Dos asuntos concretos hacen que el turismo haya cobrado un protagonismo en la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales valencianas mayor al que venía teniendo en anteriores convocatorias. Por un lado, la aprobación el pasado mes de diciembre en las Corts de una tasa turística que los ayuntamientos deben decidir si aplican; por otro, la crisis del mercado de vivienda debida al elevado precio, tanto de venta como de alquiler, que han alcanzado los pisos en las ciudades y barrios de mayor demanda, un fenómeno que algunos relacionan con el auge del alquiler vacacional privado.
Respecto a la tasa, cabe distinguir tres posturas. En primer lugar, como es natural, las formaciones que defendieron y condicionaron a su aprobación en las Corts su apoyo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana, Compromís y Podem, abogan por aplicarla. Por su parte, PP, Ciudadanos y Vox son contrarios y anuncian que no la aplicarán en los municipios que gobiernen y, si el Consell depende de ellos, derogarán la norma, por considerar que restaría competitividad al sector, algo delicado en un momento de dificultades que aún se arrastran tras la pandemia.
El secretario provincial de los socialistas alicantinos, Alejandro Soler, expuso tras una reunión con la patronal hotelera la opinión contraria de su partido a la tasa turística
En una postura intermedia se encuentra el PSPV. Ximo Puig ha reiterado que no se opone tanto a la idea como a la oportunidad de aplicarla en la coyuntura actual. Y sus candidatos en algunos de los municipios más turísticos, como Ana Barceló en Alicante, se muestran partidarios de no hacerlo. De hecho, el secretario provincial de los socialistas alicantinos, Alejandro Soler, expuso tras una reunión con la patronal hotelera la opinión contraria de su partido, porque “puede generar efectos perjudiciales en el sector. Tenemos que ayudar a las empresas que no han superado aún los efectos de la crisis de la covid y que está inmersa en una compleja situación económica derivada de la inflación”.
Sin embargo, su compañera Sandra Gómez, candidata socialista a la Alcaldía de València, en un imaginativo giro, prometió destinar a los falleros los ingresos que la tasa genere entre el 1 y el 19 de marzo, que calculó en un millón de euros, dando así por descontado que ella sí es partidaria de este procedimiento recaudatorio siempre que los fondos obtenidos se dediquen a la causa adecuada.
Un grupo de turistas, ayer, camina con sus maletas por la calle San Francisco, en el centro tradicional de Alicante
La otra cuestión que ha contribuido a colocar el turismo en primera fila de los asuntos a debatir durante la campaña es su relación -que algunos creen estrecha- con uno de los asuntos estrella del momento político: la vivienda. El pasado miércoles cumplió en el Senado su último trámite parlamentario la Ley que cambia las reglas de juego, entre otras cosas, en el campo del alquiler. Contra la pretensión de los socios del PSOE en el gobierno, la nueva norma estatal no se ha ocupado del alquiler turístico, pero el debate está abierto en los ámbitos autonómico y municipal, que son los que se disputan el 28M.
Son sobre todo València y Alicante las ciudades más afectadas por un mercado inmobiliario inflacionista, y fenómenos como la gentrificación del casco histórico y algunos barrios de los respectivos centros en los que se ha multiplicado la oferta de pisos comercializados en todo el mundo a través de plataformas como AirBnb o Booking.
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El alcalde de la capital y candidato de Compromís, Joan Ribó, es partidario de impulsar "un plan para paralizar las nuevas licencias de apartamentos turísticos en zonas saturadas". Su compañera de corporación y rival en la carrera electoral, la socialista Sandra Gómez, también en este asunto adelanta a su propio partido por la izquierda: en el debate celebrado por la cadena SER, afirmó que "los apartamentos turísticos están disparando artificialmente el precio de la vivienda", y además de proponer que València "sea la primera ciudad de España en aplicar una tasa Airbnb que ponga todo lo difícil posible la transformación de una vivienda en un alojamiento turístico", anunció su intención de aprobar una moratoria general que impida nuevas licencias en toda la ciudad.
Sandra Gómez anunció su intención de aprobar una moratoria general que impida nuevos apartamentos turísticos en València
Este discurso de Gómez coincide en líneas generales con las propuestas de los partidos de izquierda con las que debería pactar un gobierno municipal, y se aleja de los postulados, contrarios a la intervención del mercado, de la derecha. La exconsellera de Sanidad y candidata en Alicante, Ana Barceló, también mantiene un discurso mucho más prudente, partidario de luchar contra el alquiler vacacional ilegal, pero desde la creencia de que Alicante aún no ha alcanzado su techo turístico y que son otros factores relacionados con una mala planificación y una escasa oferta de vivienda pública, los que han encarecido el mercado.
En todo caso, a la hora de adoptar medidas, será clave la decisión sobre qué zonas son declaradas "tensionadas" en cada municipio, pues será ahí donde se apliquen moratorias o regulaciones como la propuesta que Podemos pretendió incluir en la Ley estatal y ahora tratará de aplicar en la Comunidad: limitar al 2% de la población de esas áreas el número de plazas de alquiler turístico. Es decir, que en una zona de 10.000 habitantes que haya experimentado fuertes alzas de los precios, solo se permitirían 200 plazas de alquiler turístico.