Luz verde a nueve parques eólicos en Catalunya
Energía limpia
Quejas por la decisión de la ponencia del Govern de rechazar la propuesta de levantar la mayor planta de autoconsumo con energía fotovoltaica en Beuda
La ponencia de energías renovables de la Generalitat ha dado el visto bueno inicial a nueve parques eólicos para que inicien su tramitación administrativa.
Los parques se situarían en las comarcas del Anoia, Baix Camp, Conca de Barberà, la Ribera de Ebro, la Segarra y el Urgell, y que suman 261 MW de potencia.
Una vez obtenida la luz verde, los promotores pueden iniciar la tramitación del expediente para hacer posible su implantación. La autorización requiere, en cualquier caso, la tramitación urbanística y una evaluación del impacto ambiental.
Por ello, el pronunciamiento favorable de la ponencia en esta fase de consulta previa “no garantiza que, en el marco del proceso de evaluación del impacto ambiental y de la tramitación del proyecto, puedan surgir nuevos elementos que afecten su autorización”, precisa una nota del Govern.
La ponencia rechaza dos parques eólicos y las dos plantas solares solicitadas
La ponencia ha informado, en cambio, de manera desfavorable cuatro de los 13 proyectos presentados.
Se trata de dos proyectos de parques eólicos en Tivissa, así como de dos plantas fotovoltaicas, una en Beuda (Garrotxa) y la otra en Sant Pere Sallavinera (Anoia).
En el caso de los parques eólicos, el veto se debe a una incompatibilidad con la fauna amenazada. Respecto a las plantas solares fotovoltaicas, se indica que “existen alternativas de emplazamiento en terrenos de menor interés agrícola” y que es “necesario realizar un análisis de alternativas de ubicación precisa”.
Parque eólico el Tallat, en Vallbona de les Monges
La Generalitat constituyó el pasado 24 de febrero la ponencia de energías renovables con la aprobación del nuevo decreto para favorecer estas fuentes limpias, una de las medidas incorporadas en la declaración de emergencia aprobada por el Govern.
El decreto promete reducir los plazos de tramitación
Este decreto incluye un nuevo modelo de tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos (con un análisis proyecto a proyecto) con el objetivo de impulsar el energía verde y reducir hasta los 13 meses el procedimiento de autorización de una instalación.
La anterior forma de tramitación había resultado sumamente ineficaz, había bloqueado muchos proyectos y comportaba larguísimos procedimientos.
La ponencia se creó para analizar la viabilidad de los anteproyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas e iniciar su evaluación de impacto ambiental.
El asunto más polémico del acuerdo adoptado por la ponencia ha sido el informe desfavorable de la que iba a ser la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo, en Beuda, destinada a abastecer una instalación industrial (LC Paper).
Lugar elegido para la planta de autoconsumo de Beuda
El dictamen justifica la negativa afirmando que se sitúa en un espacio agrario protegido y “la falta de una propuesta y evaluación de alternativas al emplazamiento”.
“No se han podido evaluar otros lugares como posibles emplazamientos, por ejemplo, más cerca de las instalaciones” industriales a las que se prevé suministrar energía o que no supongan eliminar la vegetación arbolada, dice la resolución.
La decisión de vetar la planta solar de Beuda recibe numerosas críticas y es tachada de injustificada
Este acuerdo ha sido muy mal acogido por amplios sectores sociales, que tachan la decisión de poco fundamentada y contradictoria respecto a la necesidad de fomentar el autoconsumo y las energías libres de combustibles fósiles. Las quejas se han dejado oír especialmente en Twitter. La zona elegida para acoger la planta es un campo sin uso agrícola.
También se cuestiona el hecho de que, oficiosamente, desde la ponencia se sugiriera a los promotores que eligieran otro emplazamiento para albergar la planta, algo que resulta inviable ya que los otros suelos agrícolas son suelos cuyos propietarios no aceptan el alquiler o la venta del terreno.
Diversos departamentos
La ponencia de la energía renovable está integrada por representantes de 4 departamentos de la Generalidad competentes en materia ambiental, urbanística, paisajística, agrícola, energética y del patrimonio cultural.
Estos son los aspectos que analiza este órgano a la hora de evaluar la viabilidad del emplazamiento de un proyecto antes de que inicie su tramitación, con el fin de determinar si existen elementos insalvables ya de inicio.
“El objetivo es orientar a los promotores para que no pierdan tiempo ni dinero en proyectos de difícil viabilidad y para garantizar una implantación ordenada de las energías renovables en el territorio”, dice el Govern. La ponencia tiene tres meses para pronunciarse sobre las propuestas presentadas.