El área socialista del Gobierno rechaza aprobar una regulación estatal de las viviendas destinadas al alquiler turístico. El principal partido del Gobierno asume que la proliferación de este tipo de arrendamientos es una de las lagunas a las que se enfrentará la ley de Vivienda. Sin embargo, el control de este tipo de inmuebles, ubicados generalmente en el centro de las grandes ciudades o en lugares de gran afluencia de visitantes, es competencia autonómica, y el Ministerio de Transportes no tiene posibilidad de fijar un marco legal nacional, explica el PSOE.
El posicionamiento socialista viene a responder a una enmienda transaccional a la ley de Vivienda que ayer planteó Podemos para limitar las plazas de alojamiento turístico que pueden ofrecerse en un área tensionada a un 2% de habitantes. El movimiento, que causó sorpresa en ERC y EH Bildu porque los negociadores dieron por cerrada la ley la semana pasada, no tendrá ningún recorrido por el conflicto de competencias que plantearía. Según el Ministerio de Transportes, no habrá cambios “para dar toda la seguridad y solvencia jurídica a la ley”.
La ley de Vivienda no prevé medidas para evitar que los propietarios, intentando esquivar la regulación de precios que impondrán algunas comunidades autónomas en las zonas tensionadas, retiren del mercado de alquiler residencial sus inmuebles para destinarlos al arrendamiento turístico. Fue uno de los debates más intensos en la negociación.
Para regular los pisos turísticos
Transportes rechaza una enmienda de Podemos por un conflicto de competencias
En la ley de Vivienda sí que se prevé, en la disposición adicional quinta, crear un “grupo de trabajo para la regulación de los contratos de uso distinto del de vivienda”. Pero los alquileres turísticos quedarán fuera, explican desde el Gobierno. Solo afecta a los casos de arrendamientos por habitaciones y de temporada.
Los empresarios turísticos llevan tiempo advirtiendo de que, tras la pandemia y la recuperación del turismo, la proliferación de este tipo de alquileres es uno de los problemas más importantes para el sector. La patronal Exceltur reclamó a finales del año pasado una regulación específica para “ordenar el resurgir de un crecimiento descontrolado”. En la misma línea se manifestó la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que alertó de un posible trasvase de pisos desde el arrendamiento residencial.
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El Ministerio de Industria, competente en materia de turismo, no dispone de una base de datos precisa sobre la cantidad de viviendas de alquiler turístico que existen en el país, aunque, durante la etapa de Reyes Maroto, se llegó a trabajar en una auditoría. Exceltur presentó, por su parte, en el informe Revitur datos concretos: entre el 2010 y el 2019 las plazas turísticas en las veinte principales ciudades han pasado de 346.921 a 788.136. Un 82% del crecimiento se debe a viviendas turísticas.
Con la ley de vivienda cerrada por el PSOE, el PP tiene en el horizonte la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. “Todos los escenarios están abiertos”, señaló ayer el portavoz de campaña, Borja Sémper, al ser preguntado por si seguirá la línea avanzada por alguna autonomía, como Madrid, de recurrirla.
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Los populares votarán en contra de la norma y ayer pusieron el foco en la enmienda transaccional que se incorporará al dictamen. El portavoz indicó que va a dificultar “la expulsión de los ocupas y de los inquilinos que dejen de pagar” a los tenedores de más de cinco viviendas. La enmienda impide desahuciar a los inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación. Un escenario que, según el criterio del PP, es un “chollo” para las ocupaciones, generará inseguridad jurídica, dificultará a los propietarios recuperar el piso y fomentará conflictos vecinales.
Para burlar el control de precios
Los empresarios alertan de un trasvase de pisos de alquiler residencial al turístico
El PP recordó su línea de actuación, basada, en palabras de Sémper, en garantizar la “desocupación en 24 horas, endurecer las penas, dar asesoría a través de los ayuntamientos a propietarios, habilitar un teléfono las 24 horas de asistencia y fomentar unidades especiales contra la ocupación ilegal”. Distinguiendo, destacó, entre los impagos de alquileres o hipotecas de familias vulnerables.
En el pleno del jueves también está previsto el voto en contra de Junts per Catalunya, que denunció invasión de competencias.
Ley de vivienda
Mecanismo para evitar desahucios de vulnerables
La ley de vivienda incorpora, en su disposición final quinta, un nuevo mecanismo de mediación en caso de desahucios de familias vulnerables. A través de una modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil, el procedimiento se activará cuando la vivienda pertenezca a un gran tenedor (diez o más propiedades; en este caso, no se aplicará con cinco o más), cuando el inmueble esté habitado por una persona en situación de vulnerabilidad económica y cuando previamente no se haya iniciado o intentado un procedimiento de arbitraje. Deberán cumplirse los tres requisitos. La administración autonómica siempre tendrá conocimiento del proceso, hecho que hasta ahora no siempre sucede, y tendrá la posibilidad de aportar una solución habitacional en condiciones, a través del parque público, y no un albergue. El mecanismo especial, introducido en la última fase de negociación, no se aplicará en caso de ocupaciones ilegales donde no exista vulnerabilidad de la familia ni cuando el propietario sea un pequeño tenedor de vivienda. Además, los anuncios de lanzamiento deberán tener siempre fecha y hora concretas