Los pequeños municipios de Cosuenda y Manchones, con poblaciones de 335 y poco más de 100 vecinos respectivamente, se han convertido en habituales en los juzgados de Zaragoza debido a disputas locales que han llegado incluso al ámbito judicial, según ha informado Heraldo de Aragón. Estos enfrentamientos se deben, en su mayoría, a problemas que llevan años sin resolverse, resultando en amenazas de muerte y hasta un destierro en el caso de Manchones.
En Cosuenda, el actual alcalde, Luis Alberto Cebrián (PP), junto a dos tenientes de alcalde, ha sido recientemente condenado por coaccionar a un vecino para que dejara de grabar los plenos y criticarles en redes sociales. La sentencia fue por un delito leve y se resolvió con tres multas, pero el juez advirtió sobre los riesgos de calentar un pleno con público afín al político, como ocurrió en este caso, señalando a un individuo y permitiendo que se le insultara.
En 2020, un vecino denunció a Óscar Lorente por presunta corrupción, pero el caso se archivó
En cuanto al exalcalde de Cosuenda, Óscar Lorente (PSOE), ha enfrentado diversas acusaciones a lo largo de los años. Una condena por falsedad lo apartó del cargo en 2021, aunque más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo absolvió. Además, en 2020, un vecino lo denunció presunta corrupción, pero el caso se archivó. En 2023, Lorente volvió a enfrentarse a la justicia por una presunta prevaricación al intentar despedir a una auxiliar administrativa. El tribunal nuevamente lo absolvió.
Una calle del municipio de Manchones, en Zaragoza, conocido por sus disputas municipales que han llegado hasta los tribunales
Por su parte, Manchones ha sido escenario de un presunto fraude electoral que aún está pendiente de juicio. En 2019, el entonces alcalde, Jesús Ángel Bernal (PAR), y varios miembros del gobierno local fueron acusados de falsedad documental y prevaricación. Aunque el actual alcalde, Francisco Pardillos (PP), también estuvo implicado, se retiraron las acusaciones en su contra.
Lee también
Las tensiones en Manchones también han llevado a condenas por amenazas de muerte. En 2022, el teniente de alcalde Pablo Pardillos (PP) fue sentenciado a 14 meses de prisión por amenazar a un vecino, además de ser obligado a abandonar el municipio durante dos años y medio.