Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación

El Tribunal Supremo ha condenado al exvicepresidente de la Genealitat Oriol Junqueras a la pena de 13 años de cárcel y a 13 de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación en concurso medial de delitos, frente a los 25 años por un delito de rebelión que solicitaba la Fiscalía, por intentar proclamar la independencia de Catalunya fuera de las vías legales.

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El Supremo otorga a Junqueras, un papel de “liderazgo” en todo el procés y destaca el “control” que tuvo en todo el “proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebración del referéndum declarado ilegal”. El tribunal recuerda que el propio acusado “admitió la realidad de los hechos” durante su declaración en el juicio el pasado mes de febrero y “reivindicó la legitimidad de su actuación y la ausencia de cualquier responsabilidad criminal”.”Su destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya puede también deducirse, no ya del hecho objetivo de su preeminencia orgánica como vicepresidente, sino del liderazgo reconocido en los testimonios de algunos de los procesados y testigos. Un liderazgo fruto de su doble condición de vicepresidente y presidente de ERC”, explica la sentencia.

Notificado personalmente

El tribunal que presidió Manuel Marchena recuerda que el exvicepresidente fue notificado personalmente de todas las resoluciones del Constitucional prohibiendo el referéndum y anulando las mencionadas leyes, pero su “pertinaz desatención a todos los requerimientos despeja cualquier duda acerca de su control del proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebración del referéndum declarado ilegal”.

Los magistrados también ven probado que Junqueras, el entonces presidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Joaquim Forn fueron advertidos, en una reunión celebrada el 28 de septiembre, por la cúpula de los Mossos d’Esquadra del “importante riesgo para la seguridad que podría derivarse de la constatada presencia de colectivos radicales y de la movilización de una cifra de personas próxima a los dos millones”.”Pese a ello, la decisión de los miembros del Govern presentes en esa reunión fue la de seguir adelante con el referéndum.

Al finalizar la reunión, el procesado rebelde Puigdemont, manifestó a todos los presentes que si el día 1 de octubre se desataba la violencia, declararía la independencia”, explica el tribunal.”La voluntad sediciente del acusado Junqueras y la representación de esos graves incidentes se infiere con facilidad, no ya de los términos en que se desarrolló esa reunión, sino del hecho objetivo de que el día anterior el TSJC había dictado un auto en el que se acordó prohibir la realización del referéndum”, apunta la resolución.

La Fiscalía durante el juicio sostuvo que tanto a Junqueras como al resto de acusados “ya no bastaba con la desobediencia y la legislación paralela”, sino que “era preciso oponerse -con todos los medios a su alcance, incluida la violencia en un caso extremo- al cumplimiento de las órdenes judiciales encaminadas a imposibilitar la celebración del referéndum declarado inconstitucional y del que dependía la declaración de independencia”.

El Ministerio Público situó a Junqueras como el coordinador general de toda la actividad de planificación y organización del referéndum que pretendían celebrar. Además le acusó de realizar reiterados y continuos llamamientos públicos a ir a votar “plenamente consciente de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa refrendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos”.

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Tanto al inicio del juicio, durante su interrogatorio, como en la parte final, durante el turno de última palabra, el líder de ERC defendió que se había convertido en un “preso político”. “Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político, no contestaré a las preguntas de las acusaciones. Fui cesado por la aplicación del artículo 155 y en estos momentos me considero un preso político”, inició su alegato el 14 de febrero de 2019, cuando arrancó la vista oral.

Devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debía de haber salido”

Oriol Junqueras fue defendido por el abogado Andreu Van den Eynde, quien sostuvo en su informe final, una vez escuchado a todos los testigos y practicado toda la prueba, que el juicio había sido producto de una “causa general”, donde se ha perseguido a los dirigentes independentistas hasta mandarles a prisión. “Este juicio es una oportunidad para devolver la pelota a la política”, señaló el letrado.

Antes de bajar el telón y que el presidente Manuel Marchena anunciara el visto para sentencia, el exvicepresidente catalán utilizó su turno de última palabra para insistir en la idea de “devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debía de haber salido”. Concluyó con una alegoría al diálogo: “hablar y escuchar es la base de todo entendimiento”. Relató sus convicciones pacíficas, republicanas y cristianas; convicciones que comparte con aquellos que creen que “votar no puede ser delito”.