Este texto pertenece a 'Política', el boletín que Lola García envía cada jueves a los lectores de 'La Vanguardia'. Si quieres recibirlo en tu buzón, apúntate aquí.
Hace ahora poco más de un año el PP concentró en la plaza de Cibeles a 170.000 personas contra el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas para ser investido presidente del Gobierno. Después llegaron más manifestaciones contra la amnistía, eje de ese acuerdo, pero cada vez con menor seguimiento. “Nos quieren con las manos en alto, -arengaba Alberto Núñez Feijóo- como se comportan ellos ante el independentismo”. Hoy, el líder de los populares considera que Junts es un “interlocutor válido” y reconoce que ha hallado “afinidad” con Carles Puigdemont en la política económica. La amnistía que pactó Sánchez permite hoy al PP negociar con Junts. A su vez, ese diálogo recién estrenado entre la derecha española y la catalana debería favorecer en teoría que los acuerdos entre el presidente del Gobierno y el independentismo tengan un coste menor.
La viabilidad de una moción de censura es nula mientras Vox entre en la ecuación, pero tanto al PP como a Junts les interesa un cierto flirteo político. Los primeros ganan en capacidad para maniatar a Sánchez, impedir que las propuestas del Gobierno lleguen a buen puerto y desgastar su imagen. El PP adquiere además transversalidad en el arco parlamentario. Por su parte, a los de Puigdemont les sirve para lanzar avisos a Sánchez, pero también para recuperar el apoyo del poder económico en Catalunya, que se había acercado a Salvador Illa buscando estabilidad durante los últimos años del procés. Junts necesita mantener su épica independentista, pero diferenciarse de la oferta de ERC y está haciendo esto último por el flanco de la economía.
Sin embargo, tanto el PP como Junts topan con límites para su emparejamiento. Vox, tercero en discordia, lo impide. También chocan con suspicacias internas. Aunque en un año se haya recorrido mucho, no es suficiente para olvidar lo que los populares han dicho del independentismo y lo que supuso para éstos que un gobierno del PP ordenara las cargas policiales del 1 de octubre de 2017. ¿Eso lleva a que Junts apruebe los Presupuestos de Sánchez? No necesariamente. Solo si obtiene los suficientes réditos como para vender en Catalunya que está postrando al PSOE más de lo que ha conseguido ERC. Es su única forma de justificar el apoyo al Gobierno sin ser acusado de hacerlo solo a cambio de la amnistía.
A Puigdemont la política española le interesa bastante poco. Junts, como la antigua Convergència, siempre mira para el Palau de la Generalitat. El rival ya no es solo ERC, sino cada vez más el PSC. El objetivo prioritario es volver a gobernar Catalunya y toda la estrategia estará orientada hacia esa meta. El hecho de que el president sea un socialista dificulta las relaciones con Sánchez. Esa incomodidad se reflejó con claridad esta semana cuando Puigdemont replicó al balance de fin de año de Illa en el que sostenía que su mandato abre una nueva etapa para dejar atrás el “sufrimiento” del procés. Si hay algo que enerva a Puigdemont es que se imponga el discurso de la normalización institucional en Catalunya y de la superación del conflicto político. “El president Illa pretende que nos creamos que el sufrimiento que ha provocado su 155, su persecución política y judicial durante más de siete largos años no ha existido”, afirmó el líder de Junts.
En esa línea, Puigdemont reclama que Sánchez e Illa demuestren que, al menos políticamente, la amnistía es un hecho, aunque los jueces impidan de momento su aplicación. Esa “amnistía política” es relevante para el líder de Junts, que se quejó hace unos días: “Me tratan como el Supremo, como a un delincuente”, dijo en la entrevista a TV3 refiriéndose a los socialistas. Tanto Sánchez como Illa esquivan la pregunta sobre cuándo se reunirán con Puigdemont. Ninguno tiene inconveniente teórico en hacerlo, pero ambos se guardan esa carta porque no desean la foto a cambio de nada. Así que, si el ex president se aviene a acordar los Presupuestos Generales es muy posible que esas visitas se hagan realidad, quizá primero la de Illa y luego, la de Sánchez.
El presidente del Gobierno ya avanzó esta semana que ahora le resultaba más llevadera esa foto teniendo en cuenta que el PP ya estaba aplicando políticamente la amnistía, puesto que alcanza acuerdos con Junts. Es cierto que al principio solo se producía una coincidencia en las votaciones y los populares no habían establecido puentes estables con los de Puigdemont tras conocerse que lo intentaron a raíz del debate de investidura de Feijóo. Pero desde hace algunas semanas hay un canal abierto entre los diputados Miriam Nogueras, de Junts, y Juan Bravo, del PP, que ya ha dado sus frutos en votaciones en el Congreso. Si se aplica finalmente la amnistía en 2025 (unos aseguran que para el verano y otros hablan de octubre), esos contactos podrían normalizarse aún más.
Puigdemont siempre ha considerado más rentables los acuerdos con el PP que con el PSOE porque parte de la base de que los conservadores cumplen lo pactado y que los socialistas los aceptan sin rechistar y no los revierten. Pero de momento la única opción de Junts es Sánchez y para que el presidente del Gobierno consiga aprobar los presupuestos tendrá que dar luz verde antes al traspaso de la inmigración y a una compensación económica por las inversiones anunciadas pero no ejecutadas en Catalunya de los tres o cuatro últimos años. Las negociaciones sobre la inmigración estaban muy avanzadas. La dirección de Junts fue optimista en la última ejecutiva del lunes, pero siguen existiendo algunos escollos.
Al final, la última palabra la tendrá Sánchez y en su mano estará desbloquear esas cuestiones, abrir la negociación presupuestaria y tratar de rubricarla con un encuentro en Bélgica. Con luz y taquígrafos y sin subterfugios. Es probable que el líder del PSOE busque ciertas garantías de estabilidad parlamentaria más allá de las cuentas, pero Puigdemont ha insistido en que negocia partido a partido. Tanto si Junts aprueba los Presupuestos como si no, durante el 2025 seguirá marcando distancias con los socialistas, probablemente cada vez más, y Feijóo lo puede aprovechar.
Punto y aparte
Un nombramiento, último gesto del PSOE a Junts
Hay acuerdos que se publicitan y otros no. Entre estos últimos, la propuesta de nombramiento de Pere Soler Campins para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). El Gobierno de Sánchez lo propone para renovar una de las plazas de ese organismo. Soler Campins fue director de los Mossos d’Esquadra pocas semanas antes del 1-O. Fue juzgado junto al major Josep Lluís Trapero y ambos absueltos. Su nombre es una concesión del Gobierno negociada con Junts hace ya meses y que ha salido ahora a la luz.
