El Gobierno ofrece ahora prolongar un año el gravamen a las energéticas con una novedad: un incentivo verde que reduzca la factura de empresas que inviertan en descarbonización o redes. Es la propuesta que el Ministerio de Hacienda plantea para convalidar el real decreto ley que el lunes por la noche pactó con ERC, Bildu y BNG para salvar la ponencia de la reforma fiscal. El PSOE confirmó que esta propuesta es la única salida para poner unir a los socios a la izquierda con Junts y PNV.
Junts advirtió este martes que su apoyo al decreto no está garantizado. Si la norma pone en riesgo proyectos empresariales, como los 1.100 millones de Repsol en Tarragona, puestos de trabajo o aumenta la factura de familias, “tendrá nuestro voto en contra”, afirmaron fuentes del partido. La norma tendría que convalidarse al cabo de un mes en el Congreso y necesitaría el sí de todos los socios de investidura: de Junts a Podemos. Los morados amenazaron este martes con tumbar la reforma si no se mantiene el impuesto energético.
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El incentivo a las energéticas ya se contempló en el decreto de ayudas económicas por la inflación aprobado a finales del 2023. El Gobierno se comprometió a promover esa bonificación fiscal en los Presupuestos Generales del 2024. Pero la situación política ha hecho imposible presentar el proyecto de ley de cuentas públicas.
El impuesto a los grandes bancos sigue un camino diferente al del gravamen energético. PSOE, Sumar y Junts tienen previsto plantear en la votación definitiva de la reforma fiscal de mañana una nueva enmienda con cambios respecto a la intención inicial. En concreto, la propuesta que ha pactado el Gobierno con la formación catalana pasa por aprobar un “impuesto sobre el margen de intereses y comisiones” que afecte al negocio en territorio español con un nuevo tipo impositivo para los bancos con mayores ingresos. A partir de una base liquidable de 5.000 millones se añade un tipo del 7%; por debajo de este límite, el tipo es decreciente del 6% al 1%.
CaixaBank, Santander y BBVA pagarían el tipo máximo y el resto de entidades tendrían un gravamen inferior
Según fuentes de la negociación, esta novedad implica que los tres principales bancos -CaixaBank, Santander y BBVA- abonen el tipo máximo del 7%, mientras que al resto se le aplicaría un tipo inferior. Sabadell ingresó 4.600 millones en el 2023 en España entre margen de intereses y comisiones y se le aplicaría el tipo del 6%.
La propuesta de impuesto a la banca que se prevé someter a votación mañana también elimina la deducción del 25% en el impuesto de sociedades que planteaba la propuesta inicial pactada por PSOE y Junts y contempla que la recaudación se distribuya entre las autonomías en función del PIB. Se negoció seguir un criterio de población, pero se descartó. El tributo se concertaría con las haciendas forales.
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A sólo un día de la votación definitiva, el Gobierno sigue negociando poder contar con todos los votos de sus socios de investidura para sacar adelante una reforma fiscal rebajada. El objetivo es salvar la trasposición de la directiva que incorpora el impuesto mínimo de sociedades del 15% para no recibir una multa de Bruselas ni poner en riesgo los fondos europeos. Las negociaciones de enmiendas continúan.
El Gobierno vivió el lunes horas de gran tensión. Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue el fontanero de los acuerdos. Durante más de siete horas no paró de entrar y salir de la zona del Gobierno en el Congreso para negociar con los socios de investidura. Incluso dialogó con el PP. Le acompañó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y un grupo de diputados socialistas. Moreno mantuvo contacto permanente con Montero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo, desde el G20 de Brasil, al tanto de todas las novedades fiscales.
Sánchez saluda a Biden en la cumbre del G20 en Río de Janeiro.
Sánchez estuvo, desde el G20 de Brasil, informado de todas las negociaciones fiscales a través de Montero
La reforma corrió serio peligro. Hubo un instante clave, admiten los negociadores: cuando el Gobierno aceptó promover de forma paralela, vía decreto, ampliar el gravamen energético. Había, eso sí, que amarrar que no saltaría por el aire el acuerdo con Junts. El PSOE negoció directamente con la cúpula del partido catalán y tuvo un gesto inédito cuando Hacienda difundió un comunicado al filo de la 1 de la madrugada que daba por vigente su pacto fiscal.
“Es un ataque al crecimiento económico”, dice la banca
Las grandes patronales bancarias AEB (bancos) y CECA (creados por fusiones de las antiguas cajas de ahorros) rechazaron este martes los planes del Gobierno y sus socios para gravar a las entidades financieras con un nuevo impuesto extraordinario. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, afirmó que la medida fiscal es “mucho más que un impuesto a la banca” y lo definió como “un ataque al crecimiento económico y, por tanto, al progreso social del país”. Cifró en 50.000 millones la merma que provocaría el tributo en la financiación de familias y empresas. La máxima responsable de la organización apuntó que la tasa provocaría “la fragmentación del mercado español” por la concertación con las haciendas forales. “¿Quién va a invertir en España si no tenemos la necesaria seguridad jurídica, si no conocemos las consecuencias de las normas que cambian en una tarde varias veces y lo que sí sabemos es que esas decisiones van a tener consecuencias?”, se preguntó Kindelán. Desce la CECA, el director de Asesoría Fiscal, Juan de Villota, compartió que la negociación fiscal está generando “una gran incertidumbre” que “no es deseable” para mercados e inversores.
