¿Qué es un pasaporte de inmunidad?
Coronavirus
El documento para acreditar que hemos pasado la Covid-19 suscita dudas y críticas por razones técnicas y éticas
Los resultados de las pruebas para saber si hemos pasado el coronavirus todavía no son completamente fiables.
Mientras esperamos la vacuna para la Covid-19 , los estados e instituciones sanitarias buscan fórmulas para controlar la pandemia. Una de las medidas que se plantean algunos países, y que está envuelta en una gran polémica, es el pasaporte de inmunidad.
Este pasaporte funcionaría como un documento para certificar que la persona ha pasado la enfermedad y, por lo tanto, habría desarrollado inmunidad contra el virus. En teoría, la idea de este pasaporte es que las personas que los posean no deban cumplir con algunas de las restricciones que impuestas debido a la pandemia .
Por esta razón, países como España, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o Chile se han llegado a plantear impulsar el pasaporte de inmunidad.
Pero la realidad es que la comunidad científica y organismos sanitarios internacionales rechazan la propuesta por razones técnicas y éticas. Advierten que los pasaportes de inmunidad, actualmente, no garantizan una protección eficaz contra el coronavirus y que, además, pueden favorecer nuevas formas de discriminación.
Incluso la prestigiosa revista Nature publicó hace unas semanas un artículo con las 10 razones por las que el pasaporte inmunitario es una mala idea.
El pasaporte inmunitario no garantiza inmunidad
El certificado de inmunidad se basa en el hecho de que cuando enfermamos debido a un virus y nos curamos, el sistema inmunitario genera anticuerpos para luchar contra él en el futuro. Así pues, los defensores de este documento creen que si alguien puede demostrar que tiene los anticuerpos, podrá llevar una vida normal y trabajar, viajar o realizar actividades sociales sin miedo a los rebrotes.
Pero para demostrar que hemos pasado la Covid-19, tendríamos que hacernos un test. Y en este momento, los tests disponibles son todavía poco fiables. Se puede dar el caso de que un falso positivo en un test de anticuerpos nos haga creer que estamos inmunizados, cuando realmente no es así.
Por ejemplo, los tests más comunes, que consisten en sacar una pequeña muestra de sangre del dedo, tienen todavía un porcentaje muy alto de falsos negativos. Es decir, que el test no detecta los anticuerpos cuando sí los hay y viceversa.
Por otro lado, estudios recientes señalan que, aunque muchos pacientes recuperados de la Covid-19 tienen anticuerpos contra el virus, todavía no se sabe si todo el mundo puede producir los anticuerpos suficientes que garanticen esta supuesta inmunidad.
Cada virus funciona de forma distinta. Debido a que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, aún hay muchas cosas que se desconocen o no se saben con exactitud. Además, la respuesta al virus varía de persona a persona.
Por estas razones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en una nota publicada a finales de abril que el uso de estos certificados podría aumentar el riesgo de transmisión del virus porque “no existen datos científicos que demuestren que las personas que hayan pasado la Covid-19 y presenten anticuerpos estén protegidas frente a una segunda infección”.
Implicaciones éticas
Otra de las cuestiones que centran el debate a favor y en contra de los certificados de inmunidad son sus implicaciones éticas.
Son muchos los expertos que alertan de que este tipo de documentos pueden abrir la vía a nuevas formas de discriminación y estigmatización y que su implantación sería incompatible con la protección de los derechos de las personas.
Con el pasaporte de inmunidad podrían llegar a darse casos de discriminación laboral. Es decir, que las empresas contraten antes a una persona con anticuerpos y que estigmatizasen a las personas no inmunes que serían calificadas como “no-empleables”, según alertan desde el Instituto de Salud Global de Barcelona, el ISGlobal .
De momento, en España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el pasaporte de inmunidad “no es necesario”. Los expertos de salud pública del Gobierno y de las comunidades de momento lo han descartado.
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