No todos los criterios de los centros públicos y concertados publicados en la web de la Conselleria para otorgar un punto en el proceso de admisión de alumnos serán válidos. Así lo ha explicado este martes el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, que ha señalado que los criterios que “discriminan por razón de origen, religión o cualquier otra circunstancia social no se pueden aceptar”. Una información que avanzaba esta mañana el periódico Las Provincias y que han acabado confirmando desde el departamento de Campanar.
Estas declaraciones se dan después de que el propio conseller de Educación, José Antonio Rovira, quitara hierro a la denuncia ante el síndic de Greuges de la Confederació Gonzalo Anaya de Ampas por considerar que los criterios de algunos los centros a la hora de asignar un punto al alumnado podrían incurrir, precisamente, en discriminación por razón de origen, religión o situación social. “Haber nacido en la Comunidad Valenciana”, “que los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna participante realicen una actividad laboral o profesional remunerada” o que “sean trabajadores de un centro educativo que tenga ideario católico”, son algunos de los criterios aprobados por los centros para dar esos puntos.
Denuncia
La Confederación Gonzalo Anaya llevó al síndic de Greuges estos criterios por considerarlos discriminatorios
Rovira defendió entonces que la llamada circunstancia específica propuesta por los propios centros solo supone un punto, mientras que otras circunstancias, como las rentas bajas y las familias numerosas o monoparentales, “han aumentado hasta los siete puntos”.
Compromís también llevó el decreto de adminsión al TSJ que, como suele ser habitual, ha admitido a trámite la denuncia. Paralelamente, el Ministerio de Educación envió el pasado 3 de junio una “carta de colaboración” a la Conselleria de Educación del Consell valenciano en la que le advertía de que el Decreto de Admisión aprobado el pasado 23 de abril contempla ciertos aspectos que “levantan discrepancias con la normativa básica”.
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Tras estas críticas, la Conselleria de Educación ha enviado este martes unas declaraciones de McEvoy en las que matiza que estos criterios aprobados por los colegios “hasta que no se produzca la baremación están en fase de revisión” y que los criterios que pueden contravenir la norma van a ser cambiados. McEvoy ha citado, como ejemplo, la necesidad de acotar el parentesco de los antiguos alumnos a los familiares más directos, de evitar que se prime a los que elijan la enseñanza en valenciano o que los padres sean de la Comunidad Valenciana.
