Varias organizaciones urgen al Gobierno a regular la publicidad de alimentos para niños
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Concretamente, piden que se avance en la tramitación del Real Decreto que presentó el pasado año Consumo que establece un marco normativo en línea con la Convención de los Derechos del Niño de la ONU
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Varias organizaciones exigen al Gobierno a través de una carta publicada en la prestigiosa revista médica The Lancet que “avance” en la tramitación del Real Decreto sobre regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil, respaldada por el Ministerio de Consumo.
La petición la firman representantes de la Escuela Nacional de Salud Pública, la Gasol Foundation, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, la Sociedad Española de Epidemiología, Alianza por una Alimentación Saludable y Unicef.
Para los firmantes, esta medida representa un gran avance en la protección de los derechos de los niños y adolescentes
Concretamente, los firmantes piden que se siga adelante con la legislación de la medida presentada el pasado año por el gabinete de Alberto Garzón, que queda recogida en el borrador de dicho Real Decreto. La carta expresa la necesidad de retomar la negociación para establecer un marco normativo en línea con la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, que España ratificó en 1990.
"Los informes desfavorables de algunos de los ministerios que participaron en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030 están impidiendo el avance de los procesos de regulación contra la publicidad de alimentos no saludables", se critica en la misiva.
Esta medida quiere regular la publicidad de productos insanos dirigidos a niños
Esta medida, la primera con rango legal y que tiene en cuenta el perfil nutricional de los productos anunciados, representa, a juicio de los autores de la carta, “un gran avance” en la “protección” de los derechos de los niños y adolescentes en España, “socavados” por la publicidad de alimentos y bebidas ultraprocesados.
En un comunicado, la Gasol Foundation critica que mientras no se exista esta regulación se ven afectados el derecho a la salud, a la información veraz, a la educación (en hábitos saludables), a la intimidad y privacidad (publicidad en línea personalizada), y a la no discriminación de los menores, "una población vulnerable cognitivamente frente a la intención persuasiva de la publicidad y el marketing”.
“Con esta medida, que cuenta con una sólida fundamentación ética y científica y los avales legales preceptivos, contribuiremos de manera notable a mejorar la protección de los derechos de los niños y niñas y a promover la salud pública”, añade el Dr. Santi F. Gómez, director Global de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, en esta nota.
Las organizaciones señalan que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas es uno de los objetivos “prioritarios” del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, promovido por la Presidencia del Gobierno.
Los niños son más vulnerables a este tipo de anuncios
"Sin embargo, el Real Decreto no ha sido contemplado en el Plan Regulador Anual del Gobierno para 2023, a pesar de que la propuesta cuenta con un amplio respaldo, se encuentra en un avanzado estado de tramitación y cuenta con el preceptivo visado de la Comisión Nacional de la Competencia en los Mercados", advirtieron las organizaciones.
Para los firmantes, esta situación supone un bloqueo para la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, "por lo que los ministerios deberían trabajar para llegar a un consenso basándose en el borrador publicado por el Ministerio de Consumo, para que se pueda aprobar el real decreto".
Como miembros de organizaciones públicas, científicas, no gubernamentales y de la sociedad civil que han participado activamente en este plan solicitan al Gobierno "que apruebe a la mayor brevedad el Real Decreto que regula Publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a niños".
Todos estos organismos confían en que esta política "no solo cuenta con sólidos fundamentos éticos y científicos, sino que también presenta las garantías legales obligatorias para ser aprobada".