El 2025 arranca sin dar tregua judicial para el Gobierno. Este último año han sido varios los jueces que han iniciado investigaciones al entorno tanto personal como político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En los últimos meses los asuntos que salpican a su esposa, Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez, a su antigua mano derecha, José Luis Ábalos o al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propuesto por él, han ido a más.
Dos días después de que lleguen los reyes magos, el 8 de enero, el Tribunal Supremo volverá a estar en el centro de la actualidad con la declaración como testigo del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez tendrá que decir verdad sobre su implicación en la primera filtración a la prensa de los correos electrónicos cruzados entre el abogado de Alberto González Amador, el compañero sentimental de su jefa, y el fiscal que le investiga por fraude.
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Rodríguez es el artífice de la estrategia que ha logrado darle la vuelta a la tortilla y del escándalo sobre la utilización de empresas pantalla para engañar a Hacienda por parte de González Amador, se ha pasado a una causa por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado.
Aunque González Amador efectivamente está investigado por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental por no declarar al fisco 350.000 euros en dos ejercicios, la lupa está puesta ahora en García Ortiz. El magistrado del Supremo Ángel Hurtado sospecha que pudo enviar o dar la orden de hacer llegar a varios periodistas los correos electrónicos para demostrar que, contrariamente a lo que decía el entorno de Díaz Ayuso, fue el abogado del empresario quien reconoció el delito y ofreció un acuerdo al fiscal y pagar una multa que le evitaría la condena.
El curso se inicia el día 8 cuando declara como testigo el jefe de comunicación de Isabel Díaz Ayuso
Después de escuchar a Rodríguez, el magistrado decidirá si amplía el perímetro de la investigación a otras personas del PSOE y del propio Gobierno que también tuvieron acceso a ese material confidencial antes de que se filtrara. Por ahora ya tiene fijadas otras cuatro testificales para ahondar en el caso.
Tan solo un día después de esta declaración, el foco se traslada a Badajoz. Allí David Sánchez, el hermano del presidente, deberá acudir a un juzgado para ser interrogado como investigado por un presunto delito contra la administración pública supuestamente por supuestas irregularidades en su designación y labores como jefe de la oficina de artes escénicas de la Diputación de Badajoz..
Y cuando pase esta declaración, dos semanas después, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado reanudará las testificales para intentar acreditar si Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, pudo apropiarse indebidamente de un software registrado por una empresa suya y utilizado en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
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Mientras que los jueces avanzan con estas diligencias, la UCO se ha convertido en la unidad de referencia de todos ellos y a quien los jueces le estan encargando todas las pesquisas policiales, en detrimento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Esta unidad de la Guardia Civil está ahora contrastando todas las afirmaciones vertidas por el empresario Víctor de Aldama, quien aseguró haber pagado comisiones, con dinero u otro tipo de dádivas a quien fuera hombre fuerte del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El exsocialista niega la mayor, pero el juez del Supremo Leopoldo Puente ya ha ordenado a los investigadores que comprueben dato a dato todo lo dicho por Aldama.
A lo largo de estos doce meses se verá la causa contra los Pujol y quedará cerrada la que afecta a Boye
Uno de los puntos más peliagudos fue lo afirmado por el empresario de que Ábalos y su entonces asesor Koldo García se encargaban de gestionar la adjudicación de contratos públicos de otras administraciones gobernadas por socialistas a cambio de comisiones para ellos y para el partido.
Todas estas causas tienen en común que, además de estar en manos de la UCO, se le ha dado un papel relevante las acusaciones populares. Estos asuntos han vuelto a poner en primer plano al pseudosindicato Manos Limpias, que ya fue juzgado y condenado por haber sido una herramienta para la extorsión, aunque finalmente el Supremo absolvió a su máximo representante. También está dando alas a otras plataformas como Hazte Oir o el partido Iustitia Europa.
Sumar, también tendrá en enero su propio incendio judicial al estar citado su exportavoz Iñigo Errejón como investigado por un presunto delito de agresión sexual.
Un día después de Rodríguez, declara como investigado el hermano de Pedro Sánchez
Mientras estos casos judiciales seguirán en la palestra cada día, con el desgaste que supone para el Gobierno, el Tribunal Constitucional se prepara para otra campaña cuando se acerque el momento de resolver en los próximos meses sobre los recursos contra la ley de Amnistía. Octubre será un mes clave.
Un mes después, en noviembre, después de más de una década de causa judicial, arrancará el juicio a la familia Pujol por sus cuentas en Andorra.
Y en paralelo, la Audiencia Nacional sigue celebrando en este inicio de año el juicio al narco Sito Miñanco y en el que se sienta también como acusado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, por presuntamente haber participado en una operación de blanqueo de la organización del capo gallego.
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Es evidente que el Partido Popular está usando y va a seguir utilizando estos asuntos para continuar con el desgaste de Pedro Sánchez. Aún así, en enero, Alberto Núñez Feijóo verá a uno de sus senadores, José Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Orense, sentado en el banquillo de los acusados del Supremo por un delito contra la seguridad vial. Y queda por ver qué diligencias acuerdan varios juzgados de Valencia que ya tienen causas abiertas por la gestión de la dana, que se llevó la vida de 231 personas. La Fiscalía apoyó hace unos días que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archive las querellas contra el presidente popular Carlos Mazón y de miembros de su Govern a la espera de los resultados de las investigaciones que ya hay abiertas.
Para acabar, en el Consejo General del Poder Judicial intentan hacer pactos entre el bloque progresista y conservador para cubrir todas las plazas vacantes, con un especial ojo en quién sustituirá a Manuel Marchena en la presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo, por donde pasarán tarde o temprano todas estas causas.
