La actualización de indemnizaciones, la agilización de los pagos, el cierre de brechas territoriales o la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas son solo algunas de las carencias que presenta el actual servicio público de Justicia a las que el Gobierno pretende dar carpetazo con la tramitación de una ambiciosa ley en materia de eficiencia judicial que se encuentra ahora encallada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
A pesar de las reiteradas desavenencias que el bloque de la investidura ha exteriorizado en no pocas votaciones en el Congreso de los Diputados, el Gobierno confía terminar el año aprobando el proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una ambiciosa propuesta que, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, “colocará a la Justicia española en el siglo XXI” para avanzar al ritmo que lo hace una sociedad que reclama que sus derechos se protejan con claridad, equidad y rapidez permitiendo realizar trámites procesales sin necesidad de desplazarse a localidades mayores.
Los nuevos tribunales de instancia de cada partido judicial sustituirán a los juzgados unipersonales
La nueva normativa introduce importantes cambios, entre ellos la sustitución de los juzgados unipersonales de primera instancia por tribunales colegiados en cada partido judicial. Y actualizará una treintena de leyes, algunas con más de un siglo de antigüedad, que permitirán agilizar los procesos judiciales. Especialmente en los órganos encargados de delitos sexuales y de violencia de género actualmente sobrecargados.
Es así como los cerca de 3.800 juzgados unipersonales se reformularán en 431 tribunales cuya nueva fisonomía favorecerá tanto su especialización como la unificación de criterios. Al tiempo que permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos.
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La ley también contempla la creación de las Oficinas de Justicia en los Municipios, que acercarán el Servicio Público de Justicia a todos los territorios y les dotarán de servicios con los que los ciudadanos podrán realizar toda una serie de actos y trámites telemáticamente y sin tener que desplazarse.
Sin embargo, la reforma no está exenta de polémica. El proyecto de ley ha sido vetado en el Senado, donde el Partido Popular ha manifestado su rechazo argumentando que las 106 enmiendas transaccionales introducidas por mayoritariamente por los socios del PSOE han desvirtuado el proyecto hasta convertirlo en un “remiendo legislativo inconexo”.
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Al igual que sucedió durante la tramitación de la ley de Amnistía, la norma de eficiencia del Servicio Público de Justicia deberá volver al Congreso, que previsiblemente levantará el veto impuesto por el Senado. Pero obligará al Gobierno a agilizar el proceso.
España tiene un compromiso con la Comisión Europea para ajustar su ordenamiento internos a la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos el retrasar su aplicación más allá del 31 de diciembre podría poner en riesgo 2.400 millones de euros en fondos europeos.
