Junts propone impulsar una nueva ley catalana de vivienda en el Parlament con un consenso amplio de todos los grupos para afrontar el que hoy es uno de los principales problemas en Catalunya y en otras grandes ciudades de España. Se trata de una problemática que sobre todo tienen incidencia en la capital catalana, pero también en el área metropolitana de Barcelona y en otras grandes ciudades, y la formación recalca que la Generalitat tiene competencias exclusivas en ese ámbito.
El partido de Carles Puigdemont ha presentado este lunes en una rueda de prensa una batería con 25 iniciativas para hacer frente al problema de acceso a la vivienda. Así las cosas, el grupo posconvergente ha registrado hoy mismo la solicitud para crear una ponencia en la Cámara catalana para que todos los grupos puedan aportar sus ideas sobre un “folio en blanco” y tratar de sacar adelante una legislación que fije la mirada a largo plazo y aporte soluciones. En ese proceso, el partido quiere que se escuche también a todos los agentes implicados en la cuestión de la vivienda.
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“El acceso a la vivienda debe ser un nuevo pilar del Estado de bienestar como son la educación, la sanidad, la protección social y la seguridad”, ha señalado el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que en su diagnóstico y aproximación a la cuestión ha censurado las medidas que se proponen desde organizaciones como el Sindicat de Llogateres y ha pedido facilitar la construcción de viviendas así como su adquisición. El hecho de considerar ese asunto un pilar del Estado de bienestar, razona Turull, llevará a no modificar la normativa cada cuatro años. O al menos, sobre el papel, debería ser así.
“No sirven recetas que se han demostrado equivocadas y basadas en maniqueísmos ideológicos, que no aportan solución y esperanza a los que quieren acceder a una vivienda digna, maniqueísmos que prefieren que los jóvenes sean okupas antes que propietarios”, ha destacado Turull. “La respuesta no pasa por ideas populistas que pretenden decretar por decreto una rebaja del 50% de los alquileres ni estigmatizar a los pequeños propietarios. Y mucho menos por atizar un falso conflicto entre inquilinos y rentistas”, ha proseguido. “Hay que proteger el derecho a la vivienda”, ha rematado el dirigente posconvergente, que ha pedido poner coto a las ocupaciones delincuenciales, que, a su juicio, “son el principal adversario de las personas más vulnerables que no pueden pagar el alquiler”.
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El partido cree que es preciso aumentar la inversión pública y ampliar el parque de vivienda. Para ello, recetan una reducción de la burocracia, dar seguridad jurídica a quien invierte y a los propietarios que ponen sus pisos en alquiler, que haya incentivos fiscales y medidas que faciliten el acceso a la vivienda, como fijar un salario mínimo interprofesional catalán más alto.
Una de las medidas que pone Junts sobre la mesa es que haya avales para los propietarios que no son fondos de inversión ni bancos que ponen sus pisos en alquiler, ante el riesgo de impagos, o bonificar el IBI cuando se ponen pisos en alquiler en las cantidades que fijan los índices de referencia. La formación también ha pedido que se haga un registro del alquiler de temporada, para evitar situaciones de fraude en esa modalidad, y que haya controles aleatorios. De hecho, junto a la petición de crear una ponencia, también se han registrado dos modificaciones normativas en el Parlament, una para el alquiler de temporada y otra para las viviendas de uso turístico.
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Por otra parte, el partido exige que todos los pisos de la Sareb los solares y los suelos de uso residencial se pongan a disposición de las administraciones catalanas, para alquiler social o fomentar la construcción de vivienda pública. La organización posconvergente también quiere blindar la vivienda pública y que no cambie de manos en el futuro. Como ejemplo, el partido ha destacado que Xavier Trias, como alcalde de Barcelona, fue quien prohibió la venta de suelo público y que solo ha cedido propiedades mediante concesiones.
Ante los anuncios del Govern de Salvador Illa de invertir 1.100 millones de euros anuales, JxCat pide que todo el dinero sea de inversión de las arcas de la Generalitat y que no haya 600 millones propios y 500 financiados. Asimismo, el partido cree que la cifra debería ascender hasta los 2.000 millones si se tienen en cuenta todas las políticas relacionadas con materia de vivienda.
En la rueda de prensa han intervenido además de Turull la diputada del Parlament Glòria Freixa, la diptuada del Congreso Marta Madrenas y el líder del grupo municipal de Barcelona de Junts, Jordi Martí, que han detallado medidas que impulsarán en sendas instituciones.
“No apoyaremos ninguna norma que fomente la inseguridad jurídica y velaremos para que no se invadan las competencias de la Generalitat”, ha destacado Madrenas, que ha apuntado que procurarán también que la vivienda pública “se mantenga a perpetuidad” como pública y ha avanzado que su grupo trabajará para “eliminar de la ley de vivienda española la consideración de gran tenedor a los promotores sociales”.
Las 25 medidas del partido se agrupan en tres ejes, según ha detallado Turull. En primer lugar, hay “medidas para ampliar el parque de vivienda pública de alquiler y compra” porque para JxCat el principal problema el problema “es que no hay vivienda pública”. En segundo lugar, “medidas para facilitar el acceso a la vivienda, dando apoyo al alquiler y a la compra de vivienda para uso habitual, especialmente a los jóvenes”, con avales públicos para poder comprar. En tercera instancia, el partido pide “seguridad jurídica” y “que no cambien las normativas” cada dos por tres. “Si no, difícilmente se ampliará la oferta”, concluye Turull.
