Multirreincidencia, ocupaciones delincuenciales y la proliferación de armas blancas y de fuego. A estos tres capítulos de la seguridad dedicó ayer parte de su intervención la comisaria Alicia Moriana, segunda al frente de los Mossos d’Esquadra, que junto al comisario jefe Miquel Esquius y el director de la policía, Josep Lluís Trapero, comparecieron en el Parlament para definir las prioridades y ejes de actuación tras estos primeros cien días con la socialista Nùria Parlon al frente de Interior y de unos Mossos que apuestan por un modelo de policía preventiva y comunitaria de protección.
Moriana y anteriormente Trapero advirtieron de la necesidad de transformar el abordaje de una nueva multirreincidencia, “especialmente compleja”, que delinque con gran impunidad. La reincidencia, advirtió el director, “es un verdadero fracaso del sistema”. Y aportó un par de datos que no por conocidos dejan de impactar. De los 2.700 delincuentes reincidentes detenidos el año pasado en Barcelona, 500 habían sido arrestados en más de tres ocasiones y 33 más de una decena de veces.
Trapero anuncia que la defensa jurídica de los Mossos volverá a depender de Interior tras la anterior etapa
Delincuentes, apuntaron, que requieren un nuevo enfoque, en proceso de definición, que está dirigido a ser más efectivos, añadió la comisaria, logrando más condenas judiciales, más medidas cautelares o que el hostigamiento policial y judicial les obligue a buscar otros lugares en los que delinquir.
En cuanto a la ocupación, Moriana advirtió que el fenómeno ha descendido pasando de los 8.400 desalojos en el 2022 a los 6.000 que se han ejecutado en lo que va de este año. En cualquier caso, la policía pone el foco en aquellas ocupaciones delincuenciales que generan inseguridad y problemas convivenciales y que están protagonizadas por grupos criminales que reutilizan las viviendas para el cultivo de marihuana o la reconversión en narcopisos.
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La marihuana ocupó parte de la intervención de los ponentes, que advirtieron de que Catalunya ha pasado, como es sabido, de espacio de tránsito a ser el principal productor de la droga que se trafica en el resto de Europa. Un mercado rentable que ha importado criminales y que tiene sus consecuencias en la presencia de armas de fuego y en el riesgo de una corrupción policial, económica y política de la que Catalunya tampoco se libra.
“Queremos impactar en mejorar la seguridad y así mejorar también la vida de la gente”, resumió la comisaria. Una idea que enlaza con un mensaje recurrente de Trapero, ahora como director y anteriormente cuando dirigía la policía catalana, de una política de seguridad con las personas y sus problemas en el eje de actuación.
De ahí que el director anunciara que este año se priorizará el refuerzo de las patrullas de seguridad ciudadana, ese ejército de uniformados que son los primeros que acuden allí donde se produce un incidente. Una prioridad acompañada de la mejora de algunas comisarías en el territorio que están en muy malas condiciones.
También anunció el director que la defensa jurídica de los Mossos d’Esquadra volverá a la Conselleria de Interior, después de que el Govern de ERC la traspasara en 2021 a Presidència en medio de las críticas por la acusación a manifestantes independentistas. Un anuncio que en el turno de réplicas contó con el rechazo de los portavoces de Esquerra y de la CUP.
Josep Lluís Trapero subrayó que la defensa jurídica de los agentes es un “ejercicio de responsabilidad” y “en ningún caso” puede derivar en un “corporativismo”, sino que lo que se busca es proteger a los agentes y proporcionarles amparo legal cuando resultan lesionados en acto de servicio y darles un “apoyo constante y diario” a su actividad.
El director también anunció que en los próximos meses estará listo un plan de evaluación de servicios para revisar las actuales prácticas policiales. “No vale quedarse con aquello de que siempre se ha hecho así”, dijo Trapero, que aseguró que esa evaluación permanente tiene como único objetivo la mejora de la policía.
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