El 25 de marzo la vida cambió de forma abrupta para 38 familias de Esplugues de Llobregat. Fue entonces cuando el Ayuntamiento inició el desalojo del edificio El Barco, donde vivían, tras constatar riesgo de derrumbamiento. De un día para otro se quedaron sin hogar, con el consecuente desgarro emocional y logístico. Varias de ellas estaban muy arraigadas al inmueble, situado en un ámbito tipificado como zona verde, pues habían vivido de alquiler gran parte de su vida allí o incluso nacieron en la vetusta construcción. Tres meses después, los afectados, personas trabajadoras sin alto poder adquisitivo, tratan de rehacer sus vidas. Cada familia tiene sus circunstancias.
Antes pasaron por un periplo de un trimestre que fue, en no pocos casos, una odisea por hoteles y apartahoteles. El Ayuntamiento, propietario de El Barco desde el año pasado tras una expropiación forzosa que los tribunales resolvieron en 2018, buscó estas alternativas temporales. A Susana, una de las afectadas, le cambiaron de hotel seis veces pasando por Cornellà, Barcelona, Viladecans y Sant Feliu de Llobregat. No es la única. Son muchos los que se vieron obligados a variaciones parecidas. Algunos, como ella, tienen hijos, con la evidente dificultad para llevarlos a la escuela y el desgaste emocional que supone tanto cambio para menores y mayores.
Las familias pasaron un periplo de tres meses con constantes cambios de residencia temporal
“Pedimos reservas, pero en muchos casos los hoteles ya tenían días contratados para eventos como por ejemplo el Gran Premio de Fórmula 1”, explica Oliver Peña, concejal de Vivienda, que reconoce el Ayuntamiento se vio obligado a hacer “malabares”.
Con junio se acabó esta situación temporal. El Ayuntamiento, asesorado legalmente, consideró que 21 familias tenían derecho a una indemnización o a otro piso. Se trata de los inmuebles públicos planificados en el nuevo desarrollo de la Montesa. Según Peña, estarán listos en “dos o tres años”. Mientras tanto, ofrecen pisos puente. Ante la espera y los plazos variables, la mayoría optó por la compensación. El Consistorio no cuantifica el importe, pero según fuentes vecinales van de 30.000 a 70.000 euros en función de la antigüedad del contrato.
Cuatro personas afectadas por el desalojo de El Barco reunidas ante el edificio tres meses después
Aquellos considerados sin derecho a realojo se vieron abonados, sí o sí, a una reparación de como mucho 10.000 euros. Según Peña, entre todo, el Ayuntamiento ya ha invertido más de 830.000 euros. Tuvo el apoyo de la Diputación, que aportó pisos; y del Àrea Metropolitana de Barcelona, que ayudó económicamente.
Y con esto a los vecinos les tocó buscarse la vida, muchos de ellos con serias dificultades, sobre todo los más vulnerables. Mediante mesa emergencia social, Abdelali vive ahora en un piso de Horta, “que no está mal”, con su familia. Esta residencia la tiene asegurada durante tres meses este verano y “después no sé qué pasará”.
Varios afectados tienen dificultades para seguir viviendo en Esplugues de Llobregat
Susana se vio obligada a una indemnización de las pequeñas. Intentó buscar un alquiler en Esplugues pero fue imposible. Como en buena parte de los municipios del área metropolitana, los precios son altos. “A la agencia no le sirve con la indemnización, piden una nómina elevada”, relata. Varios de los vecinos consultados por este diario tienen problemas para continuar en su localidad.
El destino de Susana será compartir casa con su madre, otra de las afectadas. Es Manuela, de las últimas residentes en abandonar el edificio. Ella decidió esperar a la construcción de los pisos públicos de la Montesa. Mientras tanto, ahora junto a sus hijos, exresidentes de El Barco, viven en un piso de transición en Barcelona.
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Maite, con una indemnización de las que van de 30.000 a 70.000 euros por su antigüedad en El Barco, pudo pagar la entrada de un piso en Esplugues propiedad de unos conocidos, que le dieron facilidades.
“Las formas del Ayuntamiento han sido nefastas”, considera Antonia, que apunta también como culpable al antiguo propietario, que durante años no hizo el mantenimiento debido. No es la única que opina así. Según ella, el Ayuntamiento tenía que buscar las soluciones desde que supo que tarde o temprano debía hacerse cargo de la situación. El Consistorio siempre defendió que hace un par de años que buscaban alternativas habitacionales, pero que el riesgo de derrumbe lo precipitó todo.
