Tras varios tira y afloja, esta vez sí que se avistó la definitiva. El PSOE y Junts per Catalunya han cerrado el acuerdo para la delegación de competencias en inmigración tras un acelerón en los últimos días. Según fuentes conocedoras de la negociación, el anuncio oficial es inminente y su presentación se puede materializar esta misma semana.
Para formalizarlo, ambos grupos parlamentarios entrarán en el registro del Congreso una proposición de ley orgánica que concretará las competencias que asumirá la Generalitat en materia migratoria. Ninguna de las dos formaciones ha querido dar detalles sobre el contenido acordado.
Esta transferencia es formalmente una delegación. Su encaje se halla en el artículo 150.2 de la Constitución, que es la vía por la que el Gobierno puede delegar aspectos competenciales a las administraciones autonómicas mediante una ley orgánica.
El control de fronteras, la expedición de los NIE o los expedientes de expulsión han sido los principales escollos
Tras más de un año de negociaciones que se han desarrollado en Madrid y en Suiza –que no han estado exentas del riesgo de descarrilar–, la decisión de JxCat de retirar la iniciativa con la que instaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza permitió imprimir una marcha adicional para solucionar los escollos que impedían avanzar en la entente.
La semana pasada, los posconvergentes explicaban que accedían a la petición del mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo, porque a él le deben “toda la confianza que no tenemos en el PSOE”. Su secretario general, Jordi Turull, defendía un “último esfuerzo” para evitar la ruptura con los socialistas.
Este gesto se interpretó como un paso más para sellar un acuerdo que debía rubricarse a finales del 2024 según el calendario que tenían encima de la mesa socialistas y posconvergentes, pero que durante varios meses estuvo enquistado en cuestiones como el control de las fronteras con competencias para los Mossos d’Esquadra, que la Generalitat asumiera la expedición de la documentación de los extranjeros (NIE) o la apertura de expedientes u órdenes de expulsión.
Desde el partido que encabeza Carles Puigdemont han insistido en que el acuerdo debe permitir una “gestión integral” de las políticas migratorias. Sin la cuestión de confianza en el escenario, ha habido un clima de deshielo en las relaciones entre el PSOE y Junts.
En una conferencia en Bilbao el pasado jueves, Turull reiteró la desconfianza en los socialistas porque después de casi un año y medio de legislatura “en la cesta de cumplimientos no hay nada”. Al mismo tiempo, añadía que “a punto de que haya, mucho”, lo cual era indicativo de que el entendimiento era cercano.
Esta es una carpeta cuyo recorrido parte del 10 de enero del 2024. En aquel entonces, JxCat permitió que el decreto anticrisis del Gobierno prosperara con su abstención cambio de acordar dicha delegación competencial.
El pacto permite encauzar la crisis y dar cerrojazo a uno de los ejes que JxCat tenía como prioritarios para mantener la relación con el Partido Socialista. Desde el partido siguen considerando que es “nuclear” que ahora se avance en otros asuntos como la oficialidad de la lengua catalana en la Unión Europea o la aplicación de lo que denominan la “amnistía política”, es decir, que se produzca una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para que el primero reconozca al segundo como interlocutor válido.
Junts también ha sostenido en las últimas semanas que el hecho de que hubiera fumata blanca en la delegación de las competencias no implicaba que se abriera una negociación por los presupuestos. Primero demandan cumplir los vigentes y con su grado de ejecución en Catalunya, pero cuestión distinta pueden ser decretos que habiliten modificaciones y ampliaciones de crédito pese a la prórroga de las cuentas. Sea como fuere, el PSOE y Junts encarrilan la vía negociadora con un asunto largamente reclamado por los posconvergentes.