El PSOE y Sumar siguen emplazándose al diálogo y la negociación para dirimir la disputa que mantienen sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI). Pero su batalla ha iniciado este martes un nuevo capítulo al haberse trasladado a la Mesa del Congreso en donde, según fuentes de la presidencia de la Cámara, el grupo plurinacional ha unido su voto a los del PP para calificar tres proposiciones de ley para impedir el gravamen que defiende el Ministerio de Hacienda contra el criterio del de Trabajo.
Ahora se abre un mes y medio para que el PSOE decida si veta o no estas iniciativas o si, por el contrario, acuerda una salida negociada con Sumar antes de que se tenga que resolver por las malas en el Pleno del Congreso de los Diputados. Un escenario que ninguna de las partes desea dada la terrible mancha que dejaría en el Ejecutivo. Ambas partes, lideradas por las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, siguen, no obstante, defendiendo con uñas y dientes sus contrapuestas posiciones.
El rechazo de Sumar a la tributación del SMI ha desatado un pulso entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se mostró este lunes abierta a un acuerdo en el seno del Gobierno, aunque avisó de que, en caso contrario, lo decidirá el Congreso de los Diputados.
Un plazo de 30 días para vetar la iniciativa
Una vez que la Mesa ha calificado las iniciativas (del PP, de Sumar y de Podemos), el órgano rector de la Cámara Baja remitirá al Gobierno los textos de las proposiciones de ley para que se pronuncie sobre si tiene alguna objeción en que se tramiten y plantee, si lo estima, veto a las mismas, para lo que tiene un plazo de 30 días laborables. El veto del Ejecutivo es una atribución recogida por la Constitución en su artículo 134.6, que dice que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
Para el PSOE, la exención del impuesto para los perceptores del SMI impactaría en los presupuestos del año en curso con una menor recaudación, mientras que Sumar alegaría que la cuestión afectaría a las nóminas del 2025 pero impactaría en la renta y por lo tanto en la recaudación del 2026.
En el caso de que el Gobierno decidiera vetar las iniciativas, la actual composición de la Mesa, donde PP y PSOE tienen cuatro diputados cada uno y Sumar uno, podría hacer que este veto se rechazara dando paso a la tramitación de cualquiera de los tres textos siempre y cuando PP y Sumar -que juntos tienen mayoría- unieran sus votos para ello.
