La Asamblea Nacional de Hungría aprobó el martes una ley contra la pedofilia, un trastorno por el que personas adultas se sienten atraídas sexualmente por menores. Sin embargo, esta ley ha generado mucha polémica porque vincula este trastorno al colectivo homosexual y se utiliza para limitar sus derechos, según denuncian varias organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTBI.
Así, la nueva ley impide hablar sobre homosexualidad o cambio de género en las charlas de educación sexual que se realizan en los centros educativos. También prohíbe la retransmisión de programas para menores de 18 años que contengan temática LGTBI en la televisión. El gobierno creará un registro con las personas que infrinjan la nueva normativa, que podrían ser condenadas hasta 20 años de cárcel.
El día antes de la votación, miles de personas se manifestaron frente al parlamento para protestar contra la ley y denunciar la persecución del colectivo LGTBI por parte del gobierno húngaro.
La votación de esta controvertida ley ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del Fidesz, el partido del gobierno, que controla 157 de los 199 diputados de la Asamblea Nacional.
Este partido de ultraderecha, conservador y religioso, ya ha aprobado varias leyes que afectan a los derechos LGTBI. El año pasado aprobó una ley que prohíbe adoptar a las parejas del mismo sexo y que impide a las personas trans registrar oficialmente su cambio de sexo.
La deriva autoritaria de Orbán
El presidente Viktor Orbán gobierna en Hungría desde 2010. Durante estos años, su mandato ha estado marcado por unas políticas autoritarias con las que ha limitado los derechos y libertades de los ciudadanos.
Durante los primeros meses de pandemia, por ejemplo, amplió el estado de alarma de forma indefinida para gobernar sin oposición: se suspendieron las sesiones del parlamento y el gobierno podía aprobar leyes por decreto (sin necesidad de ser debatidas ni votadas). Además, con la excusa de eliminar las fake news y la desinformación sobre el virus, se ha perseguido a varios periodistas y medios de comunicación.
La censura contra los medios y la falta de libertad de prensa es una de las principales críticas a Orbán, que a través de la presión económica ha conseguido colocar a periodistas afines en todas las televisiones, radios y periódicos nacionales. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, Hungría ocupa el puesto 92 de 180 (antes de la llegada de Orbán al poder, ocupaba el puesto 23).
Durante la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de refugiados intentaban llegar a Europa huyendo de los conflictos en Siria y otros países de Oriente Medio, el gobierno húngaro hizo construir una valla en la frontera con Serbia y Croacia para evitar su paso, contraviniendo las políticas de acogida europeas. En 2018 aprobó una ley que castigaba a las personas que ofrecieran ayuda o asesoramiento legal a los inmigrantes irregulares.
En 2018 se aprobó una reforma laboral que también provocó protestas en todo el país. La llamada “ley de esclavitud” aumentaba de 250 a 400 las horas extra obligatorias que las empresas podían exigir a los trabajadores. La nueva norma respondía a la falta de mano de obra en el país, aunque esta necesidad no ha hecho cambiar las políticas antiinmigración.
La Unión Europea, de la que Hungría es país miembro, ha exigido a Orbán que rectifique sus políticas autoritarias bajo la amenaza de sanciones económicas, aunque de momento no se han llevado a cabo.
Los derechos LGTBIQ+ en el mundo
Cada vez más gobiernos reconocen los derechos de los homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales. Pero en algunos países, formar parte del colectivo LGBTI es todavía un tabú y se castiga con la cárcel o incluso la muerte.
La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) elabora cada año un Informe de Homofobia de Estado, que recoge las leyes que regulan las relaciones homosexuales en los 193 estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según la edición 2020 del informe, hay 67 países en los que la ley penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La pena de muerte es el castigo prescrito en seis de estos países: Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (en 12 estados del norte del país) y Yemen.
Por otro lado, en más de 40 países existen limitaciones sobre la libertad de expresión en cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género. En Brasil, por ejemplo, existen varias leyes locales que prohíben la llamada “ideología de género”, mientras que en Turquía la ley permite bloquear páginas web y detener a activistas LGTBI.
Fuentes: Europa Press, Euronews
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