Malestar y confusión en los centros escolares por la gestión de Educación del punto de admisión

Análisis

La eliminación de algunos criterios puestos por colegios e institutos en pleno proceso de admisión provoca problemas a muchas familias. Asociaciones piden que se elimine el punto discrecional de los centros

Aula de un centro escolar valenciano en imagen de archivo

Aula de un centro escolar valenciano en imagen de archivo

GARCÍA-SALA / ARCHIVO

“Eso es cambiar las normas a mitad de la partida”. Así valora un director de un centro concertado de València la decisión de la Conselleria de Educación de obligar a más de cien centros de la Comunidad Valenciana a eliminar los criterios que diseñaron para dar el punto de libre designación de cara a la admisión de alumnos. Este diario ha recogido el malestar de algunos centros y de varias familias porque esta decisión se ha adoptado en mitad del proceso de admisión, cuando miles de padres han presentado ya los papeles para intentar encontrar plaza para sus hijos y en vísperas de una baremación que se debe hacer pública el 1 de julio.

Como se recordará, el decreto de admisión de la Conselleria para el próximo curso escolar recuperaba el punto, que había eliminado el Botànic, que los centros pueden asignar a los alumnos, decisión criticada por el PSPV y Compromís y por la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana “Gonzalo Anaya” . Educación establecía varios criterios que podían contemplarse para otorgar este punto, pero dejaba margen para que cada centro pudiera plantear otras dos opciones. “Se podrá puntuar otra circunstancia específica determinada por el consejo escolar de los centros públicos o por la titularidad de los centros privados concertados” reza el decreto.

Educación ha reconocido que algunos criterios de centros son “discriminatorios”

El problema vino cuando desde la Gonzalo Anaya se denunció al síndic de Greuges que había centros concertados y públicos que habían incorporado criterios como el ser un alumno “nacido en la Comunidad Valenciana”, “que los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna participante realicen una actividad laboral o profesional remunerada” o que “sean trabajadores de un centro educativo que tenga ideario católico”, entre otros. Aunque inicialmente el conseller José Antonio Rovira intentó restar importancia el problema, posteriormente Educación decidió eliminar algunos de estos criterios que se han considerado “discriminatorios”. Ese punto es clave para realizar los “desempates” entre alumnos. 

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La segunda jornada de explicación de los presupuestos por parte de los consellers del Gobierno valenciano empezaba recuperando cierta calma tras los encontronazos del lunes que protagonizaron los consellers de Vox y los diputados de la oposición. El debate sobre las cuentas de Sanidad para 2024 fue aplaudido (por unos y por otros) por el tono y la explicación pausada y argumentada de datos. Incluso los diputados de PSPV y Compromís mostraron su satisfacción con un presupuesto que consideran continuista y sin apenas cambios en cuanto a los porcentajes destinados a los principales programas. En este consenso incluyeron el aumento de las plantillas para los centros que se deben abrir heredados del Botànic y para las reversiones de los departamentos de salud de Manises y Denia, que también dejó encarriladas el anterior Consell y que el nuevo no ha modificado pese a las dudas iniciales.
Un aplauso a sus cuentas que no gustó al titular de Sanidad, Marciano Gómez, que calificó la comparación de “simplista: es como comparar un utilitario con un Ferrari” (aunque dijo que él no tenía problemas en ser el conductor del coche más modesto de los dos). Gómez insistió que “en tres meses no se puede implantar ningún tipo de modelo”, pero aseguró que su departamento ha diagnosticado los males de la sanidad valenciana y va a intentar resolverlos. Eso sí, no de manera abrupta: “queremos revascularizar el sistema sanitario sin tener que amputar nada”.
Gómez destacó la apuesta del nuevo Gobierno del PP y Vox por la Atención Primaria que dispondrá de más de 700 millones de euros, y por la Salud Mental.
El debate se truncó en la parcela de Educación. Para muestra el insulto que, sin micrófono pero perfectamente audible, el conseller del ramo, José Antonio Rovira, le soltó al diputado de Compromís, Gerard Fullana, al que calificó de “sinvergüenza”; antes le había calificado como “difamador profesional”.  Respondía así el titular de Educación a las críticas de Fullana que había relacionado a Rovira y a la portavoz de Educación del grupo parlamentario popular; Beatriz Gascó, con el caso Ciegsa y los sobrecostes de más de 1.000 millones en la construcción de colegios. “Asimilarme a mi a un compañero del partido que ha sido investigado es como si yo dijera que usted, por ser del partido de Mónica Oltra es un violador de menores”, apuntó.
Descalificativos a parte, el debate de Educación dejó clara la falta de coincidencia en esta materia de gobierno y oposición. Rovira empleó parte de su intervención en denunciar la falta de gestión del Botànic -señaló que de los 1.639 millones de euros del Plan Edificant solo se han ejecutado 377 millones (“ni la cuarta parte”)-; volvió a denunciar el “plan premeditado para boicotear el inicio de curso”; y señaló que en materia de empleo, su departamento invertirá en el sector privado los pocos recursos del Fondo Social Europeo que el anterior ejecutivo le ha dejado por generar este tres veces más empleabilidad que el sector público. 
Rovira también ratificó, aunque sin dar excesivos detalles, que su Gobierno está trabajando para derogar de cara al próximo curso la Ley de Plurilingüismo. El conseller defendió que su departamento apostará por la nueva normativa que “diferenciará las distintas realidades sociolingüísticas existentes, especialmente en las zonas de predominio de cada una de las dos lenguas cooficiales”. Ya fuera de la comisión, el conseller confirmó que Gobierno de PP y Vox estudia quitar el requisito lingüístico para dar algunas especialidades de FP. El cambio legal en que trabaja Educación pretende que no se exija valenciano en aquellos módulos de FP que se pueden impartir sin necesidad de tener un título universitario.

Pero el problema ahora es otro. Miles de familias han presentado ya la solicitud confiando en alguno de los criterios anulados, lo que ahora puede generar un grave problema pues son los propios centros los que deben informar a estas familias de la eliminación del criterio para que lo vuelvan a solicitar. Desde la Conselleria se afirma que “no pasa nada, porque se eliminaría para todos los que lo han pedido para ese centro, por lo que no es un punto de desempate, se quedan todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, desde la Confedereación Gonzalo Anaya se valora que no va a ser tan sencillo al haberse generado ya expectativas sobre un criterio que ahora debe cambiar previa aprobación de Educación.

Miles de familias han presentado ya la solicitud confiando en alguno de los criterios anulados

Esta situación se reconoce también desde fuentes del servicio de Inspección de la Conselleria, que ha sido el encargado de detectar estos criterios para que Educación pueda eliminarlos. El hecho de que el PP y Vox hayan recuperado el distrito único ha provocado que haya “tensión de peticiones” en ciertos colegios e institutos de las grandes ciudades. Por lo que un cambio de criterio en mitad de la admisión va a dejar a muchas familias con su esperanza truncada de que su hijo acceda a un centro de otra parte de la ciudad.

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Además, desde la Gonzalo Anaya se critica que hay criterios que Educación no ha eliminado que también se consideran ”discriminatorios“, como el de que los dos padres trabajen o que los niños que han acudido a escuelas de 0 a 3 años de ese centro tengan preferencia. ”No se tiene en cuenta que hay familias que desean tener a sus hijos en casa en una edad fundamental, ese punto debería eliminarse también“. Desde esta asociación se valora que habrá multitud de alegaciones y confían que vía Sindic de Greuges se cuestionen criterios que la conselleria no ha eliminado.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, minutos antes de su intervención.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, en les Corts Valencianes.

Les Corts Valencianes

Sucede también que hay centros que critican la decisión adoptada ahora por Educación para eliminar el criterio para asignar ese punto, lo que va a provocar también problemas con la conselleria que había dado de plazo hasta ayer para modificarlo. Y se les conminaba a incorporar alguno de los 21 criterios objetivos que Educación contemplaba en el decreto de admisión. Algunos centros no quieren hacer esto para no añadir más problemas a las familias. 

Asociaciones de familias piden que se elimine ese punto de admisión

Desde la Gonzalo Anaya se insiste en que “dado el caos que se ha generado se debería aprobar un nuevo decreto de urgencia para eliminar el punto de admisión que asignan los centros escolares”. Una opinión en la que coinciden el PSPV y Compromís. Habrá que ver ahora cuando se publiquen los listados cuál es finalmente el resultado de este proceso y de qué manera puede afectar a las familias valencianas. Compromís ha denunciado el decreto de admisión al TSJ valenciano que ha admitido a trámite la denuncia.

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