Proliferan las empresas especializadas en desalojar pisos ocupados
Un trabajo controvertido
Una campaña en Barcelona trata de torpedear la labor de los desocupadores de viviendas
Un hombre utiliza una herramienta especial para abrir una cerradura de una vivienda
Los delitos de usurpación de vivienda se han duplicado en los últimos años. Si en 2013 los procedimientos iniciados por este delito fueron 12.569, dos años después la cifra ascendió a 27.263, según datos de la Fiscalía General del Estado. Aunque este tipo de conductas se dirigen sobre todo a viviendas en manos de entidades financieras, también afecta a particulares, que pueden tardar meses, a veces años, en recuperar la propiedad de sus inmuebles. En este contexto proliferan las empresas especializadas en desocupar viviendas.
Una de las víctimas del delito al alza de la usurpación de propiedades privadas es Victoria Pujante –seudónimo para preservar el anonimato de esta empresaria-, que llega acalorada a la sede barcelonesa de la conocida empresa Desokupa dedicada a desalojar pisos. Desde hace unos meses le han ocupado un local de su propiedad ubicado en el barrio de Gràcia.“Molestan a los vecinos, tienen la luz pinchada de la calle y la última factura de agua subía a más de 400 euros”, se lamenta, y explica que tras consultar a un abogado que le advirtió que el proceso podría alargarse dos años, ha decidido decantarse por esta alternativa menos convencional.
Somos muy valientes y analizamos muy bien lo que podemos hacer porque el riesgo que tenemos es muy alto
Responsable de Desokupa
Su esperanza es que los servicios de Desokupa, por los que está dispuesta a pagar 3.000 euros, le ayuden a recuperar la posesión del local. La empresa se ha hecho famosa por sus “operativos” con hombres forzudos, todos expertos en boxeo y artes marciales, que intimidan con su presencia a ocupantes ilegales de propiedades privadas. Unas actuaciones dentro del marco legal, según la compañía, pero que de momento le ha costado una demanda admitida a trámite.
La querella criminal la interpuso el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) por el desalojo hace un año del edificio Can Dimoni, ubicado en Gràcia, uno de los barrios barceloneses donde Desokupa reconoce que se encuentra con mayores dificultades para actuar. De hecho, al local ocupado de Victoria no llevarán a sus hombres “armarios”, sino que se limitarán a “negociar” ofreciendo dinero a los intrusos para que se marchen.
“Somos muy valientes y analizamos muy bien lo que podemos hacer porque el riesgo que tenemos es muy alto”, comenta a La Vanguardia uno de los responsables de la compañía, que ha llevado a cabo más de 300 desalojos extrajudiciales en su primer año de trayectoria y recibe una cincuentena de llamadas diarias procedentes de toda España. Por este motivo planea extenderse por otras partes del territorio español con la apertura de una docena de franquicias.
A tenor de la gran demanda de este servicio, otros empresarios se han lanzado a invertir en el lucrativo negocio de desocupar inmuebles. Un ejemplo es el de Eviction, empresa constituida hace pocos meses “bajo un parámetro totalmente mediador con el objetivo de intentar arreglar conflictos de ocupaciones ilegales”, según comenta un portavoz de la compañía.
Desokupar sólo mediando
Fuentes de Eviction aseguran que su receta, sin técnicas coercitivas ni violentas, ha conseguido resolver cerca de 54 desocupaciones en Barcelona y Madrid. Una de las últimas realizadas afectaba a una familia de Badalona que acababa de hipotecarse por un dúplex nuevo que fue ocupado dos días después de firmar escrituras. En tan sólo dos horas, aseveran, consiguieron resolver el problema pagando a los ocupas 200 euros para que abandonaran el dúplex.
La compañía sostiene que la mayoría de los casos se resuelven de manera satisfactoria, aunque reconoce que “siempre se tiene que ofrecer algo a los ocupantes”. El procedimiento es el siguiente: en primer lugar, investigan qué tipología de ocupa se encuentra dentro del inmueble -pueden ser desahuciados, familias vulnerables, okupas por ideología, mafias o individuos “que se aprovechan de la moda okupa y sólo buscan una remuneración económica para abandonar la vivienda”-. Cada caso es diferente y, a pesar de ello, el porcentaje de éxito es superior al 90%.
Siempre se tiene que ofrecer algo a los ocupantes
Portavoz de Eviction
El siguiente paso es informar al propietario de la situación y plantearle un plan de actuación. Y, seguidamente, se pasa a la fase negociadora, en la que un técnico de la compañía muestra al intruso el título de propiedad y la demanda, si la hay, para conseguir que entre en razón. “Se trata de colaborar con la persona que está dentro del inmueble para que lo abandone”, comentan desde Eviction.
Por eso no es de extrañar que acostumbren a ofrecer al ocupante una compensación económica –“que tiene que ser mínima”, matizan fuentes de la empresa- o ayudarle a hacer la mudanza mientras un guardia de seguridad vigila en la puerta hasta que el inmueble queda desocupado. En los casos en los que el inquilino en situación irregular no tiene medios para conseguir otra vivienda, según explica un portavoz, la misma empresa se encarga de avisar a servicios sociales.
El director de Desokupa, Daniel Esteve, negociando con unos ocupas
Pero el trabajo de recuperar propiedades usurpadas entraña un cierto riesgo. Más allá de la posibilidad de que el usurpador pueda interponer una demanda por intimidación o coacción, los desocupadores de viviendas reconocen que se enfrentan a peligros mayores. A menudo son recibidos por los okupas “con una sartén en la mano, una navaja o un cuchillo”. “Hay que estar preparados”, comenta el portavoz de Eviction.
Tampoco lo tienen fácil en barrios como el de Gràcia o el Raval, donde se encuentran con fuertes resistencias a la hora de llevar a cabo su cometido. En estas zonas hay colectivos altamente organizados que, por medio de redes sociales y aplicaciones como Whatsapp, se lanzan a la calle en defensa del ocupante ilegal de un piso objetivo de los recuperadores de viviendas.
Campaña contra Desokupa
Concretamente, un grupo barcelonés ha lanzado la campaña llamada “stopdesokupa”, cuyo objetivo es “visibilidar y combatir la contratación de matones por parte de propietarios especuladores”. La organización avisa que “hará un seguimiento jurídico y político” para frenar la acción de empresas como Desokupa, que actúan “al margen de la ley y con la complicidad de los cuerpos de seguridad”, según denuncian en su blog.
Paralelamente, en el barrio del Raval, un movimiento vecinal antidesahucios ha creado un sistema de alerta para frenar desalojos “de todos los tipos” mediante la presión ciudadana. Iñaki García, miembro de la campaña Raval Resistim, recuerda que el verano pasado cuatro o cinco empleados de Desokupa “impidieron el acceso a una finca a cualquier vecino bloqueando el portal, accedieron al piso ocupado y colocaron una alarma” con el objetivo de llevar a cabo la desocupación de la vivienda. “Esto no puede hacerlo una empresa de seguridad”, asevera.
Existe este problema, pero se utiliza para defender que la mayoría de ocupaciones son así, y esto no es cierto
Iñaki García
Raval Resistim
A pesar de su postura crítica con este modo de proceder, reconoce que hay “mafias pequeñas” que usurpan viviendas para hacer negocio, aunque matiza que “son muy pocos” los pisos de particulares que se encuentran en esta situación. De hecho, recientemente, el presidente del grupo municipal de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, fue víctima de un intento de ocupación de su vivienda habitual, ubicada en el barrio Gótico, tal como recogió La Vanguardia.
“Existe este problema, pero se utiliza para defender que la mayoría de ocupaciones son así, y esto no es cierto”, se queja Iñaki García de Raval Resistim. En su barrio, explica, hay desahucios “contínuamente”, pero la mayoría son casos de impago de alquiler y de emergencia habitacional.
Edificio que había sido ocupado en la calle Benavent de Les Corts
Por el contrario, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, Enrique Vendrell, asegura que cada vez son más los pequeños propietarios afectados por ocupaciones ilegales. “Piso en el que se cuelga el letrero de ‘se alquila’, piso que potencialmente es objeto de redes mafiosas”, lamenta. También recuerda que las ocupaciones no sólo provocan perjuicios para los dueños de la vivienda, sino también para la convivencia en los edificios.
“Nos hemos equivocado teniendo tanta manga ancha durante años, especialmente en la ciudad de Barcelona”, dice Vendrell, que pide al Gobierno de Ada Colau que sea igual de beligerante con las ocupaciones ilegales que con las empresas que se dedican a desocupar. También denuncia que en la actualidad “no hay cobertura policial ante estos delitos”, ya que suelen resolverse por la vía judicial, en ocasiones con demora por el colapso que se vive en algunos juzgados.
Piso en el que se cuelga el letrero de ‘se alquila’, piso que potencialmente es objeto de redes mafiosas
Enrique Vendrell
Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida
Efectivamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicitado su postura combativa con las desocupaciones extrajudiciales con la documentación de siete intervenciones en las que se podrían “haber cometido ilegalidades” en el último año. Además, ha activado un protocolo interno para prevenir “desalojos ilegales”. Fuentes del Consistorio matizan que sólo denunciarán los casos en los que se haya actuado “de manera coercitiva”, pero no cuando la empresa se limite a establecer “una negociación con el okupa”.
El abogado penalista Javier Aguilar, del bufete Espinosa, advierte que “utilizar vías alternativas para recuperar una vivienda es arriesgarse a cometer un delito” que, incluso, puede ser más grave que el que se le puede imputar al okupa. Por ejemplo, esperar a que el indeseado inquilino salga del piso para cambiarle la cerradura puede constituir “un delito de coacciones”, recogido en el artículo 172 del Código Penal, que está penado con seis meses a tres años de cárcel o una multa de 12 a 24 meses de prisión.
Los límites de la desocupación extrajudicial
El segundo delito más extendido entre los propietarios de inmuebles ocupados que emplean medios ilícitos para echar a okupas, como la violencia o la intimidación, es la realización arbitraria del propio derecho. Este delito está penado con una multa de seis a 12 meses de cárcel.
Aguilar también avisa: la mediación es legal siempre y cuando “no se lleve a cabo en un tono intimidatorio o mediante coacciones”. En este sentido recalca que montar un dispositivo de vigilancia delante de la puerta de una vivienda –un método ampliamente extendido entre las empresas especializadas en recuperación de inmuebles- “es difícil de castigar siempre y cuando no perturbe al okupa en su vida diaria”.
Mossos durante los incidentes por el desalojo del llamado “Banc expropiat”
Otra de las dudas que asaltan a los ciudadanos víctimas de una ocupación ilegal es si deben denunciar de inmediato los hechos ante las fuerzas de seguridad o intentar resolver el asunto por sus propios medios. Puede ser que, al recurrir a una empresa mediadora, ésta aconseje por la particularidad del caso “no acudir a los Mossos d’Esquadra” de inmediato, según han explicado fuentes del sector a La Vanguardia.
Un consejo que choca con las recomendaciones de la policía catalana, que sostiene que en todos los casos hay que interponer una denuncia “lo antes posible” ante Mossos o juzgado, así como aportar la documentación que acredite la propiedad del inmueble, testimonios presenciales de los hechos y pruebas que puedan ser útiles para resolver la situación.