Libertad de expresión, un derecho fundamental
Derechos Humanos
El intercambio de ideas y la libertad para difundirlas promueve el conocimiento y crea sociedades más fuertes
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 reconoce el derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Esto implica también el derecho de cualquier persona a no ser molestada, juzgada o perseguida por sus opiniones, además de la libertad de poder difundir estas opiniones por cualquier medio.
Este derecho es especialmente importante para el oficio del periodismo, ya que el artículo 19 protege a los periodistas a investigar y recibir informaciones sin limitaciones. La libertad de información es un derecho fundamental que permite reducir las desigualdades entre el poder y la población y crear una sociedad más libre.
Un país democrático se nutre de las diferentes opiniones, reflexiones y pensamientos de sus habitantes, lo que contribuye a mejorar el funcionamiento de la sociedad y sus individuos. Además, poder intercambiar ideas y compartirlas en comunidad sirve para promover el aprendizaje y el conocimiento.
La mayoría de países ha desarrollado este derecho en su constitución y deben trabajar para protegerlo. En España, la Constitución de 1978 reconoce la libertad de expresión en el artículo 20.
Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Este derecho tiene sus límites cuando se vulnera la intimidad o el honor de otras personas, o bien cuando supone una incitación al odio o la violencia.
¿Dónde está el límite? Te explicamos dos casos que pusieron la libertad de opinión y expresión en el centro del debate.
Los chistes sobre Carrero Blanco
Entre 2013 y 2016, Cassandra Vera publicó en Twitter varios chistes sobre la muerte de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno español durante la dictadura franquista. Carrero Blanco fue asesinado en un atentado de la banda terrorista ETA en 1973.
En 2017, la Audiencia Nacional condenó a Vera a un año de prisión y siete años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Los jueces consideraron que sus chistes representaban un “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a las personas que “han sufrido el zarpazo del terrorismo”.
Los abogados de la tuitera recurrieron la sentencia y, en marzo de 2018, el Tribunal Supremo la absolvió de los cargos. Según la nueva sentencia, los chistes eran reprochables “social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana”, pero la condena resultaba desproporcionada.
Ofensa a las fuerzas de seguridad
El 1 de octubre de 2017, la Generalitat de Catalunya intentó llevar a cabo un referéndum de autodeterminación que no contaba con la aprobación del Estado. El Gobierno central envió a Catalunya a miles de agentes policiales para impedir la votación.
Durante esa jornada, los antidisturbios desalojaron varios colegios electorales por la fuerza. Fue una actuación controvertida: el gobierno español defendió las medidas utilizadas por los agentes, mientras que el gobierno catalán denunció el uso desproporcionado de la fuerza.
La revista satírica El Jueves retrató la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado con el siguiente titular: “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”.
Tras la publicación, el director y subdirector de la revista fueron denunciados por un sindicato de la Policía Nacional. La titular de un juzgado de Barcelona los consideró culpables de un delito de injurias, ya que tanto el texto como las ilustraciones suponían “una ofensa y una falta de respeto” para los miembros de la Policía Nacional.
El subdirector de la revista, Joan Ferrús, manifestó su disconformidad con un comunicado a través de Twitter.
Tras apelar la sentencia, la Audiencia de Barcelona archivó la causa contra los directores de la revista en mayo de 2019. El auto del juez entendía que el dibujo era “una caricatura” y defendió el derecho a la libertad de expresión.
El tema de la semana cuenta con la colaboración con la Universidad Católica de Murcia (UCAM)
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