El orden que, junto al progreso, está inscrito en la bandera de Brasil empezó a restablecerse desde la primera hora de ayer, a partir de la determinación de la justicia de acabar ya con los campamentos bolsonaristas ante cuarteles de todo el país, que funcionaron como los auténticos viveros de la grave insurrección del domingo.
Mientras se evaluaban las cuantiosas pérdidas en las sedes de los tres poderes del Estado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguía escenificar la unidad institucional al mostrar la convergencia del poder ejecutivo con el legislativo y el judicial, además de intentar construirla con los gobernadores.
Militares brasileños marchan para desalojar un campamento bolsonarista frente al cuartel general del ejército en Brasilia
El Gobierno de Brasil ofreció ayer, a través del ministro de Justicia, Flávio Dino, una primera interpretación de la versión brasileña del asalto al Congreso de EE.UU. por los trumpistas el 6 de enero del 2021. El remake sudamericano se produjo un 8 de enero, dos años después, y, gracias a la configuración de esa ciudad laboratorio que es Brasilia, por triplicado. Además del Congreso fueron atacados los equivalentes de la Casa Blanca y el Supremo, pues solo una decena de metros separan a las tres instituciones.
La tesis de Flávio Dino es que con el asalto al corazón de la democracia brasileña, los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro buscaban “generar un efecto dominó”. Se trataría de que, tras un detonante brutal, la escalada caótica continuase para derivar en el golpe de Estado que los asaltantes llevan pidiendo desde hace más de dos meses con sus acampadas.
La policía supervisa el desmantelamiento de los campamentos de bolsonoristas en Brasilia
Si bien resultan estremecedores estos llamamientos a la intervención militar, hay que tener en cuenta que ese tipo de mensajes ganaron el estatuto de la normalidad durante la presidencia, del 2018 al 2022, del excapitán y ultraderechista Jair Messías Bolsonaro. Reivindicaba constantemente el golpe militar de 1964, que dio paso a una dictadura que acabó en 1985. Incluso durante su mandato intentó retorcer la Constitución para que los militares interviniesen en su favor contra el poder judicial, según relata el periodista Guilherme Amado en su libro Sin máscara .
El alto mando militar rehusó secundar la deriva golpista de Bolsonaro. Ese desmarque constituyó todo un adelanto de lo que ha pasado desde que el 30 de octubre el izquierdista Lula da Silva se impusiese por la mínima en las elecciones. Ayer, el ministro de Justicia destacó que las fuerzas armadas se mantienen fieles al Estado de derecho. Hay, sin embargo, quien echa de menos un pronunciamiento claro del ejército, en el que se han percibido durante todo este tiempo actitudes distintas, desde la proximidad al bolsonarismo hasta su recusación y el compromiso por la democracia.
El Gobierno cree que con el ‘Capitolio brasileño’ se buscaba un efecto dominó en pro del golpe de Estado
En cualquier caso, la coyuntura internacional no se parece en nada a la de la guerra fría de 1964, cuando los golpes se sucedían por toda Latinoamérica y Estados Unidos empujaba a la sublevación armada contra el Gobierno izquierdista brasileño de João Goulart. En este momento, la sintonía entre las administraciones de Biden y Lula aparece como plena, frente al binomio de Donald Trump y Jair Bolsonaro.
El juego de espejos entre el Brasil de hoy y los Estados Unidos de hace dos años se refuerza incluso con el calendario, pues ambos asaltos se produjeron en enero, cuando el nuevo presidente no llevaba ni diez días en el poder. Para el ministro Dino no hay duda de que el domingo se produjo el “Capitolio brasileño”, con dos diferencias, recalcó, pues en el caso sudamericano no hubo muertes, frente a las cinco estadounidenses, y con más personas encarceladas, unas 1.500.
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La mayor parte de los arrestos se produjeron en el desmantelamiento del campamento bolsonarista frente al cuartel general del ejército en Brasilia, de donde salieron buena parte de los asaltantes del domingo y a donde regresaron después un nutrido grupo de ellos. En la madrugada del domingo al lunes, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, la bestia negra de Bolsonaro, aceptó la petición del Gobierno para ordenar el desalojo de las acampadas diseminadas por todo el país. A lo largo del día la operación se fue realizando sin que transcendiesen altercados. En Brasilia se hizo por disuasión.
La policía militar también impidió el bloqueo de las refinerías, que era el nuevo frente que se vislumbraba el domingo como la continuación de los asaltos a los tres poderes. Sería la siguiente ficha del dominó, pero no cayó, pues según las autoridades las fuerzas del orden habían conseguido impedir el cerco.
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"Nuestro país camina hacia la normalización institucional con gran velocidad", proclamó el ministro de Justicia. El presidente Lula se afanó en escenificar esa restauración del orden. Primero se reunió por la mañana con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y el Supremo Tribunal Federal, que coincidieron en calificar de “terroristas” los asaltos. Y por la tarde convocó a los gobernadores, entre los que existe una nutrida representación bolsonarista. Su principal figura, Tarsício Freitas, de São Paulo, dio la única leve nota discordante en un acto de grandilocuentes palabras en defensa de la democracia. Freitas introdujo un matiz, al apostar por una “pacificación” con gestos de todos, si bien recalcó que el sistema político brasileño se va a fortalecer a partir de ahora.
Lula cerró el acto con su tono más campechano, a la vez que institucional e incluso mitinero, mostrando como el asalto de la plaza de los Tres Poderes puede fortalecer su posición al inicio de su tercer mandato. Destacó lo infrecuente que resulta juntar a todos los gobernadores, señaló a Bolsonaro sin citarlo como el instigador de la insurrección, criticó que los acampados estuviesen frente a los cuarteles pidiendo un golpe de estado con los generales callados y concluyó que quizá los asaltantes sean “víctimas” de unos comandantes que no dan la cara, pero que espera desenmascarar.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, este lunes en la rueda de prensa en Brasilia
En la reunión ya no estaba Ibaneis Rocha, gobernador de Brasilia, destituido durante un mes por la justicia, porque su ejecutivo facilitó la toma del parlamento, la presidencia de la república y el máximo órgano judicial. La del gobierno del Distrito Federal, el de Brasilia, supone una de las conexiones con Bolsonaro, pues el secretario de Seguridad era hasta el domingo Anderson Torres, que fue el último ministro del área en los gobiernos bolsonaristas.
Mientras el expresidente recibió el alta de madrugada tras su ingreso en un hospital en Florida por complicaciones intestinales, dolencias que son recurrentes desde el atentado que sufrió en el 2018, ayer mismo el Supremo Tribunal Federal brasileño recibió dos peticiones de extradición en su contra.
Lula escenifica la unidad institucional, mientras surgen los primeros intentos de extraditar a Bolsonaro
Si bien en la jornada de ayer hubo un sobresalto con el alza del dólar frente al real, después se suavizó y, en todo caso, no se produjo el derrumbe del mercado financiero brasileño que se llegó a temer durante la tarde de domingo. Las cifras económicas que primaban ayer eran las de las primeras estimaciones de daños sufridos por las sedes de los tres poderes. En el caso del palacio de Planalto, la sede de la presidencia, solo en obras de arte se barajaba la cifra de un millón y medio de euros. En ese edificio, la puerta blindada impidió que los asaltantes vandalizasen el despacho de Lula, como hicieron con el hemiciclo de la Cámara de Diputados y en diversas dependencias del Supremo Tribunal y el Senado.
Brasil recupera el orden, pero la estabilidad se halla lejos de estar asegurada.