Cristina lleva años viviendo con su marido en el barrio alicantino de Ciudad de Asís. Paga 300 euros al mes en un tercero sin ascensor. Estaba bien ahí y se había hecho a la idea de que tendrían que pagar algo más a partir de enero, porque había vencido su contrato. Pero no. El casero les comunicó en noviembre que deben marcharse, que piensa vender la vivienda. Cristina pidió unos meses para buscar algo. El plazo está a punto de vencer y todo lo que encuentra son pisos en peores condiciones por 600 euros al mes, el doble que ahora.
Ni a ella ni a cualquier alicantino que esté buscando piso hay que explicárselo, pero que los precios en la ciudad se han disparado lo confirma la fría estadística. Según el portal inmobiliario Fotocasa, Alicante es la segunda capital española donde más ha subido el metro cuadrado en los últimos doce meses, solo por detrás de la isleña Santa Cruz de Tenerife. La vivienda vale este enero nada menos que un 16,9% más que hace un año. Ese es el primer factor, el alza de precios tanto en venta como en alquiler, que explica la "tormenta perfecta" que vive estos días el mercado inmobiliario local. Pero no es el único.
Según el portal inmobiliario Fotocasa, Alicante es la segunda capital española donde más ha subido el metro cuadrado en los últimos doce meses
En el barrio de Carolinas, esta mañana está convocada una concentración para intentar detener el desahucio de una pareja con dos hijos. Los vecinos convocados por el Sindicat Barri de Carolines no pudieron evitar el miércoles que María, de 71 años y su hijo Moisés, de 40, una familia que contaba con un informe de vulnerabilidad, él con una discapacidad psíquica reconocida, fuera desalojada por las fuerzas policiales enviadas por el Juzgado. Temen que hoy pueda ocurrir lo mismo.
La vivienda es propiedad de un fondo de inversiones, una entidad sin rostro, pero con dinero para adquirir propiedades a bajo precio, procedentes sobre todo de bancos que las acumulan en gran número por la catarata de impagos que provocó la crisis. Estos llamados "fondos buitre" buscan la rentabilidad mediante la venta o la explotación de los inmuebles, por ejemplo, para el alquiler turístico, que proporcionan mayores ingresos que el alquiler llamado de larga duración.
En el barrio de Carolinas, esta mañana está convocada una concentración para intentar detener el desahucio de una pareja con dos hijos
Estos desahucios por la vía judicial, siendo los más dramáticos y "mediáticos", son apenas la punta del iceberg. Por debajo, miles de personas que, como Cristina, se ven empujados a salir al mercado en el peor momento, a buscar un alquiler cada vez más caro, con mayores exigencias, y en viviendas de peor calidad.
Los explica Francisco Llopis, del Sindicat Barri de Carolines: "se unen una serie de circunstancias que hacen que la situación de vivienda de muchísimas familias en Alicante sea muy precaria; no solo la de estos casos que sufren desahucios, sino en términos generales". Por un lado "tenemos un mercado del alquiler desatado". En la zona norte, la más humilde de la ciudad, se están pidiendo 600 euros por un tercero sin ascensor, cantidades que hace poco permitían vivir en el centro.
Lee tambiénEl Consejo de Europa pide al Gobierno que mantenga la suspensión de los desahucios
Alicante es la segunda provincia con mayor subida del alquiler en 2022, solo por detrás de Barcelona. "Aquí han subido los precios más que en Madrid, en Bilbao o en València", añade Francis. "Los bancos y los fondos buitre no tienen interés en alquilar viviendas a familias normales, sino en vender o utilizarlos como viviendas turísticas", lo cual restringe y encarece la oferta.
El segundo factor es la incapacidad de los servicios sociales de Alicante para atender el problema. "Están desbordados", afirma Llopis, "y tienen una actitud muy negativa; no están cumpliendo con su trabajo". El sindicato cree que los desahucios que se están produciendo estos días, y los que se anuncian, ocurren a pesar de que las familias afectadas cumplen los requisitos legales para acogerse a determinadas ayudas, pero no pueden hacerlo porque los servicios sociales municipales "se niegan" a tramitarlas. "O no es posible conseguir cita, o cuando se logra se rechaza la tramitación sin ninguna base legal".
El segundo factor es la incapacidad de los servicios sociales de Alicante para atender el problema. "Están desbordados", dice Llopis
María y su hijo, desahuciados el miércoles, contaban con un informe de vulnerabilidad y tenían una orden judicial de lanzamiento. Según la normativa autonómica, los servicios sociales municipales pueden hacer un informe de emergencia habitacional. Si se hace, el departamento autonómico de Vivenda puede tramitar una vivienda social para los afectados. No se ha hecho. ¿Por qué? No lo sabemos, responde Francis. Sospechan que la diferencia de "color" político entre la administración local y a autonómica tiene algo que ver en una falta de colaboración que, al final, repercute en los más indefensos.
Pero ¿no había una moratoria que debía impedir situaciones como la de María el miércoles, como la que hoy aguarda a otra familia en el barrio de Carolinas? "Ese es otro factor que ha cambiado", explica Francis. El Real Decreto que se aprobó el año pasado se ha prorrogado hasta el 30 de junio, y deja a criterio de los jueces que una familia con un informe previo de vulnerabilidad pueda acogerse o no a esa prórroga.
Cartel llamando a una concentración para evitar un desahucio hoy viernes 3 de febrero.
"No sabemos por qué", explica el portavoz del colectivo, "a partir del 1 de enero, en Alicante los jueces y las juezas están rechazando las solicitudes de las familias para acogerse a ese Real Decreto aun cuando cumplan con los requisitos". De tal modo que casos similares a otros que el año pasado sí se prorrogaban, no están recibiendo ahora el mismo tratamiento. "No es cosa de un solo juzgado, es un cambio general de criterio, pero no conocemos el motivo".
Más trabas
La exigencia de seguro de impago, una dificultad añadida
La tensión inflacionista del mercado lleva aparejada el anuncio de medidas administrativas que favorezcan a los inquilinos. Paradójicamente, eso empuja a los arrendatarios a adoptar precauciones añadidas que en muchas ocasiones suponen trabas extraordinarias para quien busca piso. A la exigencia de fianza -que legalmente debería equivaler a un mes, pero en muchas ocasiones se piden dos- se suma ahora la de suscribir un seguro de impago que proteja al propietario. Sin embargo, las compañías no lo otorgan si el inquilino debe dedicar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. Con los pisos a 600 euros el mes, quienes ingresan menos de 2.000 no podrían obtenerlo. Todas estas trabas están empujando a las familias a compartir pisos, a alquilar habitaciones, un fenómeno creciente que supone un evidente retroceso en la calidad de vida de los afectados.