En plenas negociaciones del Gobierno con Junts, de cara a los próximos presupuestos generales del Estado, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pisado el acelerador estas semanas para tratar de arrancar avances en el camino hacia la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE), una de las condiciones que planteó el partido de Carles Puigdemont en el verano del 2023, en las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que el PSOE aceptó. Pero la petición, pese a que el Ejecutivo socialista comparte en el tono y en las formas la exigencia de los posconvergentes, ha encontrado los escollos de una Europa más escorada a la derecha y en la que muchos países temen abrir la caja de Pandora del debate sobre la posible oficialidad de las lenguas minoritarias existentes en otras naciones europeas.
Ahora mismo, el catalán parece más cerca de hablarse en la Eurocámara que de ser oficial en la Unión Europea, un objetivo que requiere la unanimidad de todos los estados miembros. El asunto, impulsado durante la presidencia rotatoria de España del Consejo de la UE –durante la segunda mitad del 2023–, ha quedado en un cajón durante la presidencia húngara. La última vez que se discutió el asunto fue la pasada primavera, durante la presidencia belga. Ahora queda en manos de Polonia, un país gobernado por Donald Tusk, de la familia popular europea, que se hará cargo de la presidencia a partir de enero.
La presidencia polaca, que arranca en enero, no ve problemas “si hay voluntad” de los estados miembros
Albares acordó en la última reunión de ministros de Exteriores comunitarios con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, dar “un paso más” en la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, y ambos, según fuentes de Exteriores, se pusieron de acuerdo en reunir a los secretarios de Estado para abordar el asunto en una reunión que se debería realizar “próximamente”.
Durante una rueda de prensa celebrada la semana anterior en Bruselas para presentar las prioridades, la embajadora polaca ante la UE, Agnieszka Bartol, preguntada por el asunto, aseguró que, pese a que todavía están pendientes los informes, “si hay voluntad”, harán “lo que los estados miembros pidan”.
Uno de los asuntos pendientes son los costes. Madrid siempre ha dicho que se encargará de pagar los gastos derivados de esta iniciativa, pero todavía está pendiente de un informe que está elaborando la Comisión Europea y que, de forma preliminar, cifró el impacto económico en 132 millones de euros.
Otro informe pendiente es el de los servicios jurídicos por parte del Consejo de la UE, necesario para abordar las dudas de algunos estados que se han mostrado reticentes, como Suecia, Letonia o Finlandia.
Otra cosa es el proceso para que el catalán se hable en el Parlamento Europeo, una cuestión totalmente diferente –y que Puigdemont ya ha dicho que para él no es suficiente–, que va por otra vía. Albares visitó recientemente a la presidenta de la Eurocámara, la maltesa Roberta Metsola, para presionar en favor de este asunto, pero también todo está pendiente de un informe, esta vez del que debe elaborar el grupo de trabajo de la Cámara de Lenguas de los Ciudadanos sobre la viabilidad.
En un principio, esto parece más factible y es posible que se tome una decisión al respecto ya en la próxima primavera. Para aprobarlo hace falta una mayoría de la Mesa de la Eurocámara, donde uno de los miembros es el eurodiputado del PSC Javi López y otro, el popular Esteban González Pons. La llave ahora mismo la tiene el grupo liberal. Desde que Ciudadanos ya no tiene representación, podría ser más fácil que Renew se sumara al barco.
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