulnerar la ley rider.
La compañía anuncia en un comunicado que la decisión responde a la voluntad de mantener firme su compromiso con España, donde nació en el 2015 y siempre ha operado bajo un modelo de repartidores freelance a pesar de la ley laboral, la presunción de laboralidad de la ley rider, la jurisprudencia, multas de la Inspección de Trabajo y la directiva europea.
Las asociaciones de trabajadores se toman con cautela la decisión, que celebra la ministra Yolanda Díaz
El grupo Delivery Hero, dueño de la plataforma desde 2022, añade en un comunicado que la decisión pretende “evitar más incertidumbres legales que conduzcan a un aumento de las contingencias”. Los mercados han castigado la decisión con una caída de la acción del 10%. El grupo, que registra pérdidas millonarias desde hace años, dice que este cambio de modelo tendrá un impacto de -100 millones en el beneficio operativo (ebitda) del 2025. Por este motivo, el grupo también aumenta las contingencias del presente ejercicio hasta una horquilla de 440-770 millones, frente a los 330-550 millones anunciados previamente. Este importe cubre las cotizaciones a la Seguridad Social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos de Glovo en España. En los últimos años, Glovo acumula más de 200 millones de multas de la Inspección.
Fuentes de la empresa aseguran que el cambio de modelo se llevará a cabo lo antes posible mediante una negociación con los agentes sociales. “En unas semanas el modelo de autónomo dejará de estar operativo”, aseguran. La medida podría afectar, como mínimo, a un colectivo de 15.000 riders que actualmente colaboran con la plataforma en 900 ciudades españolas. Glovo afirma que este cambio no perjudicará los tiempos de entrega ni tampoco la disponibilidad de la flota, algo que siempre había negado en los últimos años.
Ministra de Trabajo
La ley ‘rider’ y la jurisprudencia exigen desde hace años que los mensajeros dejen de ser falsos autónomos
Los representantes de los trabajadores miran con escepticismo este anuncio. La asociación RidersXDerechos pide “cautela ante el historial delictivo de Glovo” y “la coincidencia del anuncio con la declaración judicial de su fundador”. En un comunicado, llama a los repartidores “a no celebrar nada hasta que todos estén contratados formalmente”. Desde el sindicato CC.OO., Franz Morales, responsable de proyectos de proximidad, alerta que “no sabemos en qué condiciones la empresa quiere laboralizar” y reclama “transparencia en el proceso”. En UGT celebran la noticia pero advierten que aún “quedan cuestiones que afectan a este colectivo”.
La decisión ha sido celebrada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que durante años ha perseguido las plataformas de economía colaborativa. Impulsó la ley rider en el 2021 y, más adelante, una reforma del Código Penal que ha instado a la Fiscalía a perseguir a los empresarios que incumplen la normativa laboral de forma reiterada. “Ninguna tecnológica puede imponerse a la democracia. Por fin, Glovo regularizará a mas de 60.000 repartidores en España”, destacó ayer.
Según la ministra, ello supondría “el movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por una inspección de Trabajo”. En esta cifra de 60.000 repartidores se cuentan los mensajeros en activo y también los que han colaborado alguna vez para Glovo en los últimos nueve años.
Esta ofensiva del Gobierno es la que precisamente ha llevado a Oscar Pierre a los tribunales. El emprendedor catalán implantó este modelo de reparto el año 2015, copiando el sistema de otras plataformas de Estados Unidos y Reino Unido. Es una estrategia que han seguido prácticamente todos sus competidores, Deliveroo –que abandonó España tras la ley rider– y también Uber Eats, que de momento es el único grupo que se resiste a abandonar por completo el modelo de reparto con autónomos.
Just Eat demanda a Glovo por competencia desleal y le reclama 295 millones
El grupo Just Eat ha anunciado una demanda a Glovo por competencia desleal en el mercado del reparto de comida a domicilio. En un comunicado, el grupo holandés indica que el 29 de noviembre presentó una demanda ante los juzgados mercantiles de Barcelona en la que reclama una indemnización de 295 millones de euros. La multinacional considera que el hecho de haber operado durante años con una flota de repartidores asalariados la ha colocado en una situación de desventaja respecto a Glovo, que siempre ha funcionado con un sistema más asequible y flexible a través de flotas de autónomos. Bajo este modelo, el grupo estima que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros a lo largo de todos estos años. Just Eat aterrizó en España el año 2010 y desde entonces ha operado principalmente como mero intermediario entre consumidores y restaurantes, de tal modo que la plataforma deja en manos de los restaurantes toda la logística del reparto. De forma minoritaria, ofrece a los restaurantes servicio de reparto mediante empresas subcontratadas y desde 2020, también lo hace a través de una flota de 2.500 mensajeros en plantilla.