La proposición de ley de amnistía, registrada finalmente solo con la firma del PSOE en noviembre del 2023, encarriló la nueva investidura de Pedro Sánchez y puso en marcha en España una incierta y tormentosa legislatura que quedaba en manos de Junts per Catalunya. Pero casi año y medio después, y pese a que el mandato de Sánchez sigue soportando cada día un intenso aguacero, la proposición de ley de delegación de competencias estatales en materia de inmigración a la Generalitat –registrada ayer en el Congreso, esta vez ya a iniciativa conjunta del PSOE y Junts– no solo mantiene a flote la legislatura, sino que permite al Gobierno acariciar su objetivo de presentar en el primer trimestre de este 2025 unos presupuestos generales del Estado que la doten definitivamente de estabilidad política y económica.
“El trimestre aún no ha terminado”, confió ayer la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Y, pese a admitir que “la complejidad parlamentaria no ha cambiado”, y que por tanto las relaciones con la formación de Carles Puigdemont seguirán siendo arduas, reafirmó el compromiso presupuestario de Sánchez. “En muchas ocasiones, votaciones que parecían imposibles, se han aprobado”, resaltó.
Junts saca pecho del pacto porque permite “gestionar una competencia que ejercen los estados”
La proposición de ley de delegación de competencias migratorias a la Generalitat fue recibida, como se daba por descontando en la Moncloa, por una nueva descarga de artillería pesada de Alberto Núñez Feijóo. Pero también fue rechazada por Podemos, lo que pone cuesta arriba la eventual aprobación de la propuesta que PSOE y Junts llevan un año negociando con notables altibajos y resistencias, sobre todo por parte del Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska.
El Ejecutivo, no obstante, apeló ayer a su capacidad de acordar enmiendas con los grupos de la mayoría de la investidura. Y, en ausencia de Marlaska –aquejado de una inoportuna infección bacteriana–, Alegría y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fueron las encargadas de defender la constitucionalidad del pacto migratorio. “No se cede el control de fronteras”, advirtió Saiz. Los Mossos, recalcó, estarán presentes y actuarán en las fronteras “en colaboración y coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Es decir, con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Puigdemont ve “osado” hablar de nuevas cuentas, pero admite que “la desconfianza ha disminuido”
El Gobierno se esforzó por garantizar que el acuerdo no desborda el marco de la Constitución, ya que se ajusta al artículo 150.2 que establece que el Estado podrá delegar en las comunidades, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, como es la inmigración. “Mucho cuidado con el lenguaje”, recetó Saiz. “No es una cesión, es una delegación de competencias que se contempla en la Constitución”, recalcó. “Y no se compromete en modo alguno la seguridad nacional, los Mossos son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, alegan en la Moncloa. Saiz resaltó que la “colaboración y coordinación” de Mossos con Policía y Guardia Civil es una “buena muestra de que el Estado funciona”.
Pero ya se puso en guardia ante la ofensiva del PP contra esta delegación de competencias a la Generalitat, que Saiz recordó que ya reclamó en 1992. Y volvió a esgrimir el pacto del Majestic de 1997 entre José María Aznar y Jordi Pujol, para que CiU apoyara la investidura como presidente del entonces líder del PP. Aquel pacto, recordó, incluyó la transferencia del 30% del IRPF y de las competencias de Tráfico a la Generalitat, la gestión directa de los puertos y la ordenación del litoral. “Es inconcebible que Aznar califique ese acuerdo de bueno para España porque lo suscribe el PP, pero si el PSOE alcanza acuerdos rompe España y atenta contra el Estado”, replicó Saiz. Y demandó “coherencia y rigor”, ahora, a Feijóo.
El Gobierno defiende la constitucionalidad del acuerdo: “No se cede el control de fronteras”
Por su parte, Junts per Catalunya ensalzó la entente. Su presidente, Carles Puigdemont, elogió dicho pacto porque permite “gestionar al sistema político e institucional catalán una competencia que ejercen los estados” y hará que “Catalunya esté más preparada para el futuro como nación”.
El líder de JxCat indicó que el acuerdo es “clave” porque “sin inmigración no hay progreso, pero también sabemos que sin integración no hay nación”. A su juicio, “con el actual modelo de gestión no se podían garantizar ambas cosas”. La formación posconvergente puso de relieve que se incluya la expedición de permisos de residencia y trabajo, la intervención en los procedimientos administrativos para las expulsiones o la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
La ministra Elma Saiz esgrime ante el PP el pacto del Majestic que Aznar y Pujol sellaron en 1997
Puigdemont admitió que “la desconfianza” con el PSOE “ha disminuido”. Pese a ello, quiso destacar que seguirán negociando “pieza a pieza”: “Es un punto importante de cumplimiento. No cambia nada porque pone esta carpeta al día pero hay otras que están en números rojos”. En esta línea, apuntó que es “osado” hablar de presupuestos, aunque sin cerrarse a ello: “Una cosa no prejuzga la otra. Si el Gobierno tiene la intención de acelerar carpetas pendientes, nosotros encantados, pero no mezclemos temas”.
Desde esta perspectiva, el secretario general de Junts, Jordi Turull, defendió que el pacto es una “muestra” de que retirar la votación sobre la cuestión de confianza –pese al “desgaste e incomprensión”– “no fue erróneo”. “El acuerdo nos echa del café para todos porque fortalece la soberanía de Catalunya”, presumió.
