El “ineficaz” reparto de menores migrantes entre comunidades colapsa Canarias
Crisis migratoria
Unicef denuncia que el sistema no funciona y se están vulnerando derechos de los niños y jóvenes migrantes: de los 378 traslados comprometidos en el 2022, aún queda un 36% por completar
Sánchez viaja a Mauritania con Von der Leyen para frenar la salida de cayucos hacia Canarias
Cruz Roja atiende a inmigrantes, entre ellos varios menores, llegados a La Santa, en el noroeste de Lanzarote
Unos 5.500 menores extranjeros no acompañados están siendo atendidos por el sistema de protección de Canarias, que sigue sufriendo una crisis migratoria sin precedentes. Para ilustrar el colapso que sufre el archipiélago, el presidente Fernando Clavijo suele recurrir a la siguiente comparación: Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, tutela a 11.700 menores. Las islas, con 2,2 millones de residentes, poco menos de la mitad.
El sistema de derivación de niños y adolescentes a otras comunidades autónomas, en consideración de Unicef, “no está funcionando”. Más de la mitad de las regiones ni tan siquiera han completado el traslado de los menores extranjeros a los que se comprometieron en el 2022. De los 378 niños migrantes que firmaron acoger en sus territorios hace dos años, aún no han sido recibidos 139, según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Cantabria, Catalunya y Madrid, las más rezagadas con una veintena pendiente. Y se planificaron otros 381 para el 2023...
El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con el Ejecutivo autonómico a modificar la ley para que el reparto –hasta ahora a merced de la buena voluntad de las comunidades– pase a ser obligatorio. Pero mientras esta reforma llega a buen puerto, el sistema de acogida canario no da más de sí. Y a la agencia de las Naciones Unidas le inquieta que se estén incumpliendo los derechos fundamentales de la infancia en las islas.
La cifra seguirá aumentando
No se estima que cesen las llegadas, además hay 1.500 adolescentes pendientes del test
La cifra de 5.500 menores ahora tutelados seguirá subiendo. No solo por la nueva oleada de cayucos procedentes de Mauritania que se ha activado hace unas semanas, sino también porque aún hay unos 1.500 niños y adolescentes pendientes de someterse a las pruebas que determinen sus edades. Una situación que, según denuncian las oenegés sobre el terreno, está provocando listas interminables de menores no escolarizados, falta de formación profesional a aquellos que están en edad de trabajar o la ausencia de asistencia psicólogica aún con lutos pendientes. “El sistema no es solo darle un techo o comida”, recuerdan en Unicef, desde donde critican que la distribución de competencias “no puede vulnerar los derechos de la infancia”.
A diferencia de lo que ocurre en Ceuta y Melilla, donde los jóvenes suelen escaparse de los centros y malviven en la calle hasta intentar cruzar a la Península, en el archipiélago canario las organizaciones que trabajan sobre el terreno no están detectando presencia de adolescentes por la vía pública, puesto que las posibilidades de salir de las islas son nulas. “Hay centros abarrotados, con niños sin ir a clase: viendo los días pasar”, alerta desde el fondo para la infancia.
El sistema para menores migrantes no acompañados es distinto al de los adultos. El primero depende de las comunidades, mientras que el segundo –integral– recae en el Ministerio de Inclusión. Cuando hay que hacer frente a una situación de emergencia –como la crisis migratoria del pasado otoño–, las plazas en el sistema de adultos las distribuye el Gobierno. Ya sean recursos disponibles o nuevos en hoteles, albergues o cuarteles militares. En el de menores no se pueden llevar a cabo los traslados hasta que cada comunidad informe de que tiene plazas libres en su territorio. Y en este punto, según Unicef, “falta transparencia”. Es decir, que el traslado solo se produce si la comunidad dice tener hueco.
La mayoría de las comunidades defiende que su sistema de tutela de menores extranjeros no acompañados está al máximo. Además, algunas autonomías han denunciado que han recibido en este tiempo –desde Ceuta, Melilla o Canarias– a menores que fueron identificados en origen como adultos. Al ser detectados los errores, los adolescentes pasaron al sistema de menores, ocupando plazas que habían sido comprometidas.