El PSOE y Junts per Catalunya han registrado este martes por la mañana la proposición de ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración. El acuerdo, que se ha negociado durante más de un año, se cerró ayer después de que en las últimas semanas se acercaran posiciones en los principales escollos: el control de fronteras, la expedición de los NIE o la apertura de expedientes de expulsión.
Los posconvergentes retiraron la semana pasada la votación para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se sometiera a una cuestión de confianza. Tras acceder a la petición que les hizo el mediador internacional, las negociaciones entre socialistas y JxCat se encarrilaron para empezar a sellar carpetas por resolver. Ambos partidos reconocen que la entente por la cuestión migratoria “supone un paso muy significativo en el método y sentido político” que inspira el acuerdo que alcanzaron en Bruselas para investir a Sánchez en noviembre de 2023.
¿Cómo se concreta la transferencia de competencias?
Las competencias en esta cuestión son de titularidad estatal como recoge el artículo 149 de la Constitución. Pese a ello, el 150.2 de la Carta Magna concreta la vía por la que se puede transferir o delegar dichos aspectos. En este caso, se trata de una delegación competencial que se sustancia mediante una ley orgánica.
En específico, el artículo indica que “el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. “La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”, se añade. Esta proposición de ley ya está en el registro de la Cámara Baja, y deberá contar con el apoyo de la mayoría que dio respaldo a la investidura de Pedro Sánchez para poder materializarse.
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El papel de los Mossos en el control de las fronteras
Un aspecto nuclear de las conversaciones entre socialistas y posconvergentes ha sido el control de las fronteras. En el comunicado hecho público por ambas formaciones tras oficializar el acuerdo, se explica que la policía catalana “gestionará la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional”.
En paralelo, los Mossos “estarán en la frontera” y su actuación será “en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, con la finalidad de “cumplir las competencias de esta ley”. Así pues, se apuesta por un modelo de cogestión. Para estas tareas, el pacto incluye un incremento de 1.800 efectivos de la policía catalana hasta alcanzar los 26.800 agentes.
Gestión de los CIE y de las expulsiones
La proposición de ley otorga a la Generalitat competencias para los procedimientos administrativos, incluidas la resolución y ejecución de las mismas. Catalunya podrá instruir y ejecutar expulsiones que no requieran expediente y podrá gestionar las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada.
Ahora bien, aquellas expulsiones que requieran expediente “se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya”. En este caso, la Generalitat propondrá y el Estado resolverá. Por otro lado, la administración catalana gestionará íntegramente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Los permisos de residencia y expedición de los NIE
En la letra pequeña del entendimiento se expone que la Generalitat se configura como una “ventanilla única” para las “autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración”. En cuanto al documento de identidad de los extranjeros (NIE), la Generalitat los expedirá a partir del registro del Estado.
Contrataciones en origen y aprendizaje lingüístico
Otros puntos destacables de la ley tienen que ver con las contrataciones en origen y la lengua. Sobre la primera cuestión, Catalunya “podrá determinar al lado de sus empresas y sindicatos los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros”. En cuanto al segundo aspecto, el comunicado se limita a indicar que “se aplicaran las previsiones vigentes en materia lingüística en el ejercicio de las competencias delegadas”.
Una competencia adicional para los Mossos será la relativa a la “prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de tráfico y explotación de seres humanos”.
Con dicho acuerdo, el PSOE y JxCat apuntan que “Catalunya podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, porque en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado”.