El Consejo de Europa da buena nota al euskera y el catalán y suspende al gallego

Riqueza lingüística

Un informe recomienda a España proteger mejor sus lenguas minoritarias

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La justicia es uno de los ámbitos donde el Estado debe mejorar la garantía del uso del catalán; en la foto, la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet

Roser Vilallonga / ARCHIVO

El Consejo de Europa, el organismo con sede en Estrasburgo que vela por el respeto de las libertades fundamentales y el Estado de derecho, se ocupa también de la defensa de las lenguas regionales y minoritarias. En su último informe sobre España, sacan buena nota el País Vasco y Catalunya por lo que respecta al euskera y el catalán–, pero otras comunidades autónomas –sobre todo, Galicia– son criticadas por su política. Al Gobierno central se le insta a dar más pasos para preservar la riqueza lingüística, entre ellos garantizar su uso en la justicia.

El análisis, elaborado por un grupo de expertos y avalado por el comité de ministros del Consejo de Europa, repasa de modo muy pormenorizado el cumplimiento de las recomendaciones hechas en informes anteriores y el estado de salud de cada lengua. Se llega al detalle de constatar qué ocurre con el catalán en Aragón o en Murcia, o con los hablantes del leonés, del asturiano, del portugués de Extremadura o del caló.

La política en el País Vasco es muy elogiada por sus resultados. El número de hablantes de euskera en la franja de edad entre los 16 y los 24 años ha pasado del 25% en 1991 al 71,4% en el 2016.

En cuanto a Catalunya, el informe se hace eco de las quejas de las autoridades catalanas por las “acciones legales sistemáticas” del Gobierno central contra algunas leyes que intentan elevar el estatus del catalán.

En el caso del catalán, se insta a garantizar su uso en la justicia, sanidad y residencias de ancianos

Entre las “recomendaciones para una acción inmediata” se destaca la enmienda de la ley orgánica del Poder Judicial para asegurar que el catalán pueda usarse en los procedimientos judiciales a petición de una de las partes. Se trata de una petición general que afecta a otras lenguas minoritarias. También se exhorta al uso del catalán por los órganos de la Administración central situados en Catalunya. Otras recomendaciones tienen que ver con el aumento de la utilización del catalán en el sistema de salud y en servicios sociales como las residencias de ancianos, así como una mejor inclusión de la lengua autóctona en las instrucciones de seguridad.

La situación del “valenciano/catalán” (esa es la denominación que usa el informe) es juzgada de modo mucho más severo. Se critica una legislación que pone trabas a la inmersión lingüística y una formación universitaria en la que domina claramente el castellano. El informe cita entre “los problemas irresueltos” la ausencia de una cobertura interregional de televisión en los territorios catalanes y valencianos.

Al Gobierno de Aragón se le recomienda incluir el catalán en el Estatuto de Autonomía y elevar la conciencia de la población sobre la presencia del catalán en la comunidad autónoma, amén de tomar medidas a favor del uso del catalán en las administraciones locales y regionales.

Una de las peores notas se la lleva Galicia, tanto por la política de sus autoridades autonómicas como por la parte que le corresponde al Estado. El Consejo de Europa advierte que la situación del gallego ha empeorado de manera significativa, especialmente en el sector de la educación, y que su transmisión de padres a hijos ya no está garantizada.

Francia no ha firmado el tratado

España suscribió la Carta Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias en 1992 y la ratificó en el 2001. Es uno de los 25 países que lo han hecho, entre ellos el Reino Unido, Suiza y Alemania. Francia no está en la lista. Si fuera sometida al mismo examen que España, su nota sería infinitamente peor. París suscribió en 1999 el documento pero su Parlamento aún no lo ha ratificado. Hay una alergia histórica a cuestionar la preeminencia absoluta del francés. Lenguas como el bretón, el corso, el occitano, el catalán o el alsaciano luchan por sobrevivir en sus territorios históricos originales. La nueva ley sobre el bachillerato quita relevancia al aprendizaje de las lenguas regionales, que ya era muy débil, lo cual ha colocado en pie de guerra a sus románticos defensores. La situación del euskera es quizás la única excepción, en parte por la buena dinámica al otro lado de la frontera. Allí el bilingüismo ha crecido.

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