Protesta ante una oficina de Solvia en Alicante esta semana.
Nadia y Diana, con menores a su cargo, iban a ser desahuciadas hoy, lo mismo que Clara Isabel y su familia, en la que también hay niños, o Mari Carmen, que como las anteriores vivía en alquiler tras haber concedido tiempo atrás la dación en pago de los pisos cuyas hipotecas no podían pagar al Banco de Sabadell
De momento, gracias a la solidaridad vecinal, han logrado un aplazamiento y se quedan en sus respectivas casas, según informa el el Sindicat de Barri de Carolines, que ha intermediado en estos casos, como viene haciendo en muchos otros, puesto que el goteo de desahucios en Alicante es constante.
De momento, gracias a la solidaridad vecinal, han logrado un aplazamiento y se quedan en sus respectivas casas
Precisamente esta semana, el Sindicato organizó una protesta, junto a la asociación Cometas y Sonrisas, PAH-Obra Social y el Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales, frente a las oficinas de la inmobiliaria Solvia en Alicante.
El motivo es exigir a Solvia -inmobiliaria creada en su día por el Banco de Sabadell para gestionar la gran cartera de inmuebles que la crisis de 2008 dejó en sus manos-que asuma su responsabilidad como gestora de los contratos de alquiler social de 18 familias alicantinas.
Se trata de personas que pasaron a vivir de alquiler cuando concedieron la dación en pago de sus pisos al Banco de Sabadell
Como en los casos mencionados, se trata de personas que pasaron a vivir de alquiler cuando concedieron la dación en pago de sus pisos al Banco de Sabadell. En la actualidad, esas viviendas pertenecen al fondo buitre Promontoria Coliseum Real Estate S.L. Fuentes del sindicato afirman que "el Sabadell, un banco rescatado con dinero público, se ha desentendido de las vecinas que llevan pagándole durante años, para dejar sus pisos a merced de la especulación inmobiliaria".
A su juicio, Solvia, como gestora de los contratos de alquiler, debería ser responsable de mediar con el nuevo propietario y conseguir la renovación de los contratos. Sin embargo, la falta de información "deja a estas 18 vecinas en una situación de incertidumbre y desamparo".
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Mientras se dilatan las negociaciones, los contratos de alquiler finalizan y el fondo que ahora es propietario de los inmuebles ejercita acciones judiciales contra 11 de las afectadas.
Ante el inminente desahucio de varias de ellas y "la ausencia de respuesta de Solvia a las llamadas y correos del Sindicat", se convocó la protesta para demandar que Solvia interceda por las afectadas y ponga soluciones reales sobre la mesa. ¿Qué soluciones? Contratos de alquiler social, ya sea en la vivienda actual de las personas afectadas como en otro inmueble, ya que la compra del piso al precio pretendido por el fondo no es asequible para ellas.
De momento, la solidaridad vecinal y la visibilización de las actuaciones logra alguna vitoria parcial en forma de aplazamiento, pero los convocantes de la protesta abogan por "la paralización de todos los desahucios de familias vulnerables y la inmediata asignación de viviendas en régimen de alquiler social"..