Ofensiva del Gobierno contra el ‘pin parental’ por vulnerar derechos del niño
Celaá pide a Murcia su retirada y Montero recurre al pacto de violencia machista
El pin parental o la censura educativa (en palabras de Irene Montero) vulnera los derechos de los niños a ser educados. Por ese motivo, el Gobierno va a luchar contra la decisión del Gobierno de Murcia de elevar una instrucción que permitía la implantación de esta medida a decreto. Así lo indicaron ayer tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros la ministra portavoz, María Jesús Montero, la de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero, que salieron en tropel para presentar cara a la polémica decisión adoptada por un Gobierno regional en manos del PP y Cs con el apoyo de Vox.
Precisamente ha sido la formación de ultraderecha la que puso sobre la mesa la implantación de esa censura educativa (requisito para apoyar los presupuestos regionales) . El pin parental permite a los padres autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier actividad complementaria (y por lo tanto, que forma parte del currículum) programada por el centro.
La ministra de Igualdad: “Los hijos de padres homófobos tienen el derecho a ser educados en valores igualitarios”
La mayoría de esas actividades, que son aprobadas por el Consejo Escolar (integrado por la dirección del centro, profesores y padres) tiene que ver con la realización de talleres preparados por sus docentes en horas lectivas en las que se traten temas como la diversidad afectivo-sexual. Se trata en definitiva de una especie de objeción de conciencia de los padres en relación a la educación de sus hijos.
Esta medida no está contemplada en la legislación. De hecho, asegura Celaá, va en contra de la propia Constitución, de los derechos humanos y de los derechos de los niños. Porque los niños, reiteró, tienen derecho a recibir una educación en libertad. “Podríamos llegar a absurdos como que surgiera un grupo antivacunas que no quisiera que los niños fueran educados en la importancia terapéutica que pueda tener una vacuna, o grupos que pensaran que las mujeres o niñas, por serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los niños”.“Los hijos no pertenecen a los padres”, reiteró.
Además, apuntó Celaá, esta medida excede las competencias del centro educativo y su autonomía para diseñar el currículum reconocido por la ley que aprobó el PP.
Por ello, han enviado un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire esa instrucción. En caso de no hacerlo, acudirán a los tribunales.
La ministra Irene Montero, por su parte, comparecerá a petición propia en la comisión del pacto de Estado contra la Violencia de Género al considerar que el pin parental va en contra de ese acuerdo que todos los partidos suscribieron (el pacto incluye la educación afectivo-sexual como instrumento básico para eliminar la violencia machista). “Los hijos e hijas de padres homófobos tienen el derecho a ser educados en los valores igualitarios, es uno de los pilares de la democracia”, indicó.
El PP, por su parte, defiende el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias, y Cs mantiene esa ambigüedad que le lleva a rechazar el pin parental pero permitir su implantación en los gobiernos en los que participa. Vox pretende extender esta medida a Andalucía y Madrid.