El Gobierno ha dado luz verde al currículum básico de la etapa de primaria, el segundo de los cinco currículos que desarrollan la nueva ley de educación (Lomloe) y que deben empezar a aplicarse a partir del curso 2022-2023. El primero, publicado el 1 de febrero, fue el de la educación infantil que comprende, por primera vez, el primer ciclo de 0-3 años. Faltan aún el de la ESO y FP básica, bachillerato y formación profesional (FP), que están en la última fase, pendientes de la aprobación por parte del Consejo de Estado.
La comunidad educativa ha celebrado, en general, el enfoque más innovador y competencial del currículum aunque sindicatos y asociaciones de padres critican el exceso de “abstracción” del texto, el poco plazo que tienen las escuelas para aplicarlo y formar a los docentes (falta el desarrollo de las comunidades autónomas), la poca concreción de los contenidos y la dificultad de atender a los alumnos que se retrasan sin que los centros educativos cuenten con más recursos económicos.
El modelo competencial propuesto apuesta por una jornada escolar menos rígida, sin una organización departamental por asignaturas, y en el que prima el trabajo colaborativo. Es un cambio de cultura que se aleja de la tradición de calificar el conocimiento de contenidos fragmentados en materias y apuesta por evaluar aprendizajes competenciales en diferentes áreas de conocimiento.
El Gobierno establece que la finalidad esencial en esta etapa es facilitar los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas y matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Se establecen ocho competencias clave: comunicación lingüística; plurilingüe; matemática, ciencia, tecnología e ingeniería; digital; personal, social y de aprender a aprender; ciudadana; emprendedora; y conciencia y expresión cultural.
El currículo recupera la ordenación de los tres ciclos de dos cursos cada uno, para respetar el ritmo de crecimiento y madurez de los niños, e incorpora la perspectiva de la desigualdad social y cultural de la que parten los alumnos. Los alumnos no podrán repetir más que una vez en toda la etapa y esa decisión, “una medida excepcional”, deberá ser colegiada por todo el claustro. Se abandona la concepción numérica de las notas en el acta de evaluación (del 1 al 10) por una descripción más cualitativa (de sobresaliente a insuficiente), más en línea con un proceso de evaluación “global, continuo y formativo”. Cabe recordar que Catalunya establece su propia manera de evaluar (por logros) en las notas que entregan a las familias.
En cuestiones más concretas, el currículum incluye la asignatura de educación en valores cívicos y éticos en 5.º o 6.º y aumentan las horas de algunas materias en detrimento de religión, que será optativa y no contará en la nota media del expediente. No habrá una asignatura espejo para aquellos niños que no la cursen.
La reducción de horas de religión se ceden a favor de educación artística, conocimiento del medio, matemáticas y castellano. Las áreas que se impartirán en todos los cursos son: conocimiento del medio natural, social y cultural, que se podrá desdoblar en ciencias de la naturaleza y ciencias sociales; educación artística, que se podrá desdoblar en plástica y visual, por una parte, y música y danza, por otra; educación física; lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura; lengua extranjera y matemáticas. Además, será obligatorio dedicar un tiempo diario a la lectura.
El Govern crea un consejo para impulsar el catalán
La Generalitat ha creado un consejo lingüístico asesor, presidido por la lingüista Carme Junyent, que definirá las estrategias para impulsar el catalán en las escuelas. El consejo asesorará en la reafirmación de la vehicularidad del catalán en las escuelas, en la revisión y actualización de los proyectos lingüísticos, y en las iniciativas del Departament d’Educació. Está integrado por la presidenta del Institut d’Estudis Catalanas, Teresa Cabré, Carla Benet, Joan Manuel del Pozo, Jaume Ametller, Marina Massaguer, Màrius Serra, Pau Gisé, Immaculada Buñuel, Héctor Ruiz, Jesús Viñas, Eva Pons, Marina Gay, Conxita Gimeno, Olga Quesada y Alba Granell.
El real decreto de enseñanzas mínimas establece entre el 50% y el 60% de los conocimientos básicos que todos los niños deben aprender entre los 6 y 12 años dentro del horario escolar. Los gobiernos autonómicos desarrollan el porcentaje restante a su criterio. En Catalunya, dado el retraso con el que el Gobierno los está publicando, se ha decidido elaborar y compartir con el profesorado unos borradores finales que dejan el 20% del horario escolar en manos de los centros educativos. El decreto que apruebe el Govern será el que se aplicará finalmente, empezando por los cursos impares el próximo septiembre.
Desde todas las áreas debe promoverse la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.