España tiene 605.000 personas viviendo en zonas con alta probabilidad de inundación (expuestas a avenidas con un período de retorno de 10 años). Además, un total de 3,32 millones de ciudadanos reside en zonas también consideradas inundables aunque en este caso la probabilidad de quedar anegadas es baja (al estimarse un período de retorno de 500 años). Por su parte, el grado medio de esta escala afecta a 1,87 millones de personas (período de retorno de 100 años). Así, lo indica la actualización del nuevo plan de gestión de riesgo de inundaciones presentado por Javier Sánchez, subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio para la Transición Ecológica.
“Que haya 600.000 personas en zonas inundables para un período de retorno de 10 años es muchísimo”, sentenció Sánchez para recalcar que estos datos son estimaciones “muy fiables”, según dijo en una jornada de debate organizada por el Col·legi d’Enginyers de Camins.
La cartografía elaborada ha permitido identificar no solo cuántos habitantes residen en estas zonas sino qué tipo de edificios, equipamientos y servicios están en ellas y son susceptibles de sufrir daños.
En las diversas cuencas hidrográficas están catalogados como puntos de especial importancia 1.464 centros escolares, 425 residencias de personas de la tercera edad, 118 hospitales y 411 depuradoras, entre otras instalaciones y servicios cartografiados, inventariados y catalogados.
La cartografía ya es capaz de identificar con mucho más detalle a las personas residentes
En los sucesivos planes de prevención de inundaciones (se elaboran cada seis años y ahora se ultima el tercero de ellos) se ha podido disponer de información más precisa sobre la población afectada.
La metodología tiene en cuenta todas las bases del catastro, “con lo cual somos capaces de identificar ya con mucho más detalle a las personas que están viviendo en las zonas inundables”, dijo Sánchez. No obstante, “las afectaciones son mucho más grandes, puesto que en estas zonas hay, además de la gente que vive, personas que trabajan, se mueven o trabajan en ellas”.
Desde que se traspuso la directiva sobre riesgo de inundación en 2010 se han intensificado los trabajos para cartografiar las zonas inundables. Y el resultado es que hoy se dispone ya de 26.732 kilómetros de tramos cartografiados. “Nuestro objetivo sería que todos los ríos pudieran tener su cartografía de zonas inundables y en ello estamos, y ya tenemos el detalle de todas las zonas de alto riesgo de inundación”, señaló Javier Sánchez.
Ya tenemos el detalle de todas las zonas de alto riesgo de inundación
Las demarcaciones del Duero (4.348 km de cartografía), Ebro (3.707 km), Xúquer (3.408 km), Tajo (2.269 km) Cantábrico (2.206 km) y cuencas de Catalunya (2.029 km) son las que tienen una mayor cantidad de tramos con esta definición cartográfica.
La cartografía incluye las llamadas áreas con riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) o los ‘puntos negros’, delimitados a partir de la evaluación preliminar del riesgo de inundación realizada por las autoridades.
En este caso, y contando las cuencas intercomunitarias (que afectan a más de una comunidad) se han identificado más de 8.348 kilómetros de zonas de riesgo significativo y 688 zonas diferentes identificadas bajo esta consideración, según la revisión en curso. No obstante, faltan los datos de la Agència Catalana de l’Aigua.
El Ministerio ha efectuado encargos de consultoría por valor de 17,5 millones de euros, para estudiar tramos que totalizan 7.110 km.
En la dana de Valencia se inundaron zonas que no estaban cartografiadas como tales
¿Pero qué se hace con los usos del suelo en las zonas inundables? La regulación en este campo ha experimentado mejora los últimos años. La ley del Suelo incluía algunas “frases” referidas a obligaciones que eran incumplidas “sistemáticamente”.
Ahora la principal herramienta disponible es el decreto de Dominio Público Hidráulico (2023), que se ha ido “retocando” con sucesivas modificaciones y que sirve para determinar qué obras o actividades se pueden hacen en estas zonas, si bien sigue estando a debate si su definición y aplicación son correctas.
La norma establece las autorizaciones de actividades y obras para ocupar el suelo según la peligrosidad y probabilidad.
Junto al cauce, distingue una zona de servidumbre (5 metros), otra de policía (100 m), la zona de flujos preferentes en suelo rural o urbanizado y las zonas inundables. Así por ejemplo en estas últimas, si se trata de una zona rural se pueden vetar ciertas actividades, como hospitales, escuelas, industrias o actividades deportiva si hay emplazamientos alternativos. Toda la normativa parte de la base de que la zona inundable es para un período de retorno de 500 años, “aunque en la dana de Valencia se han inundado zonas que no teníamos catalogadas como zonas inundables”.
Para que actúen también los particulares
El ministerio invita a tomar medidas de adaptación, “sencillas y baratas”, para actuar frente a los riesgos de las avenidas
Sánchez se refirió a la necesidad de adoptar medidas de adaptación para afrontar las avenidas y, en este sentido, recalcó que “la forma más sencilla para protegerse que tienen las personas que viven en zonas inundable es evitar que entre el agua”. Abundó en el argumento de la existencia de un amplio abanico de guías, materiales, modelos y soluciones como ejemplos de que “por poco dinero, se puede conseguir que el agua no entre en el edificio”.
Entre otros, citó la actuación para proteger el Ayuntamiento de Los Alcáceres, en el Mar Menor, como “mejor ejemplo”. Este consistorio se inundaba frecuentemente y ahora ha sido convertido en un “búnker”. “Esperemos que cuando llegue el agua de la rambla del Albujón ya no entre el agua en el edificio; los bienes y archivos van a estar protegidos”.
Proteger garajes, sótanos y huecos de los ascensores es posible con medidas de arquitectura relativamente sencillas y baratas.
“Ya tenemos estadísticas bastante fiable de lo que cuesta adaptarse gracias a los proyectos piloto que se han implantado y para los cuales, en algunos casos, se han concedido subvenciones”, precisó.
Un caso poco edificante, hospital privado que se negaba a colaborar
Igualmente, mencionó el caso poco ejemplar de un hospital privado (eludió dar el nombre) que no ha querido completar en su edificio la protección llevada a cabo por la Administración en un río para defender la zona frente a una posible avenida de 250 m3/s. Tras las obras públicas efectuadas se han medido caudales de hasta 208 m3/s, y los gestores del hospital llegaron a agradecerlo admitiendo que “les habían salvado” de la inundación.
Pero Sánchez les advirtió: “Solo os habéis salvado hasta 250 m3/s; si bajan 251 m3/s de agua, no os salváis; ¡tenéis que gastar 130.000 euros para que no os entre el agua en el quirófano!”. Pero el hospital se resiste a tomar medidas pese a las advertencias.
Por eso, ha decidido enviarles todas los informes que desvelan ese riesgo para evitar una posible reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración en el caso de que se produjera un siniestro
El río Ulzama pasa, en la localidad navarra de Villava (Navarra). La lluvia y la nieve provocó el desbordamientos de los ríos Arga y Ulzama en febrero de 2024
Las actuaciones en los ríos son una mezcla de protección frente a inundaciones y restauración fluvial
Por otra parte, la Administración central lleva a cabo actualmente, a través de las confederaciones, obras que totalizan 1.400 kilómetros de cauce y que son una mezcla entre trabajos de protección frente a inundaciones y restauración fluvial. La más importante, que se desarrolla por fases se realiza en el río Arga, en Funes (Navarra), y consiste en la recuperación de los antiguos meandros fluviales, a fin de incrementar la capacidad de desagüe del cauce y recuperar ecosistemas que estaban muy degradados.
“El río Agra ha tenido varias crecidas y la población de Funes están encantada de cómo fluye el río, mucho mejor ahora”, dijo Sánchez. No obstante, se han dado algunas inundaciones pero el subdirector sostiene que también es necesaria la “adaptación” por parte de los afectados.
Esta obra se diseñó en 2008 pero la realización del proyecto se demoró ocho años (pese a estar aprobado y la tramitación ambiental resuelta), al estar bloqueada hasta que se jubiló el alcalde, su gran opositor.
El alcalde rechazaba la idea de la renaturalización del río con el argumento de que la expansión del visón europeo llevaría la peste al pueblo. “Y que lo había que hacer con el visón era matarlo.
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El reparto del dinero, por comunidades
“Nunca hemos hecho tantas obras en los ríos como ahora”. Actualmente, unos 400 millones de euros del plan de recuperación y resiliencia ha sido destinados a obras de recuperación ambiental, protección de cauces y prevención de inundaciones. De esta suma, 100 millones se han destinado a las comunidades autónomas (30 a la Comunidad Valenciana).
Se hecho una transferencia de 75 millones, repartida según la proporción de las áreas de riesgo. Para los ayuntamientos se abrió una convocatoria pública para que presentaran proyectos con esta misma finalidad (a través de la Fundación Biodiversidad), ya en ejecución.
Las comunidades de Aragón, Navarra y la Rioja, que suelen verse afectadas por las riadas del Ebro, recibieron adicionalmente una aportación específica de 10 millones de euros para trabajar en el eje del Ebro. Además, tras la dana del 19 de octubre, se entregaron otros 10 millones de euros a la Comunidad Valenciana para trabajar conjuntamente con la Administración central para prevenir inundaciones en la parte de la cuenca del Segura. Otras ayudas fueron para el delta del Ebro y la Agència Catalana de l’Aigua, que ha elaborado su cartografía.
Ya se ha pagado la mitad
Se espera que las indemnizaciones por la dana alcancen los 3000 millones de euros
Hasta el 30 de enero el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado ya unos 1.500 millones de euros en indemnizaciones por los bienes asegurados afectadas por la dana de Valencia. No obstante, se espera que, a media que se vaya completando esta evaluación, la cifra de las indemnizaciones puede elevarse hasta elevarse a daños cifrados en unos 3.000 millones de euros aproximadamente.
Esta cantidad es el triple de la máxima indemnización que ha sido pagado hasta ahora, y que corresponde a las indemnizaciones sufragadas en el País Vasco por temporales de 1983.
El fondo del Consorcio de Compensación de Seguros está dotado de entre 7,000 y 8.000 millones de euros para estas pérdidas, y afrontar todas estas indemnizaciones está suponiendo u esfuerzo enorme ante la magnitud de este suceso.
Habitualmente, las principales indemnizaciones de este tipo han correspondido a sucesos localizados en el Mediterráneo y el País Vasco, que son las zonas donde hay “más bienes expuestos y más dinero”. En los últimos años la zona de la cuenca del Segura ha sido el verdadera punto negro porque es la que más ha sufrido los sucesos de inundación con reiteración.
